Destruyen yacimiento indígena en Caguas

Radican querella en Instituto de Cultura Puertorriqueña que permite que el Municipio de Caguas construya troncal sanitaria por encima de un cementerio indígena en el Jardín Botánico de Caguas

Una calavera dejada a la intemperie en el Jardín Botánico de Caguas. Foto forma parte de la querella contra el Municipio de Caguas

QUERELLA

Substack Ey Boricua

Un grupo de arqueólogos, ciudadanos y miembros de las organizaciones Campamento Murciélago y Boricua Taíno Fundación radicaron una querella ante el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) por crasa negligencia, abandono de restos humanos, amenaza de impacto a un cementerio y a un yacimiento indígena, y por los daños ocasionados al sitio arqueológico Cagüitas, ubicado en el Jardín Botánico y Cultural del Municipio de Caguas.

Las organizaciones Camp Murciélago Oficial Inc, Boricua Taíno Foundation, y el arqueólogo Rubén García Díaz denunciaron el abandono de restos humanos, además de prácticas inadecuadas de excavación y la amenaza inminente de la construcción de una troncal sanitaria atravesando el cementerio indígena ya documentado en el Yacimiento, Cagüitas en Caguas.

Este cementerio indígena se encuentra en el yacimiento más importante de Caguas y contiene evidencia de ocupación tan temprano como el periodo Saladoide, hasta el periodo colonial del siglo XIX. Los salaloides fueron una cultura que habitó el Caribe entre los siglos 500 al 280 a. de C., provenientes de lo que hoy es Venezuela y las Antillas Menores.

Según la querella, durante los años 2021-2022 en Caguas se realizaron unas excavaciones por el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe las cuales fueron abandonadas hasta el día de hoy.

Excavación expuesta en el Jardín Botánico de Caguas

En el documento se incluye como evidencia una serie de fotografías de restos humanos dejados a la intemperie, totalmente expuestos a inclemencias climáticas, junto con bolsas de materiales plenamente identificadas como parte de la excavación y ahora tiradas en el suelo. También aparecen herramientas de trabajo, bandejas con cerámicas sin catalogar y múltiples excavaciones aún abiertas sin la debda protección y ahora cubiertas de maleza densa (ver fotos).

Esta querella se suma a una serie de pleitos que enfrenta el Municipio de Caguas y su alcalde William Miranda Torres, relacionados a estorbos públicos, las expropiaciones y compras de propiedades, el manejo de fondos y querellas por persecución contra los empleados municipales.

Bolsas con huesos indígenas dejadas a la intemperie

El Municipio también enfrenta varias pesquisas ante el Negociado de Investigaciones Especiales vinculadas al expresidente de la Asamblea Municipal, que culminaron con una recomendación hecha por el secretario de Justicia Domingo Emmanuelli para que se designe un Fiscal Especial Independiente (FEI). Desde hace casi cuatro años que llevan estas pesquisas en curso, el alcalde Miranda Torres se ha negado a responder preguntas de En Blanco y Negro y se esconde sin ofrecer su versión de los hechos.

Pero la querella que radicaron ante el ICP demuestra una total negligencia contra el patrimonio histórico. 

Distancia de donde queda la construcción y los yacimientos

Según la querella a menos de 30 metros se están realizando excavaciones por personal sin la debida preparación científica que amerita el excavar enterramientos humanos.

“La compañía "Chronicle Heritage", contratada para realizar estos trabajos, están removiendo entierros sin el rigor científico y sin llevar el control estratigráfico necesario en estos contextos”, sostienen en la querella ante el ICP.

Esto se puede evidenciar con el tipo de excavación llevada a cabo a modo de "rampa", dejando sin tocar los niveles culturales asociados a los entierros. El empleo de maquinaria pesada para remover las capas superiores se ha llevado a cabo destruyendo la información contextual asociada a los entierros, todo esto en deterioro del delicado sitio arqueológico.

Como ya advertía el arqueólogo del Jardín Botánico, Osvaldo García Goyco (QEPD), “Entiendo que si van a pasar esa troncal por ahí, deben desenterrar todos los restos humanos. Esta información debe ser procesada y debe ser expuesta al público, y se debe reconstruir cómo se enterraban a los miembros de estas culturas, sus costumbres, cómo eran los bohíos […] El yacimiento de Cagüita, es uno de los más importantes que hay en Puerto Rico. Son tres aldeas, una encima de la otra: una es saladoide o igneris. Este es uno de los sitios más importantes que existe en la isla porque a pesar de que fue partido por la carretera 156 que va a Aguas Buenas, y que parcialmente ha sido impactado, particularmente la parte taína, parece que la aldea pre taína e igneris se encuentra intacta, en muchas de las partes.”

Excavación

Plantean los querellantes que debido a que la planificación de la ruta establecida para la tubería impactará la zona de amortiguamiento del río Cagüitas, un sitio arqueológico registrado como cementerio y yacimiento multicomponente, “nuestra recomendación es que la troncal debería ser rediseñada para evitar que siga impactando el sitio arqueológico. La carretera 156 parece el lugar más indicado para pasar la tubería, ya que esta ha sido previamente impactada y provocaría un menor daño al sitio”.

En ese sentido, le solicitaron a Carlos A. Rubio Cancela, para que en su función de presidente de la Junta de gobierno del ICP, haga valer la ley 112 de 1988 y ley 89 de 1955 (Secc. 4: b) y exija al presidente del Consejo de Arqueología Terrestre, y al director del ICP Carlos Ruíz Cortes, a que reúna el mismo lo antes posible y detengan el proyecto.

También piden que el arqueólogo Miguel Bonini “asuma su responsabilidad como arqueólogo del estado” y a la arqueóloga de AAA, Ethel Schlafer, para que reevalúen otras posibles rutas para esta troncal sanitaria, que no impacten nuestros recursos.

No fue posible una reacción de Ruiz Cortes al momento de esta publicación.

En la querella también se invoca al arquitecto Carlos A. Rubio Cancela en su función como Director de la Oficina Estatal de Conservación Histórica y a su evaluador, Miguel Bonini, a que hagan cumplir de la misma forma la ley federal National Historic Preservation Act de 1966, y su sección 106, y detengan el proyecto.

“Por último, pedimos que el caso sea atendido por agentes externos que no tengan vínculos directos con los trabajos antes mencionados para evitar conflictos de intereses. Agradecemos de antemano sus atenciones, y les solicitamos que se unan a los esfuerzos con el fin de cumplir con las Leyes 89, 112 y la Sección 106 de NHPA, para proteger nuestros recursos arqueológicos que se encuentran amenazados en el presente”, sostienen los querellantes.