Portavoces de la organización que provee educación y apoyo legal gratuito alertan que la falta de reconocimiento al trabajo no remunerado empuja a mujeres y adultos mayores a la precariedad
La falta de licencias de cuido y la
ausencia de reconocimiento al trabajo no remunerado empuja a mujeres y adultos
mayores a la precariedad. Se trata de miles de personas, en su inmensa mayoría
mujeres, que de dedican a cuidar niños, viejos y personas con diversidad
funcional sin que exista un marco legal que reconozca su trabajo, ni políticas
públicas que les permitan cuidar sin perder ingresos, empleo o estabilidad. Así
lo advirtieron las portavoces de la organización Ayuda Legal Puerto Rico
durante la presentación de su agenda de trabajo para el 2026.
Ariadna Godreau Aubert, fundadora y
directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico, señaló que el cuido es uno de
los factores más invisibilizados del desplazamiento económico en el país. “La
falta de políticas que reconozcan el cuido desplaza a mujeres trabajadoras”, dijo.
Ayuda Legal Puerto Rico es una corporación
sin fines de lucro cuyo propósito es proveer educación y apoyo legal gratuito y
accesible a personas y comunidades de bajos y medianos recursos.
Ayer celebraron una rueda de prensa en la que presentaron su agenda de trabajo para el 2026, centrada en insistir en el derecho a permanecer y en responder a un riesgo creciente de desplazamiento que hoy se manifiesta en tres frentes interrelacionados: la vivienda, la tierra y el cuerpo.
Durante el 2025, la organización acompañó legalmente a 6,771 personas, de las cuales el 70% fueron mujeres y cerca de una cuarta parte, adultos mayores. A través de su plataforma www.ayudalegalpr.org, más de un millón de personas accedieron a información y herramientas legales. Sin embargo, estos números reflejan solo una parte de una crisis estructural que continuará intensificándose en el 2026.
“Permanecer ya no es una condición
garantizada, es una disputa abierta. Hoy vemos cómo el desplazamiento opera
desde la pérdida de la vivienda, desde transformaciones territoriales que
expulsan comunidades, y desde el control de los cuerpos, particularmente de
inmigrantes, mujeres y personas gestantes. Frente a eso, insistir se convierte
en una tarea urgente”, expresó Godreau Aubert.
Puntualizó que el 94% de las personas enfrentando procesos de
desalojo en Puerto Rico no cuenta con representación legal, mientras aumenta la
necesidad de vivienda asequible, aumentan las prácticas predatorias por parte
de caseros y el ataque a la vivienda pública. Sobre esto último, la
organización resaltó cómo se han utilizado casos particulares para adelantar
una narrativa de los residentes como responsables de la crisis y ocultar
señalamientos sobre deficiencias de agentes administradores, poca fiscalización
y exposición de familias y niños a condiciones peligrosas como es la presencia
de plomo en los residenciales.
Para el 2026, la organización priorizará
acompañamiento legal en desahucios, ejecuciones hipotecarias y discrimen en la
vivienda, tanto en vivienda privada como pública; fiscalización de agentes
administradores, caseros corporativos y procesos de estorbos públicos;
incidencia ante la crisis federal de la vivienda pública y el desmantelamiento
de protecciones a residentes; y apoyo legal en contextos de desastres, justicia
climática y recuperación justa.
Por otra parte, anunciaron que fortalecerán
el Observatorio de Política Pública Observatorio de Política Pública, con
énfasis en vivienda, trabajo, derechos reproductivos y justicia climática. Esta
herramienta digital permite monitorear, visibilizar y movilizar para que
organizaciones puedan incidir en la política pública. A través del
Observatorio, la organización mide las prioridades en la agenda legislativa y
dedica recursos a la abogacía con perspectiva de derechos humanos. La
herramienta está disponible en ayudalegalpuertorico.org/observatorio-alpr
La agenda 2026 también aborda los vacíos
persistentes en materia de justicia económica, incluyendo el debilitamiento de
servicios para sobrevivientes de violencia doméstica, la ausencia de políticas
que reconozcan el trabajo de cuido y la amenaza a la asistencia nutricional
para miles de familias.
ALPR continuará el acompañamiento legal
a mujeres desplazadas por violencia doméstica, trabajadoras afectadas por
desempleo y familias beneficiarias de asistencia pública, integrando vivienda,
trabajo y alimentación como condiciones mínimas para el derecho a permanecer.
Además, este será el año para adelantar un proyecto de ley que extienda una
licencia de cuido, con el fin de eliminar barreras para personas que cuidan,
especialmente mujeres.
Además, prometieron que la organización
ampliará significativamente su capacidad de acción legal y respuesta rápida
para enfrentar retrocesos en derechos fundamentales, con un énfasis particular
en la defensa del derecho al aborto y la autonomía de las embarazadas. En un
contexto de creciente desinformación, presiones institucionales y
criminalización, Ayuda Legal Puerto Rico continuará acompañando a mujeres
embarazadas, proveedoras de servicios de salud y organizaciones defensoras de
derechos reproductivos, asegurando que el acceso al aborto legal en Puerto Rico
sea real y seguro.
Durante el 2026, ALPR fortalecerá sus
herramientas de litigio estratégico, educación legal y acompañamiento directo,
incluyendo su línea de apoyo legal, talleres especializados para personal
médico y abogadas, y espacios de formación dirigidos a organizaciones
comunitarias. La organización también mantendrá su labor de fiscalización y
denuncia pública frente a prácticas que limiten el acceso a servicios de salud
reproductiva o vulneren la libertad de expresión y el derecho a la información,
reconociendo que el control de los cuerpos es una de las formas más directas de
desplazamiento.
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