(NOTA: Esta columna fue publicada originalmente en NotiCel el 11 de mayo de 2016 -
http://www.noticel.com/blog/190080/el-mosquito-jodedor.html )
El Aedes Aegypti aparte de picar, jode. Hincha, enferma, infecta el área
y no lo pueden eliminar. Primero como Dengue, después como Chikungunya,
y ahora se coronó como el Zika ya que el gobierno no ha sabido
controlar sus efectos. Destruye como una plaga lo poco que quedaba de
reputación en la ya maltrecha economía borinqueña porque no existe
vacuna que evite el problema provoca un mal manejo comunicacional.
El impacto que ha tenido el Zika en Puerto Rico podría compararse a
un desastre natural de grandes proporciones si se analiza desde la
óptica de las relaciones públicas. Se constata en la Internet que sobre
39,000 reportajes señalan a la Isla como la puerta de entrada del Zika
hacia los Estados Unidos sólo desde abril. Esto revela un patrón de
cobertura noticiosa internacional negativa a Puerto Rico si se compara,
por ejemplo a la de Brasil donde es mucho más fuerte la epidemia de ese
mosquito.
Si a todo eso se añade la cancelación de los juegos de
las Grandes Ligas porque los jugadores alegaron temer a infectarse con
Zika, y la impresionante propaganda anti puertorriqueña que los fondos
buitres subvencionan en los medios en los Estados Unidos para evitar un
rescate financiero a la isla, tenemos una tormenta perfecta a nivel de
manejo de crisis en la imagen y proyección de Puerto Rico.
Por eso, para analizar el impacto de las noticias de este
mosquito ante la opinión pública, entrevisté a 20 de los principales
expertos locales en relaciones públicas y comunicación en el país. Entre
éstos hay profesores, presidentes y gerentes de empresas privadas,
practicantes individuales, directores de prensa en el gobierno,
alcaldías, en partidos de la oposición y en agencias federales, y
expertos en proyección pública y manejo de issues en la comunicación. A
algunos el gobierno les debe dinero, a otros sus patronos les prohíben
dar expresiones, y otros no quieren verse criticando al gobernador
públicamente. Por estas razones sus nombres se protegen para evitar
represalias.