Referido del Departamento de Justicia a un FEI confirma investigaciones hechas En Blanco y Negro por casi dos años sobre malos manejos en el municipio de Caguas
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| Presidente de la Legislatura Municipal José Torres Torres y el alcalde de Caguas, William Miranda Torres |
(NOTA: Esta noticia fue publicada también en !Ey! Boricua el 18 de agosto de 2022 - https://eyboricua.com/noticias/puerto-rico/caguas-con-multiples-senalamientos-y-un-fei/)
El secretario de Justicia Domingo Emmanuelli
recomendó que se designe un Fiscal Especial Independiente (FEI) para que
investigue graves imputaciones de malos manejos en la Legislatura Municipal y
en el Municipio de Caguas.
Pero
esto viene después de casi dos años de investigaciones periodísticas
ininterrumpidas hechas por En Blanco y Negro tras denuncias de más de
una treintena de empleados municipales quienes revelaron esquemas que incluían
establecer negocios privados con fondos en el municipio, y la imposición de un
patrón de acoso laboral institucional, campañas de persecución y de destrucción
de reputación a los empleados que se atrevan a denunciar la corrupción en el
ayuntamiento.
Desde
el 2020 este medio ha estado publicando consistentemente los esquemas que se le
atribuyen a altos funcionarios del municipio encabezados por el ex presidente
de la legislatura municipal José Torres Torres,
a quien se le imputa usar la propiedad, equipos y servicios de la alcaldía para
montar y mantener su negocio personal y familiar. Uno de sus negocios privados es la producción del programa
de televisión “Conectados” que se transmite por el canal local de Liberty en
Caguas.
Según los testimonios de más de 39 personas entrevistadas por este medio, alegan que el alcalde William Miranda Torres tenía conocimiento de los hechos y permitió las irregularidades.
La
queja constante en Caguas es que cuando los empleados levantaban la voz denunciando
los actos de corrupción, inmediatamente se convertían en objeto de persecución
y acoso por parte del gobierno municipal. En varios casos eran destituidos por
represalias.
El
alcalde Miranda Torres nunca ha querido reaccionar personalmente a estas
denuncias hechas tanto en artículos escritos, como en más de 20 programas de
radio y entrevistas en vídeo con empleados, exempleados y miembros de la
Legislatura Municipal de Caguas.
Ayer Miranda
Torres emitió unas declaraciones escritas en las que pedía a los empleados que
“no se distraigan” porque esta es la semana del servidor público. Dijo que
recibió “con frustración” la noticia de la designación del FEI y alegó que él
mismo había hecho un referido contra quien fuera su mano derecha, Torres Torres.
Lo cierto, y la investigación así lo constata, es es que hubo quejas y
referidos hechos por otros empleados municipales en Justicia mucho antes de que
el alcalde actuara.
“El señor Torres
Torres tiene el derecho que nos cobija a todos y a todas a la presunción de
inocencia. Sin embargo, le solicito su renuncia como legislador y confío que la
Legislatura Municipal hará lo propio. El Municipio Autónomo de Caguas
continuará colaborando con las autoridades como lo hemos hecho hasta ahora.
Como equipo de trabajo estamos apercibidos de que no toleramos la corrupción.
Todos los servidores públicos tenemos que comprometernos en servir de forma
íntegra y velando siempre por el bienestar de nuestro País. No es suficiente
con legislación para eliminar la corrupción. Hay que tomar medidas contundentes
con todo aquel que lacere la confianza de la gente”, manifestó el alcalde por
escrito.
Torres Torres y el alcalde
eran bien cercanos más allá de la relación usual entre un ejecutivo municipal y
quien presida su Legislatura Municipal. Viajaban juntos, jugaban en torneos de
golf y Miranda Torres solía participar en los programas de televisión por cable
y por las redes sociales que Torres Torres producía y transmitía por la empresa
de cable Liberty.
LA
INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA
Ya
para el 4 de septiembre del 2021 empleados del Municipio de Caguas comenzaron a
hacer las denuncias a este medio sobre los malos manejos de Torres Torres y
como comenzaba el acoso laboral contra los que denunciaban irregularidades. Ese
patrón trascendió la Legislatura Municipal y se propagó por jefes de diferentes
oficinas en todo el Municipio con el conocimiento del alcalde. Las denuncias
han sido presentadas en más de 30 programas de radio y en la web
de En Blanco y Negro, así como en artículos. (Ver vídeo https://www.youtube.com/watch?v=sJ2EatTSQnc )
En entrevista con este medio el 6 de septiembre, Flores Dávila, denunció un patrón de represalias cometidas contra ella por sus supervisoras Lydia Sánchez y Carmen Muñoz, junto con la empleada de Recursos Humanos, Ada Martínez. Alegó que el acoso laboral incrementó desde el momento en que su esposo se quejó de Torres Torres.
Otro empleado que denunció represión es Jesús Castro, quien labora en el área de reforestación y denunció irregularidades en las compras de materiales. Le nombraron supervisores sin experiencia, y Castro demandó a nivel federal.
La secretaria Natacha Rivera Navarro alegó que le impedían ascender a otros puestos en el empleo por ella haber denunciado la corrupción. Dijo que primero la obligaron a estudiar un bachillerato para conseguir una reclasificación de un puesto. La madre de niños de diversidad funcional fue a la universidad y se graduó, pero cuando pidió la reclasificación, no se la otorgaron.
Rivera Navarro dijo llorando en la entrevista que se sentía defraudada porque ella le había hecho campaña por Miranda Torres, como le exigían en el municipio, pero cuando fue a pedirle ayuda y a denunciar el acoso, el propio alcalde ignoró sus reclamos. Ella renunció a finales del 2021. https://www.youtube.com/watch?v=eGomnNActgE&t=645s
Actualmente varios entrevistados aseguraron en todos estos meses que autoridades estatales y federales investigan unas transacciones hechas con unos terrenos del Municipio que fueron vendidos por menos de la mitad de tasación para construir viviendas de interés social, pero después de la venta se construyen instalaciones de lujo.
También se cuestiona la venta de propiedades para supuestamente utilizar en escuelas municipales, pero luego el mismo Municipio las traspasa a corporaciones que luego alquila.
Los entrevistados alegan que hay un virtual control mediático de la imagen del Municipio por los contactos que tiene en varios medios y con los que se logra silenciar coberturas que perciben como negativas. Esto incluye el manejo de redes sociales de parte de Luis Herrero, asesor vinculado al PPD; el rol de Lcdo. Stefano Saltamaccia Quiles quien es hijo de la comentarista radial Inés Quiles, y la pauta de programas de radio y anuncios en emisoras en cadena y en periódicos de circulación general. Herrero se comunicó en horas de la tarde de hoy con este medio y negó haber sido parte del manejo de las de las redes.
En septiembre
de 2020 tres empleados de la Legislatura Municipal comenzaron a denunciar ante
sus superiores, todos legisladores, las irregularidades que estaban notado.
Denunciaron
que vieron a Torres Torres cometiendo sobre 100 actos ilegales como el uso del
vehículo oficial, obligar al personal a trabajar en sus negocios privados, usar
propiedad, materiales, y otros gastos pagados con fondos públicos para el
beneficio de sus empresas. Además de los programas de televisión tiene otros
negocios.
Dichas denuncias fueron ignoradas porque había
tensión electoral. En las elecciones del tres de noviembre de 2020 Miranda
Torres ganó por un estrecho margen de apenas 1,592 votos. El alcalde popular
revalidó con 20,370 votos mientras que el candidato del Partido Nuevo
Progresista, Roberto López, quien era un virtual desconocido, sacó 18,778
votos. El candidato del Partido Independentista Puertorriqueño, Jason Domenech
Miller sacó 6,300 votos según el escrutinio general de la Comisión Estatal de
Elecciones.
El 7 de
noviembre, cuatro días después de las elecciones, el Comité Ejecutivo de la
Asamblea Municipal atendió las querellas de irregularidades contra el
presidente Torres Torres. El comité lo componían el presidente, segundo
vicepresidente, portavoz y portavoz alterno. También estuvo el propio Torres
Torres. No reaccionaron ante las denuncias.
Diez días
después, el 17 de noviembre, intervino el alcalde Miranda
Torres. Convocó a la reunión para planchar el plan de acción, pero
no invitó a todos los legisladores sino a un grupito de sus más leales
allegados. La reunión fue a las ocho de la mañana y ahí cuadraron el
apoyo a Torres Torres.
Presentes en
esa reunión con el alcalde estaban varios legisladores incluyendo al portavoz
de la mayoría Dr. Alberto Costa Berríos; la portavoz alterna de la mayoría
Sylvia Rodríguez Aponte (Sylvia Corujo); la segunda vicepresidenta Victoria
“Vicky” Cintrón Cruz, y su yerno, quien es legislador municipal, Juan
“Juaniquillo” Velázquez Villares. Este último está casado con Zaquia
Azize, quien es hija de Cintrón Cruz y además es la secretaria de Administración
del Municipio. Azize ha sido imputada de implantar patrones de represalias
contra empleados municipales que revelen corrupción.
El alcalde
cuestionó la lealtad al PPD y a su gestión. No explicó por qué excluyó a
legisladores de esa reunión. Tampoco se explicó por qué se hizo fuera de las
instalaciones del municipio.
PATRÓN DE ACOSO
El supuesto patrón de acoso a
los delatores continuó a lo largo del 2021 hasta este año.
El 7 de
febrero de 2022 como parte de la pesquisa periodística se dieron
a conocer a conocer declaraciones juradas, entrevistas y denuncias de empleados sobre el patrón de
irregularidades que tocaba directamente al alcalde Miranda Torres a quien se le
imputó tratar de proteger a Torres Torres.
El 18 de
abril de 2022 el
exlegislador municipal Ismael
González Rivera declaró a este medio que el alcalde William Miranda Torres
pactó un acuerdo con un grupo de legisladores municipales para proteger y
camuflar las movidas de su amigo, Torres Torres y fabricar así la destitución
del entonces secretario de la Legislatura, Manuel Díaz, y de otros empleados,
por haber sido el primero en denunciar al presidente de la legislatura.
Un día después, el 19 de
abril de 2022 un contingente del Negociado de
Investigaciones Especiales (NIE) allanó la Oficina de Tecnología e Información
del municipio y la Legislatura Municipal. El alcalde Miranda Torres admitió que
también habían recibido visitas de investigadores de la Oficina del FEI y de la
Oficina de Ética Gubernamental, y que eso “mancha” la imagen de Caguas.
"Yo creo que es injusto para el pueblo que hagan este tipo de “show
off”. Hasta lo que están buscando, se lo pudimos haber
suministrado", dijo el alcalde a los periodistas en ese momento.
Ese
mismo 19 de abril
se reveló en ¡Ey!
Boricua un posible conflicto de interés del alcalde de Caguas que aprobó
el pago de $100,000 para el alquiler de un edificio de una corporación privada
de la que funge como miembro y presidenta de la junta local, la segunda
vicepresidenta de la Asamblea Municipal de Caguas, Victoria “Vicky” Cintrón Cruz.
Pero este evidente conflicto de interés se agrava porque fue
en las oficinas de esa corporación privada Alianza Municipal de Servicios
Integrados (AMSI), donde se llevó a cabo una polémica reunión del caucus del Partido
Popular Democrático de la Asamblea Municipal de Caguas. En dicha reunión
destituyeron a los empleados que denunciaron los actos de corrupción que se le
imputan Torres Torres.
El
20 de abril
se sabia que el alcalde
impuso una orden de silencio a raíz del allanamiento
por parte del NIE.
REFERIDO DE
JUSTICIA
 |
| José Torres Torres |
Se le imputa a Torres Torres usar la propiedad pública y los servicios de los empleados públicos para atender asuntos estrictamente personales, ya que encomendó a funcionarios municipales a transportarle en vehículo oficial a diferentes foros en los cuales ofrecía conferencias, en su capacidad personal y por las cuales recibía remuneración económica de entidades privadas. Asimismo, lo trasladaban en vehículo oficial, ida y vuelta, al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín para viajes personales, no relacionados con sus funciones oficiales.
Según trascendió la investigación de Justicia también señala que Torres Torres exigía a los empleados del municipio a que le imprimieran las tareas escolares de sus hijas con equipo del gobierno, que les hicieran las tareas y que las transportara a su residencia en horas laborables.
El referido que hizo Justicia a la Oficina del Panel del FEI sólo se circunscribe al caso del expresidente Torres Torres. Se basa en un informe de la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor qué, junto con la investigación que hizo el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), concluyó que hay suficiente causa para demostrar que Torres Torres violó varias leyes.
Específicamente se le imputa al presidente legislativo haber violado una serie de artículos 202 (fraude), 216 (archivo de datos o documentos falsos), 252 (tratamiento ilícito de trabajo y servicios públicos) y 264 (malversación de fondos públicos) del Código Penal, y que cometió delito al violar el artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental.
Se le imputa además a Torres Torres haber solicitado los beneficios federales del Programa de Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA, por sus siglas en inglés) durante la pandemia por el Covid-19 y ofreció información falsa al indicar que no había recibido remuneración ni salarios en las semanas para las cuales solicitó dichos beneficios en el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico.
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