Mariana Nogales investiga beneficiados de Ley 22

Representante del Movimiento Victoria Ciudadana pide a Cidre que divulgue la lista con los nombres de los decretos de Ley 22 cancelados; petición coincide con pesquisa federal del IRS 

(NOTA: Esta noticia fue publicada en !Ey! Boricua  el 18 de agosto de 2022 -https://eyboricua.com/noticias/puerto-rico/mariana-nogales-investiga-a-beneficiados-de-ley-22/ )

La representante a la Cámara por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales Molinelli reclamó hoy al secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Cidre que publique los nombres de los beneficiarios de Ley 22 cuyos decretos contributivos han sido cancelados. A esos efectos, presentó la R. de la C. 794, la cual le ordenaría a la Secretaría de la Cámara de Representantes que requiera al DDEC dicha información.

“Se ha hecho imposible fiscalizar el cumplimiento de las condiciones para recibir los beneficios contributivos para individuos inversionistas debido a la secretividad con la que el DDEC maneja la información”, expresó Nogales Molinelli.

El pasado 1ro de agosto el secretario Cidre anunció que el DDEC revocó 311 decretos de la Ley 22 (Individuo Residente Inversionista) y además ha enviado 264 notificaciones de multas administrativas de $10,000 a beneficiarios de la Ley 20 (Exportación de Servicios), por incumplimiento con la radicación de Informes Anuales. Esos beneficios que ahora están bajo el Código de Incentivos (Ley 60), son otorgados y monitoreados por la Oficina de Incentivos del DDEC.

Esta información es vital porque coincide con pesquisas federales por lavado de dinero. Desde el 2021 ¡Ey! Boricua dio a conocer que el Servicio Federal de Rentas Internas (IRS por sus siglas en inglés) incluyó la Ley 22 de Puerto Rico, o Ley de Inversionistas Individuales, en las auditorías regulares que realiza la agencia para detectar incumplimientos  u otras tendencias de mal manejo de ingresos y ganancias sujetos a impuestos federales.

El IRS busca identificar a los individuos que tienen decretos de la Ley 22 pero que no satisfacen los requisitos de las secciones 933 y 937 del Código de Rentas Internas, que permite excluir ingresos de impuestos federales obtenidos por individuos o empresas que son tratados como residentes de buena fe de Puerto Rico.  También buscan determinar si las personas que reclaman beneficios a través de las leyes 20 y 22 están obteniendo ingresos “inapropiadamente”, rque no se han recibido por la operación de negocios en Puerto Rico, pero que se presentan ante el IRS como ingresos de origen puertorriqueño con el fin de evitar contribuciones federales. 

Junto con la Ley 22 también se aprobó la Ley 20 o Ley de Servicios de Exportación, que ofrece incentivos para que las empresas puertorriqueñas exporten servicios como una impuesto al ingreso de 4 %, una exención de 100 % sobre ingresos por dividendos y ganancias de capital, y un 60 % exención en el pago de impuestos municipales.

 “Esta no es la primera vez que hacemos este tipo de requerimiento. Anteriormente, le solicité a Cidre mediante carta que indicara el status del decreto de Brock Pierce, quien públicamente se declaró residente de Vermont y, por tanto, no cualifica para recibir los privilegios de la Ley 22. Nunca respondió mi comunicación. Sólo se publicó posteriormente que más de 300 decretos fueron cancelados”, dijo Nogales Molinelli.

“Ahora nos dimos a la tarea de ver el historial de desastres financieros del supuesto hotelero Keith St. Clair en Puerto Rico, y nuevamente nos preguntamos: ¿qué más tienen que hacer estos individuos para que reconsideremos la concesión de esos privilegios?”, cuestionó la legisladora.

Agregó que el caso de St. Clair brinda un ejemplo del riesgo que puede representar para el gobierno un individuo irresponsable enaltecido por un decreto contributivo y una relación estrecha con el poder.

“Este señor llegó a Puerto Rico ofreciendo villas y castillas. Pero la realidad ha sido muy distinta. De los tres hoteles que, según él iban a restaurar el turismo en Isla Verde, uno está en quiebra y los otros dos fueron ejecutados antes de siquiera construirse y ya aparecen con nuevos dueños” cuestionó la legisladora.

Uno de esos tres proyectos que el gobierno anunció como logros y por los cuales le dieron beneficios contributivos a St. Clair fue el antiguo Hotel Empress, que quedó abandonado y con los escombros de una terraza cayendo al mar.  Otro fue su contrato con la Autoridad del Distrito de Convenciones para hacer estudios de cine, en los que Netflix sería el inquilino principal, fue cancelado después de que lo incumplió repetidamente, e incluso fue demandado por sus socios en el proyecto.

Un tercer proyecto que recibió los beneficios de no pagar impuestos fue el resort de St. Clair en Vieques, en una propiedad que la Administración de Terrenos le alquiló por casi 70 años y que crearía cientos de empleos. Esto no se desarrolló y ahora va a ser un proyecto de ‘glamping’.

“Con apenas siete años en Puerto Rico, el señor St. Clair nos ha aportado millones de dólares en deuda personal y corporativa, el retraso de proyectos de desarrollo económico y mucho trabajo para las salas civiles de la Rama Judicial”, aseguró la representante a la vez que señaló que toda esta información surge de récords públicos y está disponible para revisión.

La abogada añadió que hay otros beneficiarios de la Ley 22 que han exhibido conducta cuestionable sin que se conozca si ello ha provocado una revisión de sus decretos.

 “Hay más y, aunque son muy visibles, el DDEC parece hacerse de la vista larga. Desde el señor Salil Zaveri que está acusado de dispararle y matar a una perrita en un campo de golf hasta Fahd Ghaffar, el individuo que se dice sirvió como enlace en el esquema de corrupción por el que se acusó a la exgobernadora Wanda Vázquez”, sostuvo Nogales Molinelli.

“Las violaciones no se han limitado a incumplir con las condiciones, sino que se han generado muchas formas de actividad ilícita y abusos de confianza en torno a los beneficiarios y potenciales beneficiarios de la Ley 22, que han quedado mayormente impunes y sin controles. Puerto Rico no puede seguir sangrando dinero mientras un puñado de multimillonarios se burla de nuestras instituciones”, concluyó.