La
ley coartaba la labor periodística en medio de la pandemia de COVID-19 y
amenazaba la libertad de prensa durante periodos de emergencias declaradas
Accede a la sentencia
Substack
En
una decisión unánime, el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de los Estados
Unidos anuló la ley de Puerto Rico de 2020 contra las mal llamadas
"noticias falsas", al considerarla una regulación inconstitucional
basada en el contenido que restringe la libertad de expresión protegida. Dos
periodistas impugnaron la ley, argumentando que amenazaba con coartar cualquier
reportaje que pudiera perjudicar la imagen del gobierno durante una emergencia.
"Como
periodista independiente en Puerto Rico, mi trabajo es buscar la verdad y
exigir responsabilidades a quienes ostentan el poder, especialmente cuando
surge una crisis, y el público necesita información transparente y
confiable", afirmó la periodista Sandra Rodríguez Cotto. “La ley de
‘noticias falsas’ de Puerto Rico era una amenaza constante. La decisión de hoy
del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito es una victoria no solo para mí
o la prensa, sino para todos los ciudadanos en Puerto Rico. Este fallo
garantiza que podemos seguir haciendo nuestro trabajo —investigando,
cuestionando e informando— sin temor a ser criminalizados por buscar la
verdad”.
“Este
caso va más allá del ejercicio del periodismo. Esto atenta contra el
significado mismo de vivir en una sociedad democrática donde las personas
tienen derecho a expresarse libremente sin temor a ser silenciadas por el
Estado”, declaró, por su parte, el periodista Rafelli González Cotto.
“Agradezco al tribunal por defender la Primera Enmienda no solo para los
periodistas, sino para todos los ciudadanos de Puerto Rico”.
La
ley de Puerto Rico de 2020 tipificaba como delito dar a sabiendas una “falsa
alarma” sobre catástrofes inminentes o transmitir a sabiendas información falsa
sobre cualquier tema cuando hacerlo resultara en un riesgo inminente para la
seguridad, la salud o la propiedad. Quienes infringieran la ley se enfrentaban
a penas de hasta tres años de cárcel y una multa de hasta $5,000 dólares.
