Refieren a Justicia escándalo de estorbos públicos en Caguas

Radican querella contra alcalde William Miranda Torres, funcionarios y contratistas de Caguas responsables por fraude y apropiación con los estorbos públicos

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Un referido ante el Departamento de Justicia destapó nuevamente la Caja de Pandora que hay con el esquema de los estorbos públicos en Caguas.

Lo radicó hace unas semanas, Ivette Valle Avilés, a quien un allegado del alcalde William Miranda Torres le ofrecía propiedades como estorbos públicos sin éstas serlo. Ni siquiera tenían el rótulo de estorbos públicos puesto. El caso revela además quienes son los que mueven los hilos en ese negocio en el Municipio de Caguas.

El personaje oculto es Jerry Cruz Figueroa. Es la persona que ofrecía las propiedades como estorbos públicos sin que hubiesen sido declaradas como tal y se alega que solicitaba a los comerciantes de Caguas un pago de $3,000 por propiedad para su bolsillo, a cambio de conseguir las propiedades más atractivas. También era quien representaba al municipio a través de Universal Properties Realty, la empresa que está impugnada por el propio Municipio que canceló su contrato en mayo de 2023. 

El conflicto con Cruz Figueroa es evidente, porque además de esos roles de negocio, él había sido por años el director de la Oficina de Reciclaje y Saneamiento del Municipio, y era ayudante del alcalde Miranda Torres.

Como si eso fuera poco, Cruz Figueroa era recaudador del Partido Popular Democrático en Caguas, y fue presidente de una de las corporaciones del Oscar Santamaría, hoy convicto federal por sobornar alcaldes en el esquema del recogido de basura con Waste Collection.

Alcalde de Caguas le paga $100mil a VP Legislatura Municipal (ACTUALIZADA)

 

Municipio le paga a corporación sin fines de lucro AMSI que preside la vicepresidenta; en esa oficina se llevó a cabo reunión que investiga el NIE; entidad se vincula a controversia en la reserva Las Mareas en Salinas

(NOTA: Esta noticia también fue publicada el 19 de abril de 2022 en Ey Boricua: https://eyboricua.com/noticias/puerto-rico/revelan-posible-conflicto-de-interes-del-alcalde-de-caguas/) 

Tras el allanamiento que hicieron agentes del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) en el Municipio de Caguas ayer, ahora trasciende que el alcalde William Miranda Torres aprobó el pago de $100,000 para el alquiler de un edificio de una corporación privada de la que funge como miembro y presidenta de la junta local, la segunda vicepresidenta de la Asamblea Municipal de Caguas, Victoria “Vicky” Cintrón Cruz.

Pero este evidente conflicto de interés se agrava porque fue en las oficinas de esa corporación privada Alianza Municipal de Servicios Integrados (AMSI), donde se llevó a cabo una polémica reunión del caucus del Partido Popular Democrático de la Asamblea Municipal de Caguas. En dicha reunión destituyeron a los empleados que denunciaron los actos de corrupción que se le imputan al presidente de la asamblea municipal de Caguas, José Torre Torres.

Dicho caucus fue citado por el alcalde Miranda Torres el 17 de noviembre de 2020 y excluyeron a varios legisladores municipales. El objetivo de cambiar el liderato de la Asamblea Legislativa Municipal y destituir al entonces secretario Manuel Díaz, a la secretaria auxiliar María M. Cáez Rodríguez, y a otro empleado de nombre Yamil Cotto Alicea. Parte de este proceso es objeto de investigaciones por el NIE, por el Panel del Fiscal Especial Independiente y por la Oficina de Ética Gubernamental.

El alcalde Miranda Torres además funge como el presidente de la junta de directores de la corporación de AMSI. Es decir, el mismo presidente asignó $100,000 a su segunda vicepresidenta de la asamblea municipal “Vicky” Cintrón Cruz, que, a su vez, dirige la oficina de AMSI de la cual Miranda Torres preside la junta. ANSI recibió además sobre $2 millones en fondos CDBGR de la reconstrucción tras el paso del huracán María.

Estatua de Cristóbal Colón: la carretera la paga el pueblo

Vista panorámica del proyecto (Tomado de Facebook, Municipio de Arecibo)

Sin hacer mucho ruido, varios políticos del Partido Popular Democrático (PPD) se mueven para favorecer a un empresario en Arecibo con la intención de que se construya una carretera pagada con fondos públicos y que llega hasta su negocio. Se trata de la carretera que da acceso al barrio Islote, que lleva directamente hacia el parque y el monumento de la gigantesca estatua de Cristóbal Colón.

El domingo, el senador popular Rubén Soto y el alcalde Carlos “Tito” Ramírez, también del PPD, encabezaron una vista ocular a la que asistió la nueva secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Eileen Vélez Vega, nombrada por el Partido Nuevo Progresista (PNP). En la vista ocultar también estuvieron presentes la alcaldesa de Barceloneta, Wanda Soler y los senadores Ramón Ruiz Nieves y Elizabeth Rosa, todos del PPD.

La idea es decir al público que los residentes del barrio Islote de Arecibo piden un conector entre la carreta PU-681 con la Autopista PR-2. Lo que no dicen en los políticos PPD, encabezados por el senador Soto, es que este proyecto favorecerá al empresario José González Freire, quien desarrolla en esa zona un parque con la gigantesca estatua de Cristóbal Colón. Ese monumento originalmente iba a ser construido en Cataño, pero no contaba con los permisos y tras más de 20 años se movió a Arecibo.

González Freyre es un reconocido empresario, presidente de Pan American Grain y de una serie de empresas. Es recordado además por declararse culpable de mentirle a las autoridades federales en el caso corrupción y contribuciones políticas ilegales el que fue acusado y hallado no culpable el exgobernador PPD, Aníbal Acevedo Vilá.

Lyzza Miranda bioequivalente de Mabel Cabeza

 

Lyzza Miranda  (centro) y Mabel Cabeza

No es genérico, sino una bioequivalente. Alternativo al original, pero produce el mismo principio activo, ocupa la misma dosis, y tiene el mismo efecto. Tal parece que en el Departamento de Salud ya encontraron a la que será la bioequivalente de Mabel Cabeza la que de verdad dirigía Salud. Se trata de Lyzza Miranda, quien regresa a la agencia, ahora de la mano del nuevo secretario nominado, Dr. Carlos Mellado.

Contrato tóxico: $50K al mes en Salud

(NOTA: Este artículo es parte de una serie investigativa sobre el uso de fondos en el Departamento de Salud y algunas de sus dependencias como la Oficina de Reglamentación y Certificación de los Profesionales de la Salud).

Un contrato tóxico para alquilar un espacio de oficina en Hato Rey por más de $600,000 al año yace sobre el escritorio del Secretario de Salud Lorenzo González, quien no le ha dado paso desde que fue aprobado por el extitular de la agencia Rafael Rodríguez Mercado y firmado por la exsecretaria interina, la doctora Concepción Quiñones.

Los chupasangre en Salud

El dinero bien utilizado en el Departamento de Salud, puede salvar vidas. Sin embargo, vemos cómo en vez de estar enfocados en cumplir con la misión, se insiste en hacer fiesta con el dinero público, aún en medio de la pandemia.

Copias de contratos, documentos, listados oficiales de la Oficina del Contralor y entrevistas realizadas , confirman que en Salud se pagan con fondos federales sobre $4 millones en salarios inflados para más de 20 personas que trabajan menos tiempo del que cobran, algunos empleados no están cualificadas y otros no tienen la experiencia para los puestos. Esta evidencia corrobora lo que hemos venido reportando desde hace más de un año, pero que continúa y se ha incrementado.

Lo más preocupante es que se usan fondos estatales y federales. La evidencia a continuación levanta serias interrogantes que ponen en duda la eficacia de la fiscalización del gobierno federal, desde la perspectiva proactiva y preventiva, no esperar a que ocurra el despilfarro, para entonces investigar. 

Demandan a Salud por traqueteos con licencias de Farmacia

Siguen los líos en Salud. El expresidente del Tribunal Federal y actual asesor de la Gobernadora Wanda Vázquez, José A. Fusté, firmó ayer una demanda para tratar de detener los múltiples traqueteos con fondos y con las licencias que rigen el trabajo de sobre 4,000 farmacéuticos y 10,000 técnicos de farmacia en Puerto Rico. La demanda es contra la Oficina de Reglamentación y Certificación de los Profesionales de la Salud (ORCPS) y el secretario de Salud, Lorenzo González.

Usurpación en la junta de farmacia

Expedientes de farmaceúticos y técnicos de farmacia en el piso de la ORCPS.

Un esquema de corrupción, usurpación de poderes, incautación de récords y fondos privados, y hasta la posible concesión de licencias fraudulentas es objeto de una pesquisa federal en la Oficina de Reglamentación y Certificación de los Profesionales de la Salud (ORCPS), adscrita al Departamento de Salud. El esquema afecta a los farmacéuticos y técnicos de farmacia en Puerto Rico, según se constató.

Esta información trasciende y se corrobora precisamente esta semana cuando en Puerto Rico hay preocupación por la posibilidad de que haya personas contagiadas por la epidemia global del coronavirus Covid-19, situación que requiere un servicio crítico de los farmacéuticos y técnicos de farmacia.