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| Expedientes de farmaceúticos y técnicos de farmacia en el piso de la ORCPS. |
Un esquema de corrupción, usurpación de
poderes, incautación de récords y fondos privados, y hasta la posible concesión
de licencias fraudulentas es objeto de una pesquisa federal en la Oficina de
Reglamentación y Certificación de los Profesionales de la Salud (ORCPS),
adscrita al Departamento de Salud. El esquema afecta a los farmacéuticos y
técnicos de farmacia en Puerto Rico, según se constató.
Esta información trasciende y se corrobora
precisamente esta semana cuando en Puerto Rico hay preocupación por la posibilidad
de que haya personas contagiadas por la epidemia global del coronavirus
Covid-19, situación que requiere un servicio crítico de los farmacéuticos y
técnicos de farmacia.
Documentos, fotografías y entrevistas realizadas
por este blog En Blanco y Negro con Sandra por las pasadas semanas
evidencian lo que aparenta ser un fraude por la propia dirección de la Oficina
de Reglamentación y Certificación de los Profesionales de la Salud para usurpar
los poderes y responsabilidades de las distintas juntas de profesionales de la
salud, que son entidades nombradas por el gobernador.
La ORCPS
está a cargo de reglamentar la educación continua de todas las entidades de la
salud como los médicos, enfermeros, veterinarios, farmacéuticos, tecnólogos
médicos, técnicos de laboratorios clínicos y otras 22 juntas reglamentadoras de
profesionales de la salud. El esquema más controversial afecta a la Junta de Farmacia,
que ya contrató como abogado al exjuez federal José Antonio Fusté.
Fotografías en nuestro poder entregadas por fuentes
que trabajan en esa misma oficina de la ORCPS
evidencian que todos los expedientes están en el piso sin ningún tipo de recato.
En los expedientes hay información confidencial como número de licencia, número
de seguro social y toda la información personal de todos los técnicos de
farmacia y todos los farmacéuticos de Puerto Rico.
Según la información en nuestro poder, el
esquema incluye la aparente entrega y venta de licencias fraudulentas, violaciones
a la Ley de Farmacia e imprecisión del Registro de Licencias de los farmacéuticos
y técnicos de farmacia. Involucra a la directora ejecutiva de la ORCPS, Norma
Torres Delgado, quien no contestó las llamadas de este medio.
Entre las imputaciones se desprende que en la
ORCPS utilizan ilegalmente los fondos que aportan los profesionales de la
salud. En el caso de la Junta de Farmacia, en el 2016 ese fondo llegó a tener
$11 millones que desaparecieron. Ese dinero no es del gobierno sino privado, ya
que proviene de las cuotas, sellos y multas que pagan los casi 4,000 farmacéuticos
y sobre 10,000 técnicos de farmacia de Puerto Rico. La inmensa mayoría de los técnicos
de farmacia ganan el salario mínimo federal.
También se alega que ahora mismo hay un proceso
de usurpación de poderes y la Junta de Farmacia está impugnando las
irregularidades que comete esta oficina de reglamentación y certificación de
profesionales. Se supone que esa Junta de Farmacia sea la que establezca los
requisitos de la obtención de licencias, pero la directora de oficina, Torres
Delgado, ha usurpado todas esas responsabilidades. No sólo determina a quién se
le otorgan licencias, sino que además mantiene en total abandono la oficina.
Se constató que hay agentes del Negociado
Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés), encabezados por la
Special Agent Tamali Mercado y otros dos agentes, quienes ya comenzaron a hacer
rondas de entrevistas con los implicados.
También fuentes apuntan a que hay una
investigación en curso de parte de la Oficina del Inspector General del
Departamento de Salud Federal, que indaga sobre el rol de la directora
ejecutiva Norma Torres Delgado y las dos abogadas que ha contratado para la ORCPS,
las licenciadas Olga Shepard y Luz Ríos.
Ambas investigaciones se centran en el caos administrativo
en la oficina ORCPS, en un esquema para controlar los cursos de educación continua,
y cuestionamientos con los costos de alquiler de oficinas, entre otros.
Se alega también que Shepard y Ríos, junto a
Torres Oquendo han realizado vistas y otros procesos que afectan las licencias
de farmacéuticos y técnicos de farmacia, violentando la reglamentación, y sin
notificar a los miembros de las juntas, lo que constituye una violación de ley.
CONTEXTO
DEL ESQUEMA
Este esquema de irregularidades en la ORCPS y
el Salud lo dimos a conocer inicialmente durante el verano del 2019, en una
serie de más de 20 reportajes investigativos que fuimos publicando en este blog
En Blanco y Negro con Sandra y en el programa de radio que se transmite
por la Red Informativa y la Cadena WIAC.
El 26 de julio de 2019 en el artículo de
la serie titulado “Vázquez
ignora fraude en Farmacia” se reveló que la entonces Secretaria de Justicia
y hoy gobernadora Wanda Vázquez se negó a investigar la desaparición de cerca
de 11 millones de dólares pertenecientes a la Junta Reglamentadora de Farmacia.
Los $11 millones se desaparecieron de la ORCPS durante la administración de Alejandro
García Padilla. Cuando cambió el gobierno, la Junta de Farmacia se reunió con Vázquez
y con el secretario de Salud Rafael Rodríguez Mercado
FOTOS DE LOS EXPEDIENTES DE FARMACEÚTICOS y TÉCNICOS DE FARMACIA
ALGUNOS DOCUMENTOS
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