La campaña “Migrar es un Derecho” pide que se reviertan las enmiendas aprobadas por el Senado y que se celebren vistas públicas. De lo contrario, reclama que la medida no se apruebe.
Por Sandra D. Rodríguez Cotto
Las organizaciones que integran
la campaña Migrar es un Derecho exigieron hoy en conferencia de prensa a los
miembros de la Cámara de Representantes que reviertan las enmiendas que el
Senado le hizo al Proyecto del Senado 1062 y que restituya las protecciones de
su versión original. También reclamaron vistas públicas para evaluar cómo la
medida afecta los derechos de la niñez inmigrante. Si no se atienden esos reclamos,
pidieron que la Cámara no la apruebe.
La ACLU de Puerto Rico,
Kilómetro 0, Amnistía Internacional Puerto Rico y Comuna Caribe presentaron en
el Colegio de Abogados y Abogadas un análisis jurídico de los cambios. Según el
documento, las enmiendas eliminaron salvaguardas esenciales para proteger a los
estudiantes de intervenciones de las autoridades federales de inmigración en
las escuelas públicas.
La medida fue radicada el 6 de febrero de 2026 por la senadora Nitza Morán Trinidad, junto a otros senadores del Partido Nuevo Progresista (PNP). Fue referida a las comisiones de Gobierno y de Educación, Arte y Cultura. Buscaba establecer mayores garantías para la niñez inmigrante, sin importar su estatus migratorio, mediante restricciones a las intervenciones migratorias en los planteles y mecanismos para proteger su información personal y confidencial.
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En la conferencia de hoy también
participaron la licenciada Yarima González, de la Comisión de Inmigración del
Colegio de Abogados y Abogadas; Miguel Rivera, vicepresidente de la Federación
de Maestros; Eva Ayala, presidenta de Educamos; Susan Rivera Miranda, de Únete;
e Hilda Guerrero, portavoz de Comuna Caribe.
La ACLU de Puerto Rico sometió
este viernes el análisis ante la Comisión de Educación de la Cámara, con el
endoso de las organizaciones de la campaña.
A finales de octubre, ambas
comisiones presentaron un informe conjunto con enmiendas. Las organizaciones
sostienen que esos cambios desvirtuaron el propósito del proyecto y facilitaban
la entrada de agentes de inmigración a las escuelas. La ACLU divulgó su
análisis el jueves, antes de la votación en el Senado, que se efectuó sin
vistas públicas.
Antes de la votación se eliminó
una de las enmiendas más cuestionadas, la que permitiría intervenciones con
solo una “orden administrativa u otro documento”. Aunque la versión aprobada sí
exige una orden judicial, las organizaciones afirman que el texto perdió
fuerza, claridad y consistencia.
LO QUE CAMBIÓ EN LA MEDIDA
- Órdenes judiciales (artículo 7a): el texto original exigía que la orden proviniera de un tribunal
competente, estuviera firmada por un juez e identificara al estudiante y
la justificación legal de la intervención. La versión aprobada solo
requiere que el personal escolar solicite cualquier orden judicial y
verifique su alcance y vigencia.
- Órdenes administrativas: el texto dispone que una orden administrativa no constituirá, por
sí sola, autorización para acceder a espacios no públicos de una escuela.
Las organizaciones advierten que esa distinción es ambigua y que no
prohíbe de forma categórica su uso. Podría, dicen, dejar abierta la puerta
a que se invoque para acceder a áreas consideradas públicas. Recalcaron
que una escuela pública no es un espacio de libre acceso y que una orden
administrativa de una agencia migratoria no equivale a una orden firmada
por un juez.
- Asesoría legal (artículo 6): se eliminó el requisito de asesoría legal previa a divulgar
información estudiantil.
- Notificación y acompañamiento (artículos 7 y
8): el proyecto original establecía la
notificación a madres, padres o tutores, el acompañamiento del estudiante
y la consulta al Departamento de Justicia para verificar los fundamentos
legales de la intervención. Según el análisis, el lenguaje aprobado sugiere
que esas garantías podrían servir para interferir con la intervención,
cuando su fin es proteger los derechos del estudiantado. Sobre la consulta
a Justicia, el texto ahora dice que “podrá” hacerse, lo que elimina la
exigencia.
- Salones de clases: la versión enmendada no conserva una prohibición expresa de
intervenciones en los salones y deja abierta la posibilidad de actuaciones
durante el horario escolar. Según las organizaciones, esto podría reducir
incluso las protecciones del protocolo que el Departamento de Educación
adoptó en febrero de 2025.
Las organizaciones advirtieron
que estas limitaciones podrían convertir las salvaguardas en trámites proforma,
al impedir que el personal escolar tenga el tiempo y la orientación para
verificar la legalidad de una intervención.
“La Cámara de Representantes
tiene la responsabilidad de corregir las enmiendas introducidas en el Senado,
restituir garantías originales y abrir un proceso de vistas públicas”, afirmó
la licenciada Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU de
Puerto Rico.
Mari Mari Narvaez, directora
ejecutiva de Kilómetro 0, calificó de “profundamente indignante” que el Senado
apruebe una medida que debilita las protecciones originales mientras las
comunidades inmigrantes enfrentan, dijo, una escalada de persecución por parte
del ICE. Añadió que Puerto Rico no puede subordinar los derechos de esas
comunidades a las políticas migratorias de la administración de Donald Trump.
“Ningún estudiante debería
temer que acudir a clases pueda exponerlo a una detención o a la separación de
su familia”, sostuvo la licenciada Lolimar Escudero Rodríguez, abogada de
Política Pública de la ACLU y quien lideró el análisis. Liza Gallardo, directora
ejecutiva de Amnistía Internacional Puerto Rico, señaló que el lenguaje
aprobado “crea incertidumbre sobre las facultades del ICE y las obligaciones
del personal escolar”.
EL MARCO LEGAL
Las organizaciones recordaron
que, en Plyler v. Doe (1982), el Tribunal Supremo federal reconoció el
derecho de la niñez a acceder a la educación pública, independientemente de su
estatus migratorio. Añadieron que las protecciones constitucionales contra
registros y allanamientos irrazonables, el debido proceso de ley y el derecho a
la intimidad siguen vigentes. Advirtieron además que la presencia o amenaza de
intervenciones migratorias en las escuelas provoca miedo, ausentismo y abandono
escolar, y desalienta a las familias de acceder a servicios esenciales. Según
indicaron, este escenario ha sido documentado en Puerto Rico.
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