ACLU advierte riesgo a la niñez inmigrante en escuelas públicas de Puerto Rico

La organización de derechos civiles denuncia que los cambios al P. del S. 1062 equiparan órdenes administrativas con mandatos judiciales, vulneran la privacidad de los estudiantes y debilitan los protocolos de protección vigentes.

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La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico alertó hoy sobre los riesgos constitucionales que implican las recientes enmiendas introducidas al Proyecto del Senado 1062. Según la organización, aunque la legislación fue concebida inicialmente para establecer salvaguardas y blindar la privacidad de los estudiantes inmigrantes, las modificaciones aprobadas por la Comisión de Gobierno y Educación desvirtúan su objetivo y facilitan intervenciones de autoridades federales en los planteles públicos sin las debidas garantías judiciales.

El debate se centra en la equiparación indebida entre órdenes administrativas y judiciales dentro de los artículos 3, 6, 7 y 8 del proyecto. La ACLU subrayó que una orden administrativa emitida por agencias ejecutivas como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) o el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) carece del peso constitucional y la revisión imparcial que distingue a una orden judicial expedida por un tribunal y avalada por la firma de un juez.

"Las enmiendas equiparan indebidamente las órdenes administrativas con las judiciales, eliminan salvaguardas esenciales para la divulgación de información confidencial y establecen restricciones que podrían impedir al personal escolar ejercer adecuadamente su responsabilidad de proteger los derechos de sus estudiantes", afirmó Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico.

Tribunal Federal de Apelaciones invalida unánimemente la ley de censura de Puerto Rico aprobada durante la pandemia de COVID-19

 La ley coartaba la labor periodística en medio de la pandemia de COVID-19 y amenazaba la libertad de prensa durante periodos de emergencias declaradas

Accede a la sentencia

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En una decisión unánime, el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de los Estados Unidos anuló la ley de Puerto Rico de 2020 contra las mal llamadas "noticias falsas", al considerarla una regulación inconstitucional basada en el contenido que restringe la libertad de expresión protegida. Dos periodistas impugnaron la ley, argumentando que amenazaba con coartar cualquier reportaje que pudiera perjudicar la imagen del gobierno durante una emergencia.

"Como periodista independiente en Puerto Rico, mi trabajo es buscar la verdad y exigir responsabilidades a quienes ostentan el poder, especialmente cuando surge una crisis, y el público necesita información transparente y confiable", afirmó la periodista Sandra Rodríguez Cotto. “La ley de ‘noticias falsas’ de Puerto Rico era una amenaza constante. La decisión de hoy del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito es una victoria no solo para mí o la prensa, sino para todos los ciudadanos en Puerto Rico. Este fallo garantiza que podemos seguir haciendo nuestro trabajo —investigando, cuestionando e informando— sin temor a ser criminalizados por buscar la verdad”.

“Este caso va más allá del ejercicio del periodismo. Esto atenta contra el significado mismo de vivir en una sociedad democrática donde las personas tienen derecho a expresarse libremente sin temor a ser silenciadas por el Estado”, declaró, por su parte, el periodista Rafelli González Cotto. “Agradezco al tribunal por defender la Primera Enmienda no solo para los periodistas, sino para todos los ciudadanos de Puerto Rico”.

La ley de Puerto Rico de 2020 tipificaba como delito dar a sabiendas una “falsa alarma” sobre catástrofes inminentes o transmitir a sabiendas información falsa sobre cualquier tema cuando hacerlo resultara en un riesgo inminente para la seguridad, la salud o la propiedad. Quienes infringieran la ley se enfrentaban a penas de hasta tres años de cárcel y una multa de hasta $5,000 dólares.

ACLU de Puerto Rico acude al tribunal en representación de periodista para exigir entrega de información pública sobre Operación Stonegarden

La solicitud fue dirigida a Joseph González, Comisionado de la Policía de Puerto Rico, quien incumplió con su deber de brindar acceso a documentos clave sobre fondos públicos, operativos y salvaguardas de derechos civiles. 

 
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La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico presentó este lunes una petición de mandamus ante el Tribunal de Primera Instancia en San Juan, en representación del periodista Carlos Berríos Polanco, para exigir que la Policía de Puerto Rico entregue información pública sobre su participación en Operación Stonegarden, un programa de subvenciones federales. 

La acción judicial surge luego de que la Policía no respondiera dentro del término establecido por la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública, Ley Núm. 141-2019, según enmendada, a una solicitud presentada el 19 de febrero de 2026 a través del llamado Portal de Transparencia del Gobierno de Puerto Rico. 

“Estamos hablando de información sobre uso de fondos públicos, coordinación con agencias federales, adquisición de equipo y salvaguardas de derechos civiles. Esa información no le pertenece a la agencia, sino al país”, expresó Fermín Arraiza Navas, director legal de la ACLU de Puerto Rico. “La ley no permite que una agencia simplemente calle, deje vencer el término y trate el acceso a la información como si fuera opcional”, subrayó. 

Tribunal federal detiene el traslado de inmigrante dominicano y ordena una vista de fianza en Puerto Rico

La orden constituye una victoria para la ACLU de Puerto Rico, que señaló en la demanda que el traslado de inmigrantes a centros de detención en Estados Unidos agrava el daño y violaciones al derecho de debido proceso de ley  

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El Tribunal Federal para el Distrito de San Juan prohibió este jueves el traslado del inmigrante dominicano Martín Medina de la Cruz fuera de la jurisdicción de Puerto Rico, al tiempo que ordenó la celebración inmediata de una vista de fianza, tal como había solicitado la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico mediante una demanda.  

"Esta victoria envía un mensaje directo y claro al presidente Trump, a las autoridades federales y a las autoridades estatales que han sido cómplices de este patrón de violaciones. Las personas inmigrantes en Puerto Rico tienen derechos y no detendremos nuestros esfuerzos y nuestra lucha por hacerlos valer", subrayó el licenciado Fermín Arraiza Navas, director legal de la ACLU de Puerto Rico.  

La ACLU de Puerto Rico presentó una petición de habeas corpus de emergencia el martes, y una moción urgente para paralizar el traslado de Medina de la Cruz, detenido el 18 de enero de 2026 en Puerto Nuevo en San Juan.  

“Esta determinación debe servir de ejemplo y alerta para los agentes y funcionarios federales que insisten en encerrar a personas inmigrantes que cualifican para procesos de protección humanitaria, en lugar de garantizarles una evaluación justa y el acceso real a sus derechos, como lo es una vista de fianza en la jurisdicción en que son detenidos”, expresó la abogada de inmigración Julie Cruz Santana, quien es demandante en el caso en representación de Medina de la Cruz. 

En equipo con la ACLU de Puerto Rico, también son abogados en este caso el licenciado Rafael Rodríguez Rivera, director de la Clínica Legal de la Comunidad de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico; y la licenciada María García Mirada, directora de la Clínica de Inmigración de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. 

La organización sostuvo que la detención fue ilegal, arbitraria y carente de una base legal válida, y que el gobierno federal pretende transferirlo fuera de la jurisdicción del Tribunal Federal en Puerto Rico de forma inminente, lo que agravaría el daño a su debido proceso y su acceso a representación legal. 

ACLU Puerto Rico alerta sobre acceso a información pública

En una vista ante la Comisión de los Jurídico de la Cámara, portavoces de la organización se opusieron al Proyecto del Senado 63 que limita el derecho constitucional de acceso a la información pública que debe ser transparente

 

Lcda. Annette Martínez Orabona, a la derecha el Lcdo. Fermín Arraiza, de ACLU PR

La Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Puerto Rico advirtió hoy ante la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes que el Proyecto del Senado 63 (P.S. 63) constituye un grave retroceso en el derecho constitucional de la ciudadanía al acceso a la información pública, eje fundamental de toda democracia participativa. 

"Las acciones del gobierno siempre tienen que estar regidas por el principio de máxima divulgación, publicidad y transparencia en la gestión pública", subrayó la licenciada Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico, al dirigirse a los miembros de la Comisión.  

"Cuestionar, indagar, investigar la gestión pública puede ser incómodo para quienes ocupan posiciones públicas, pero esa incomodidad no puede servir de justificación para limitar el derecho a saber", señaló la directora. 

Combatir la censura a la prensa

Cuando el silencio se impone, el poder se fortalece y la democracia se desangra; hoy lunes hay vista en el Tribunal Federal en el caso donde el gobierno busca censurar a la prensa

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Hoy lunes 27 de octubre, en el Tribunal Federal del Viejo San Juan se verá una vista oral de un caso crucial que combate la censura a la prensa: Rodríguez-Cotto v. Puerto Rico. La vista será ante los jueces Gustavo Gelpí, David Hamilton y Seth Aframe del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, en un caso donde el gobierno busca revertir la decisión de un juez federal que declaró inconstitucional una ley que criminalizaba la difusión de "alarmas falsas" durante emergencias, como la pandemia de COVID-19.

La ley otorgaba al gobierno un poder excesivo para decidir qué información ellos catalogan como "falsa" o alarmista, abriendo la puerta a abusos y represión de voces críticas. Esto va a la médula del periodismo libre porque violenta la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

La ley fue impugnada en 2020 en el caso Rodríguez-Cotto v. Puerto Rico por los periodistas Rafelli González y esta servidora, Sandra Rodríguez Cotto, representados por el American Civil Liberties Union (ACLU), y aunque fue declarada inconstitucional en 2023, el gobierno sigue apelando.

El peligro potencial que representa esta ley en la libertad de prensa hizo que entidades internacionales como Reporters Committee for Freedom of the Press y Electronic Frontier Foundation presentaran amicus curiae en apoyo de los periodistas, al advertir que si el Gobierno prevalece, podría abrirse la puerta a la criminalización del discurso durante crisis públicas. También tuvo respaldo de otras entidades periodísticas globales como Committee to Protect Journalists, Fundamedios y todos los gremios locales.

Esta fue la última ley firmada por Ricardo Rosselló antes de su renuncia forzada en 2019, y desde entonces, todos los gobernantes posteriores – Wanda Vázquez, Pedro Pierluisi y Jennifer González – han intentado mantenerla viva, consolidando una afrenta directa a la libertad de expresión y prensa.

Pero esta medida no es el único caso. A principios de este mes, el Senado de Puerto Rico aprobó un proyecto de ley que introduce nuevas restricciones a la Ley 141-2019, conocida como la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública. Esta medida ha sido rechazada por organizaciones de periodistas, líderes comunitarios y medios de comunicación, quienes argumentan que limita el acceso a la información y fortalece el control gubernamental sobre los datos públicos.

ACLU presents the Puerto Rico case at the UN-Geneva

Arraiza presents a case at the UN’s headquarters in Geneva; and denounces violations of civil and political rights by the explicit and continuous colonialism of Puerto Rico

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The American Civil Liberties Union (ACLU) presented today the case for the decolonization of Puerto Rico before the United Nations at its headquarters in Geneva, Switzerland. This is the first step of the defense of such a case before the 139th session of the Human Rights Committee of that entity, which will meet on Tuesday, October 17, and Wednesday, October 18 in that European city.

The presentation was given by renowned lawyer Fermín Arraiza, legal director of the ACLU-Puerto Rico, who for the past few months has been leading efforts, coordinating cases, and presenting reports that demonstrate how colonialism all aspects of life on the island.

ACLU lleva caso de Puerto Rico ante ONU-Ginebra (Video)

Lcdo. Fermín Arraiza presenta caso ante ONU en su sede central en Ginebra; denuncia violaciones de derechos civiles y políticos que provoca el colonialismo explícito y continuo de Puerto Rico

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La Unión de Libertades Civiles Americanas (ACLU, por sus siglas en inglés) presentó hoy el caso para la descolonización de Puerto Rico ante la sede central de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. Este es el paso previo a la defensa del caso ante la sesión número 139 del Comité de Derechos Humanos de esa entidad, que se reunirá el martes 17 y miércoles 18 de octubre en esa ciudad europea.

La ponencia estuvo a cargo del reconocido abogado Fermín Arraiza, director legal de la ACLU-Puerto Rico, quien por los pasados meses ha estado liderando esfuerzos, coordinando casos y presentando informes que demuestran cómo el colonialismo impacta todos los aspectos de la vida de la isla.

 

Esta visita es de suma importancia porque por primera vez en la historia los Estados Unidos de Norteamérica tendrán que responder ante el Comité de Descolonización de la ONU en su sede central, contestar preguntas y defender la información vertida incorrectamente en sus informes sobre el estatus de Puerto Rico. Ese comité supervisa el cumplimiento con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, uno de los componentes más importantes para la protección y promoción de los derechos humanos a nivel internacional.

Caso de Puerto Rico sólido para ir a Corte Internacional de Justicia

ACLU y entidades plantean que la Corte Internacional de Derechos Humanos y la asamblea en pleno de la ONU debe ver caso de descolonización de Puerto Rico (INCULUYE DOCUMENTOS)

 

PARA DESCARGAR INFORME ACLU

DESCARGUE INFORME IPRI

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Dos importantes informes que se acaban de someter ante organismos internacionales plantean que el caso de descolonización de Puerto Rico está maduro para ser evaluado por la Corte Internacional de Derechos Humanos y la asamblea en pleno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Los dos informes fueron sometidos anoche a los organismos internacionales por la Unión de Libertades Civiles Americanas (ACLU por sus siglas en inglés) y por el Instituto Puertorriqueño de Relaciones Internacionales (IPRI).

“Este es el momento idóneo porque Estados Unidos no dice la verdad en los informes que somete cada 10 años como parte del Pacto Internacional de Descolonización. Se trata de la contradicción de Estados Unidos del colonialismo que ejerce sobre Puerto Rico”, sostuvo el abogado Fermín Arraiza, de la ACLU.

Los arrestos políticos de Pierluisi

En lo que va del 2023 el gobierno de Pedro Pierluisi ha arrestado al menos a 17 personas en manifestaciones contra la destrucción ambiental y el desplazamiento; criminalizan protestas dice ACLU

Policías protegen zona invadida en protesta en La Parguera
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En lo que va del 2023 el gobierno ha impuesto una política de carpeteo y criminalización de la protesta, con 17 arrestos de ciudadanos que se han manifestado en Vieques, Lajas, Aguadilla, Rincón y Arecibo. Esta política viola la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos que garantiza la libertad de expresión, establece un clima de represión, y fomenta los arrestos políticos de quienes se oponen a la destrucción del ambiente, el desplazamiento y la gentrificación, según varios entrevistados.

“Esto es la criminalización de la protesta. Es el carpeteo y la persecusión a los que defienden el ambiente y cuestionan las políticas de desplazamiento”, dijo el licenciado Fermín Arraiza, de la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU, por sus siglas en inglés).

De hecho, la semana que viene en los tribunales hay vistas pautadas casi simultáneamente por las protestas en el edificio Sol y Playa de Rincón, la Cueva Las Golondrinas en Aguadilla, La Parguera en Lajas, y lo sucedido en Vieques.

Gobierno busca criminalizar la expresión pública

Gobernador Pierluisi y Secretario de Justicia Emanuelli apelan declarada inconstitucional en el Tribunal Federal porque podría meter preso hasta 3 años a periodista o a quien divulgue lo que el gobierno entienda que es falso

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El viernes en la noche el gobierno de Puerto Rico presentó una moción ante el Tribunal Federal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico para que reconsidere la prohibición a que pongan en vigor la que criminaliza la expresión pública. 

Esta fue la última ley que dejó el exgobernante Ricky Rosselló, firmó la exgobernadora Wanda Vázquez y mantuvo el incumbente Pedro Pierlusi. Permitiría al gobierno procesar criminalmente con tres años de cárcel y multas de entre $5,000 a $10,000 a cualquier periodista o ciudadano que divulgue lo que el gobierno entienda que son rumores o noticias falsas durante estados de emergencia como la pandemia, terremotos o un huracán.

La ley de conocida como “fake news” estaba contenida en una sección de la sección de la Ley del Departamento de Seguridad Pública (DSP). Fue declarada inconstitucional el pasado 3 de abril por el juez federal Pedro Delgado Hernández, en lo que fue catalogado como una importante victoria para la libertad de prensa y la libertad de expresión.

La ley había sido impugnada hace tres años por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por siglas en inglés) en representación de los periodistas Rafelli González y esta servidora, Sandra Rodriguez Cotto.

ACLU Challenges Puerto Rico COVID19 ‘Fake News’ Laws (Press release)

ACLU Challenges Puerto Rico COVID19 ‘Fake News’ Laws 

FOR IMMEDIATE RELEASE May 20, 2020 CONTACT: Abdullah Hasan, ahasan@aclu.org SAN JUAN — The American Civil Liberties Union and the ACLU of Puerto Rico today filed a First Amendment challenge against Puerto Rico’s two recent ‘fake news’ laws. The laws, one of which was passed in the midst of media coverage critical of Puerto Rico’s handling of the COVID-19 pandemic, make it a crime to share information the government deems false about emergencies in Puerto Rico, including the current COVID-19 global pandemic. Violators could face up to three years in jail and a fine of up to $5,000. 

The lawsuit was filed on behalf of two journalists, Sandra Rodríguez Cotto and Rafelli González Cotto, who fear that the laws will be used to punish them for their reporting on the COVID-19 crisis, especially reporting that reflects negatively on the government. They argue the laws violate their constitutional rights to free speech, free press, and due process, and are seeking a court order blocking their enforcement.