En lo que va del 2023 el gobierno de Pedro Pierluisi ha arrestado al menos a 17 personas en manifestaciones contra la destrucción ambiental y el desplazamiento; criminalizan protestas dice ACLU
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| Policías protegen zona invadida en protesta en La Parguera SUBSTACK |
En lo que va del 2023 el gobierno ha impuesto
una política de carpeteo y criminalización de la protesta, con 17 arrestos de ciudadanos
que se han manifestado en Vieques, Lajas, Aguadilla, Rincón y Arecibo. Esta política
viola la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos que
garantiza la libertad de expresión, establece un clima de represión, y fomenta los
arrestos políticos de quienes se oponen a la destrucción del ambiente, el
desplazamiento y la gentrificación, según varios entrevistados.
“Esto es la criminalización de la protesta. Es el carpeteo y la persecusión a
los que defienden el ambiente y cuestionan las políticas de desplazamiento”,
dijo el licenciado Fermín Arraiza, de la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses
(ACLU, por sus siglas en inglés).
De hecho, la semana que viene en los tribunales hay vistas pautadas casi simultáneamente por las protestas en el edificio Sol y Playa de Rincón, la Cueva Las Golondrinas en Aguadilla, La Parguera en Lajas, y lo sucedido en Vieques.
En todos los casos es el mismo modus operandi: la gente protesta y hace piquetes, entonces llegan decenas de oficiales de la Policía, casi siempre de las unidades motorizadas y de Operaciones Tácticas a dar macanazos, tirar gas pimienta, y arrestar a los manifestantes imputándoles delitos como agresión, o a veces, delitos menos graves. Entonces, el gobierno emite comunicados de prensa diciendo que el que protestó fue violento o agredió oficiales, y se construye una narrativa de discordia a nivel oficial. Pero el gobierno calla ante las agresiones que cometen los oficiales de la Policía.
Otro elemento común es que el jefe de agencia, por lo general no contesta, sea el Departamento de Recursos Naturales o el de Desarrollo Económico. El gobernador Pedro Pierluisi también limita sus expresiones a apoyar a la policía. Pero en ninguno de los casos el gobierno atiende la razón real de por qué se hizo la protesta. Esto a su vez, provoca más molestia entre las comunidades que se sienten ignoradas, según los entrevistados.
REACTIVAN EL CARPETEO
Para añadir al clima de carpeteo, según los entrevistados, el Departamento de Justicia y la Judicatura deciden radicar casos a la misma vez. Los jueces optan por pedir a los abogados de los acusadores que sometan declaraciones juradas, y pautan vistas simultáneas para impedir que los arrestados puedan conseguir representación legal, y les niegan tiempo a sus abogados para prepararse.
Eso hizo el 20 de julio la jueza María del Pilar Vázquez de Mayagüez, que impuso una fianza de medio millón de dólares contra los manifestantes en La Parguera, y ese mismo día el juez José Tomás Román Barceló del Centro Judicial de Aguadilla encontró causa contra cinco manifestantes que protestaron por la construcción sobre la cueva Las Golondrinas en Aguadilla. Igualmente pasó ayer en Fajardo, con los arrestos de manifestantes en Vieques.
“Hay que responsabilizar a la Policía de Puerto Rico y a los miembros de la Judicatura por no detener estas agresiones a los ciudadanos. Con sus acciones están defendiendo a las oligarquías económicas que gobiernan este país que son las que precisamente están provocando los desplazamientos, la compra de propiedades y la destrucción de las playas y del ambiente”, añadió Arraiza.
Hace unos días, diversas organizaciones de protección ambiental protestaron frente al Departamento de Recursos Naturales y aunque no hubo arrestos, sí movilizaron efectivos de la Policía.
CASO: VIEQUES
Katherine Martínez fue arrestada en Vieques
Ayer, el juez Alexander Espinosa Santiago del
Tribunal de Fajardo, le encontró causa para arresto contra Katherine Martínez,
una joven viequense a quien el gobierno le imputó haber cometido varios delitos
de obstrucción a la justicia y agresión a un policía, durante una manifestación
en contra del desplazamiento en Vieques. Por las protestas el alcalde de
Vieques, José Corcino detuvo la subasta de terrenos, incluso algunos en zona
marítimo terrestre, que iban a ser vendidos a inversionistas y no a viequenses
que no tenían el dinero para comprarlos.
“Son estrategias que toma el estado para amedrentar, asustar, intimidar a estas voces de este colectivo de jóvenes que estamos alzando la voz y que no estamos dispuestos a quedarnos de brazos cruzados ante las injusticias que están sucediendo. Esto es un sistema para causar miedo y evitar que hagamos justicia”, dijo Martínez.
“Mi arresto fue para silenciar la protesta y la denuncia de que al pueblo viequense pobre lo están desplazando para favorecer a inversionistas. Toda la comunidad viequense sabe el trabajo que hago, me conocen. Incluso los tres policías que me están acusando me conocen. Me vieron crecer y conocen el trabajo que yo hago en la comunidad. Claramente ven un potencial en mí que pudiese no estar de acuerdo con sus intereses”, agregó Martínez.
Martínez y otras jóvenes, son en su mayoría mujeres jefas de familia y no pueden acceder a viviendas en Vieques porque ahora todos son alquileres a corto plazo para AirBnb o Vrbo. Forman parte de la organización comunitaria La Colmena Cimarrona, dedicada a impulsar la agricultura, las fincas comunitarias, los mercados agrícolas locales y lograr la soberanía alimentaria para que Vieques no tenga que depender sólo de los alimentos que son importados a la isla.
Esto es de vital importancia reconociendo que el 86% de todos los niños en Vieques vive en condiciones de extrema pobreza, según cifras del estudio Índice de Bienestar Infantil y Juvenil que publicó el Instituto de Desarrollo de la Juventud.
CASO: LA PARGUERA
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| Arrestados en La Parguera |
El pasado 9
de julio arrestaron a ocho
manifestantes en el barrio La Parguera de Lajas. Protestaban por la
construcción de un tablado y una terraza de una caseta ilegal de los suegros de
la Comisionada Residente Jennifer González, que provocó daños ilegales al
mangle de la reserva natural. La jueza de Mayagüez María del Pilar Vázquez encontró
causa para arresto e impuso una fianza global de sobre $500,000.
CASO: ARECIBO
Lauce Colón Pérez, arrestado en Arecibo
Un juez del Tribunal de Arecibo encontró causa por daños agravados contra el activista Lauce Colón Pérez por relocalizar parte de una verja de madera que la empresa GF National Properties instaló en la zona marítimo terrestres y en bienes de dominio público que dan acceso a la Cueva del Indio. La empresa pertenece al poderoso empresario José González Freyre quien cobra desde $10 por persona por acceso a la Cueva del Indio, que es de dominio público.
Colón Pérez pertenece al grupo Defendiendo la Cueva del Indio y ha estado realizando manifestaciones hace meses en defensa de la servidumbre de paso hacia la cueva, en la zona de Islote en Arecibo.
CASO: RINCÓN
Manifestantes en Sol y Playa, Rincón
El próximo lunes 14 hay vista en el caso del edificio Sol y Playa, en la
playa Los Almendros en Rincón. Fue aquí donde iniciaron muchas de las protestas
por protección del ambiente. Ha habido decenas de arrestos en los ‘últimos tres
años de manifestantes, pero ahora el gobierno y los propios tribunales tuvieron
que admitir que se dañó el hábitat y las construcciones se han hecho de manera
ilegal en zonas de dominio público. Pero los residentes siguen tratando de
dilatar los procesos que los obligan a sacar los más de 40 pilotes y una verja
de hormigón que instalar de manera ilegal. En marzo hobo tres arrestos de
manifestantes en la zona, Julmary Crespo, Miriam Díaz García y José Ramos
García
CASO: AGUADILLA
Entrada en la zona destruida del muelle de azúcar en Aguadilla
El juez José Tomás Román Barceló del Centro
Judicial de Aguadilla encontró causa contra cinco manifestantes que protestaron
por la construcción sobre la cueva Las Golondrinas y el muelle de azúcar en
Aguadilla el pasado 29 de enero.
Ese mismo 29 de enero el guardia de seguridad del proyecto César Toledo
Mantilla, disparó e hirió al manifestante Ángel Torres Rosado. El guardia
enfrenta tres tentativas de asesinato y ese otro caso será atendido por el
juez Abid Quiñones Portalatín, quien, a su vez, es el mismo magistrado que
atiende los casos de las protestas por la construcción del ambiente en el
edificio Sol y Playa de Rincón.
El caso de Aguadilla no hubo fianza porque se trata de delitos menos graves. Se relaciona a la protesta del pasado 29 de enero en la que la empresa SJA Security Police Inc. y su contratador, Aguadilla Pier Corp, del poderoso empresario Carlos Román González, usaron fuerza excesiva, gas pimienta y dispararon contra los manifestantes.
Además del tiro que recibió Torres Rosado, otras seis personas recibieron disparos de los guardias de seguridad, más de 15 fueron agredidos con gas pimienta, lo que llevó a la organización derechos humanos Kilómetro Cero a reclamar acción inmediata al Departamento de Justicia y a la Policía de Puerto Rico en contra de la empresa SJA Security Police Inc. y su contratador, Aguadilla Pier Corp. Nada pasó.
“Es claro que esto es una política de represión y que estos arrestos son porque quieren meter a la gente presa para criminalizar la protesta y violar la Primera Enmienda de la Constitución”, enfatizó Arraiza.
Un preso es cualquier persona que pertenezca a un partido o sector político, a la que se ponga bajo arresto, sin haber cometido un delito, sino porque sus ideas supongan un desafío o una amenaza para el sistema político establecido. Puerto Rico ha tenido un largo historial de presos políticos desde la invasión estadounidense, casi todos independentistas. De hecho, según una conferencia que dictó el profesor e historiador José “Che” Paraliticci, ha habido sobre 122 presos políticos en Puerto Rico.
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=416930609962875
“La persecusión y el carpeteo había bajado, pero vemos que está aumentando de nuevo por las políticas que favorecen a los inversionistas de la Ley 60, que están comprando propiedades y elevan los costos de vivienda. Esto desplaza a las comunidades. También vemos un favoritismo a estos inversionistas a que destruyan el ambiente para construir en las playas y zonas vulnerables. El gobierno no puede seguir permitiendo estas políticas”, agregó Arraiza.
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