Tres abogadas residentes en Sol y Playa de Rincón se pusieron de acuerdo para engañar al Tribunal y este aspecto ético no lo quieren tocar ni con una vara larga en la controversia
Acciones concertadas.
Es ponerse de acuerdo para lograr un fin común. Eso fue lo que recomendó el año pasado
el presidente del Partido Independentista Puertorriqueño, Rubén Berríos
Martínez, clamando unidad para lograr el poder político. Pero su consejo lo han
tomado otros partidos, y en especial, aquellos que hacen trampa y hunden a este
país en la corrupción. En este caso, las abogadas y titulares del
controvertible edificio Sol y Playa de Rincón.
No se unieron para buscar el poder político, sino para abusar del sistema, aprovecharse de sus conexiones políticas, y violar la ley. Sus acciones concertadas han sido para mentir, engañar al tribunal, burlarse del gobierno y obligar a que el pueblo pague por sus ilegalidades.
Eso fue lo que hicieron las abogadas María Isabel Negrón-García, Olga Longoria-Pérez, Rita Vélez y otras esta semana, pero nadie lo internalizó. Los analistas-comentaristas que litigan en los tribunales, tampoco lo dicen en la radio porque no les conviene. Son parte del juego.
Fue también lo que hizo durante meses uno de los más vocales residentes de Sol y Playa, el abogado Walter Pierluisi, primo tercero del gobernador Pedro Pierlusi. Ese primo que en un principio el Mandatario negó, ahora está preso por robarle al gobierno federal dinero que iba destinado a los pobres que viven en caseríos, porque de eso es que se trata. De burlarse del sistema. Robarle al pueblo ya sea el dinero, la playa, los accesos y usar el sistema judicial para su ventaja.
Vamos a los hechos que nadie puede refutar: Han pasado casi 3 años y el gobierno finalmente decidió ir contra Sol y Playa porque robaron los bienes de dominio público, buscaron permisos fatulos y construyeron en la zona de anidaje de tortugas. Todo el mundo vio a una tortuga anidando en la construcción allí en la playa Los Almendros.
Así que el tribunal les exigió demoler lo ilegal, y los vecinos de Sol y Playa, acostumbrados a que como tienen conexiones políticas y judiciales, o tienen dinero, hacen lo que les dé la gana, se pasaron la orden del juez por donde usted se imagina. A usted o a mi nos meterían presos si hacemos algo parecido, pero como son primos de gobernadores, abogados y amigos andan en el privilegio de ser y creerse intocables. Pero no lo son.
El juez administrador del Tribunal de Aguadilla, Abid Quiñones-Portalatin, ha sido demasiado paciente con esa arrogancia que exhiben una y otra vez los residentes de Sol y Playa. Llevan meses mintiéndole en la cara, buscando pretextos para no cumplir con las órdenes del tribunal por eso ya es hora de que el Tribunal Supremo analice las violaciones éticas que cometen los abogados que están en este caso.
En febrero les renunció la Lcda. Leonor Porrata-Doria, después de meses de controversias. Esa era la que salía en programas de chismes por televisión diciendo mentiras, pero al final, se dio cuenta que no podían mentir más y renunció. Entonces, el 4 de agosto la abogada Amy Ruiz Goyco-Gutiérrez presentó su renuncia, pero el 9 de agosto el juez Quiñones-Portalatín no se la aceptó. Tenía que seguir en el caso, aún sabiendo el problema que enfrentaba.
Primero fue que el vicepresidente de la Junta, Kenny Gutiérrez, le mintió al juez. En sala se escucha la grabación diciendo que tenían contratada a la empresa que iba a demoler la construcción ilegal. La abogada Goyco-Gutiérrez lo aceptó en sala, y resulta que era falso. Gutiérrez se expone a un perjurio, como dijo el juez Quiñones-Portalatín, y ahí fue que cambió la composición de la junta.
Entraron entonces como presidenta la exjueza Negrón-García, como tesorera Longoria-Pérez y otros. Metían la cuchara en todo lo legal. Longoria-Pérez hasta habló desde el podio como si fuera litigante. Tenían mal a Goyco-Gutiérrez y por eso ella se quería salir del caso. Pero como la exjueza Negrón-García estaba acostumbrada a mandar, y tenía a Longoria-Pérez a su lado para decidir lo que les complacía en la junta y actuar con la altanería que concede el privilegio.
La exjueza Negrón-García usaba un tono casi insultante contra el juez, y cuando Quiñones-Portatín se molestó y ordenó su ingreso, fue que todo explotó. La exjueza intentó renunciar y no la dejaron. Entonces, de la nada aparece un juez de menor jerarquía, pero colega de Negrón-García, y acoge un recurso de habeas corpus para impedir la encarcelación.
El juez Manuel Trabal acogió los planteamientos del abogado Edwin López-Pérez, quien en menos de una hora le tomó la firma y radicó el recurso extraordinario de habeas corpus para que Negrón-García no fuera ingresada por desacatar orden de demolición de lo construido con permisos fatulos allí frente al condominio, Sol y Playa. Expertos consultados alegan que los habeas corpus siempre se tienen listos cuando hay este tipo de controversia, pero en el caso de Sol y Playa, son más las preguntas sin responder.
Por ejemplo, al día de hoy no se ha publicado nada sobre las bases legales que acogió el juez Trabal. Tampoco se explica si eso lo redactó otro abogado, que especulan fue Harry Padilla, ya que López-Pérez tiene un historial en su contra. Había sido el exfiscal acusado de perjurio por el caso de asesinato por el que fue convicto el contable Lutgardo Acevedo. Así que era gente famosa en ese tribunal del oeste. ¿Fueron acciones concertadas de ese combo de amigos famosos o políticos en Aguadilla?
Abogados consultados alegan que Quiñones-Portalatín se excedió. Otros ponen en duda las acciones de Trabal, más cuando todavía no hay grabaciones de lo que decidió en sala, en minutos. El punto es que días después la junta de residentes de Sol y Playa renunció.
Pero, ¿a quién realmente se dirigió esa renuncia? A nadie porque no hubo una asamblea del Consejo de Titulares, es decir, no reunieron a los vecinos que son dueños de apartamentos allí para validar y decirles que se iban. Por lo tanto, fue una renuncia a nadie. Una acción concertada para seguir engañando. La exjueza Negrón-García, la abogada Longoria-Pérez y otros concertaron para coger al juez Quiñones -Portalatin y a todo el sistema judicial de tontos. Eso es antiético, inmoral e ilegal, como quiera que se mire.
Ellas como abogadas estaban impedidas de dejar la junta en el aire porque ellas tenían un deber fiduciario a su vez con la Junta de Condómines. Al ellas irse, podemos decir que concertaron para hacer un fraude de acreedores. Por lo tanto, en la medida en que ellas eran abogadas litigantes, a su vez tesorera y presidenta de la junta, es obvio el claro conflicto de interés. La pregunta es ¿dónde quedan los Cánones de Ética de las que practican el derecho?
Es cierto que nadie se quiere meter en el problema de estar en una junta de
residentes, pero el asunto es otro. Sol y Playa ya tenían que cumplir con la
destrucción que hicieron del medioambiente. Lo que hicieron ahora fue jugar con
el sistema judicial. ¿Qué dice el Tribunal Supremo al respecto? ¿Callarán
porque son amigos de algunos de los implicados? ¿Cuántos jueces del Supremo han
estado allí en Sol y Playa? Esa es la pregunta.
Cabe señalar que antes de este revolú, y parece que oliéndose lo que venía, la vicepresidenta de la junta Eileen Figuera-Rivera, renunció el 9 de agosto. Seis días más tarde, el 15 de agosto, el resto de la junta circuló en las redes sociales una carta diciendo que todos renunciaban. La pregunta es, ¿se hizo o no una Asamblea de Titulares para informarlo o esto no es acaso otra acción concertada para afectar al tribunal?
Obvio que quieren dejar al juez Quiñones-Portalatin en el limbo. Volemos, el pleito tiene sentencia e incumplimientos que el tribunal. Aunque digan que renunciaron no pueden hacerlo, porque están concertando un fraude de acreedores y a la vez, un fraude al tribunal.
¿Se hizo un análisis jurídico pasa determinar si las renuncias son válidas o si el juez las acogerá ya que no fueron ratificadas en una asamblea? ¿Quién redactó esa carta? ¿Qué estatutos y cánones de ética violaron en ese proceso? ¿Fue Longoria-Pérez o la exjueza Negrón-García las que hicieron esta estrategia? ¿Fue otro abogado?
La Junta de Planificación le pidió a Quiñones-Portalatín que impusiera una multa de $100,000 a los residentes de Sol y Playa, pero, si el juez no tiene la jurisdicción como pretende el entrometimiento del juez Trabal en el proceso, y en momentos en que no hubo junta de titulares constituida y los residentes no han sido emplazados, entonces, han dejado al juez en el limbo. Eso también es un fraude.
Por último, y no menos importante, es que no puede olvidarse que además de Negrón-García, Longoria-Pérez y Pierluisi, en ese grupo de acciones legales concertadas estaba otra residente de Sol y Playa, la abogada Rita Vélez. Ella estuvo en sala ese día.
El país no puede olvidar que Vélez fue quien el año pasado empujó a un manifestante que estaba sobre la verja ilegal y esa persona se cayó y se golpeó. De milagros no mató a ese ser humano allí, así que ese es otro crimen impune. Al menos, una falta ética que quedó grabada en las cámaras y nadie dice nada.
En fin, todo es como una conspiración para seguir defraudando al pueblo. Engañarán al tribunal y al sistema con estas acciones, pero el pueblo está claro. Ya la gente sabe quién es quién.
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