Sin justicia a víctimas del racismo en PR

Una vez más la familia de Canóvanas acosada racialmente queda desamparada por el sistema de justicia, denuncias Colectivo Ilé, Étnica y Amnistía Internacional

Matrimonio de Chanelly Cortés y Luis Ramírez Walker (provista)

Diversas organizaciones cívicas volvieron a denunciar el racismo sistémico que existe en Puerto Rico y que se evidencia en el hecho de que las víctimas no logran justicia en sus reclamos ante los tribunales porque fallan a favor de acosadores, personas de tez blanca.

El pasado viernes, 18 de agosto, el juez Joaquín Peña Ríos del Tribunal de Carolina determinó que el dentista Luis Espinet, quien amenazó de muerte con un arma de fuego a la joven madre Chanelly Cortés, no es culpable por ese hecho.

 
Carmen García oculta su rostro (izquierda) y Luis Espinet hostigando a la familia Ramírez Cortés (Foto suministrada)\

Luis Espinet es hijo y cómplice de Carmen García, la mujer de Canóvanas que ha acosado racialmente, a Luis Ramírez Walker, a su esposa Chanelly Cortés y a su familia por casi cuatro años en el sector Haciendas de Canóvanas, sin que el hostigamiento se detenga.

García enfrenta varios pleitos por poner música en altos volúmenes en dirección a la casa de la familia Ramírez Cortés por días y noches enteras. Además, enfrenta casos por colocar dibujos de muñecos negros con fases como “fo”, “feo”, “mono” y epítetos hacia sus vecinos por ser afrodescendientes. El abogado de García, el exfiscal Michael Corona, ha dicho en la televisión que los muñecos negros que coloca su clienta constituyen su “libertad de expresión”.

Organizaciones cívicas como el Colectivo Ilé, Amnistía Internacional y la revista Étnica, entre muchas otras, emitieron un comunicado en conjunto denunciando la injusticia y reclamando que el juez Peña Ríos no ejerció su deber ministerial de discernir e impartir justicia.  El juez decidió contrario a lo que presenciaron las personas que estuvieron en el juicio.

“Denunciamos el veredicto del juez Joaquín Peña Ríos como uno sesgado a favor del Dr. Luis Espinet; uno que pone en peligro a Chanelly Cortés, a su familia y a la comunidad de Haciendas de Canóvanas.  No se tomó en cuenta el patrón de acoso al que ha sido sometida la familia Ramírez-Cortés por sus vecinos, Carmen García y su hijo, Luis Espinet”, dijeron en la declaración conjunta María Reinat del Colectivo Ilé, Liza Gallardo de Aministía Internacional y Gloriann Sacha Anotnetty de Étnica.

“Luis Espinet y su familia están acostumbrados a la impunidad y, una vez más, el sistema de justicia se hizo partícipe del patrón de abuso y delincuencia racista y de violencia de género.  Nos preocupa la seguridad de Luis y Chanelly, de sus hijas y de la comunidad. Tras la decisión del juez Peña Ríos, responsabilizamos al sistema de justicia por cualquier daño que pudiera sufrir esta familia o cualquier otro miembro de la comunidad que llevan casi cuatro años dando la voz de alerta sobre la conducta criminal y racista de sus vecinos”, agregaron en la declaración.

Víctimas de acoso racial

En su veredicto, el juez Peña Ríos manifestó: “¿Qué pasó allí? Ni la fiscalía, la defensa y este tribunal lo saben”, quitándole credibilidad a los reclamos de la familia perjudicada.

Los activistas alegaron que el juez le dio credibilidad al perito de la defensa en cuanto a un vídeo utilizado para plantear que los hechos nunca ocurrieron. 

El análisis de este perito fue contrarrestado por el análisis de un perito del Instituto de Ciencias Forenses, con estudios formales y credenciales probadas en el manejo de vídeos.  Este puso en tela de juicio que el vídeo presentado no fue analizado adecuadamente. Además, en reiteradas ocasiones el perito de Ciencias Forenses dijo que el vídeo que le suministraron fue provisto por la defensa por lo que desconoce si fue manipulado o no.

Según las activistas, dónde se dieron los hechos no pudo haber sido captado por ninguna cámara de las instaladas en la casa de Carmen García.  El juez expresó que no tomó su decisión a base del vídeo, donde no aparece Luis Espinet; sin embargo, en sus expresiones finales le dio un gran peso al vídeo como fundamento para su decisión.  Sin duda, se le dio más peso a la palabra de un hombre dentista que a la denuncia de una mujer amenazada de muerte.