Tribunal Federal de Apelaciones invalida unánimemente la ley de censura de Puerto Rico aprobada durante la pandemia de COVID-19

 La ley coartaba la labor periodística en medio de la pandemia de COVID-19 y amenazaba la libertad de prensa durante periodos de emergencias declaradas

Accede a la sentencia

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En una decisión unánime, el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de los Estados Unidos anuló la ley de Puerto Rico de 2020 contra las mal llamadas "noticias falsas", al considerarla una regulación inconstitucional basada en el contenido que restringe la libertad de expresión protegida. Dos periodistas impugnaron la ley, argumentando que amenazaba con coartar cualquier reportaje que pudiera perjudicar la imagen del gobierno durante una emergencia.

"Como periodista independiente en Puerto Rico, mi trabajo es buscar la verdad y exigir responsabilidades a quienes ostentan el poder, especialmente cuando surge una crisis, y el público necesita información transparente y confiable", afirmó la periodista Sandra Rodríguez Cotto. “La ley de ‘noticias falsas’ de Puerto Rico era una amenaza constante. La decisión de hoy del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito es una victoria no solo para mí o la prensa, sino para todos los ciudadanos en Puerto Rico. Este fallo garantiza que podemos seguir haciendo nuestro trabajo —investigando, cuestionando e informando— sin temor a ser criminalizados por buscar la verdad”.

“Este caso va más allá del ejercicio del periodismo. Esto atenta contra el significado mismo de vivir en una sociedad democrática donde las personas tienen derecho a expresarse libremente sin temor a ser silenciadas por el Estado”, declaró, por su parte, el periodista Rafelli González Cotto. “Agradezco al tribunal por defender la Primera Enmienda no solo para los periodistas, sino para todos los ciudadanos de Puerto Rico”.

La ley de Puerto Rico de 2020 tipificaba como delito dar a sabiendas una “falsa alarma” sobre catástrofes inminentes o transmitir a sabiendas información falsa sobre cualquier tema cuando hacerlo resultara en un riesgo inminente para la seguridad, la salud o la propiedad. Quienes infringieran la ley se enfrentaban a penas de hasta tres años de cárcel y una multa de hasta $5,000 dólares.

Combatir la censura a la prensa

Cuando el silencio se impone, el poder se fortalece y la democracia se desangra; hoy lunes hay vista en el Tribunal Federal en el caso donde el gobierno busca censurar a la prensa

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Hoy lunes 27 de octubre, en el Tribunal Federal del Viejo San Juan se verá una vista oral de un caso crucial que combate la censura a la prensa: Rodríguez-Cotto v. Puerto Rico. La vista será ante los jueces Gustavo Gelpí, David Hamilton y Seth Aframe del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, en un caso donde el gobierno busca revertir la decisión de un juez federal que declaró inconstitucional una ley que criminalizaba la difusión de "alarmas falsas" durante emergencias, como la pandemia de COVID-19.

La ley otorgaba al gobierno un poder excesivo para decidir qué información ellos catalogan como "falsa" o alarmista, abriendo la puerta a abusos y represión de voces críticas. Esto va a la médula del periodismo libre porque violenta la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

La ley fue impugnada en 2020 en el caso Rodríguez-Cotto v. Puerto Rico por los periodistas Rafelli González y esta servidora, Sandra Rodríguez Cotto, representados por el American Civil Liberties Union (ACLU), y aunque fue declarada inconstitucional en 2023, el gobierno sigue apelando.

El peligro potencial que representa esta ley en la libertad de prensa hizo que entidades internacionales como Reporters Committee for Freedom of the Press y Electronic Frontier Foundation presentaran amicus curiae en apoyo de los periodistas, al advertir que si el Gobierno prevalece, podría abrirse la puerta a la criminalización del discurso durante crisis públicas. También tuvo respaldo de otras entidades periodísticas globales como Committee to Protect Journalists, Fundamedios y todos los gremios locales.

Esta fue la última ley firmada por Ricardo Rosselló antes de su renuncia forzada en 2019, y desde entonces, todos los gobernantes posteriores – Wanda Vázquez, Pedro Pierluisi y Jennifer González – han intentado mantenerla viva, consolidando una afrenta directa a la libertad de expresión y prensa.

Pero esta medida no es el único caso. A principios de este mes, el Senado de Puerto Rico aprobó un proyecto de ley que introduce nuevas restricciones a la Ley 141-2019, conocida como la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública. Esta medida ha sido rechazada por organizaciones de periodistas, líderes comunitarios y medios de comunicación, quienes argumentan que limita el acceso a la información y fortalece el control gubernamental sobre los datos públicos.