La ley coartaba la labor periodística en medio de la pandemia de COVID-19 y amenazaba la libertad de prensa durante periodos de emergencias declaradas
En una decisión unánime, el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de los Estados Unidos anuló la ley de Puerto Rico de 2020 contra las mal llamadas "noticias falsas", al considerarla una regulación inconstitucional basada en el contenido que restringe la libertad de expresión protegida. Dos periodistas impugnaron la ley, argumentando que amenazaba con coartar cualquier reportaje que pudiera perjudicar la imagen del gobierno durante una emergencia.
"Como periodista independiente en Puerto Rico, mi trabajo es buscar la verdad y exigir responsabilidades a quienes ostentan el poder, especialmente cuando surge una crisis, y el público necesita información transparente y confiable", afirmó la periodista Sandra Rodríguez Cotto. “La ley de ‘noticias falsas’ de Puerto Rico era una amenaza constante. La decisión de hoy del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito es una victoria no solo para mí o la prensa, sino para todos los ciudadanos en Puerto Rico. Este fallo garantiza que podemos seguir haciendo nuestro trabajo —investigando, cuestionando e informando— sin temor a ser criminalizados por buscar la verdad”.
“Este caso va más allá del ejercicio del periodismo. Esto atenta contra el significado mismo de vivir en una sociedad democrática donde las personas tienen derecho a expresarse libremente sin temor a ser silenciadas por el Estado”, declaró, por su parte, el periodista Rafelli González Cotto. “Agradezco al tribunal por defender la Primera Enmienda no solo para los periodistas, sino para todos los ciudadanos de Puerto Rico”.
La ley de Puerto Rico de 2020 tipificaba como delito dar a sabiendas una “falsa alarma” sobre catástrofes inminentes o transmitir a sabiendas información falsa sobre cualquier tema cuando hacerlo resultara en un riesgo inminente para la seguridad, la salud o la propiedad. Quienes infringieran la ley se enfrentaban a penas de hasta tres años de cárcel y una multa de hasta $5,000 dólares.
