La organización de derechos civiles denuncia que los cambios al P. del S. 1062 equiparan órdenes administrativas con mandatos judiciales, vulneran la privacidad de los estudiantes y debilitan los protocolos de protección vigentes.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU)
de Puerto Rico alertó hoy sobre los riesgos constitucionales que implican las
recientes enmiendas introducidas al Proyecto del Senado 1062. Según la
organización, aunque la legislación fue concebida inicialmente para establecer
salvaguardas y blindar la privacidad de los estudiantes inmigrantes, las
modificaciones aprobadas por la Comisión de Gobierno y Educación desvirtúan su
objetivo y facilitan intervenciones de autoridades federales en los planteles
públicos sin las debidas garantías judiciales.
El debate se centra en la equiparación indebida
entre órdenes administrativas y judiciales dentro de los artículos 3, 6, 7 y 8
del proyecto. La ACLU subrayó que una orden administrativa emitida por agencias
ejecutivas como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) o el
Departamento de Seguridad Nacional (DHS) carece del peso constitucional y la
revisión imparcial que distingue a una orden judicial expedida por un tribunal
y avalada por la firma de un juez.
"Las enmiendas equiparan indebidamente las órdenes administrativas con las judiciales, eliminan salvaguardas esenciales para la divulgación de información confidencial y establecen restricciones que podrían impedir al personal escolar ejercer adecuadamente su responsabilidad de proteger los derechos de sus estudiantes", afirmó Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico.
Desprotección
operativa y pérdida de garantías
La abogada de Política Pública de la
organización, Lolimar Escudero Rodríguez, advirtió sobre la ambigüedad jurídica
que enfrentará el personal docente y administrativo si el texto se aprueba tal
como está redactado. Expresiones imprecisas dentro de la medida, tales como
"cualquier documento", pondrían a los directores escolares ante
directrices contradictorias y sin criterios técnicos claros para rechazar
intervenciones improcedentes.
Esta disposición representaría además un
retroceso frente al marco reglamentario vigente: el propio Protocolo para el
Manejo de información e intervención con personal y estudiantes del
Departamento de Educación de Puerto Rico ya exige una orden judicial firmada
para dar paso a cualquier diligencia migratoria con menores bajo su custodia.
Asimismo, la organización señaló que los
artículos 7 y 8 reducen mecanismos de protección —como la notificación a los
padres, la consulta con el Departamento de Justicia y el acompañamiento del
alumno— a trámites puramente burocráticos. La enmienda estipula expresamente
que dichas gestiones no podrán dilatar las acciones federales, lo que forzaría
al magisterio a autorizar operativos de inmediato por miedo a señalamientos por
obstrucción a la justicia.
Menoscabo a la
intimidad y confidencialidad
El reclamo de la ACLU abarca también la
eliminación del requisito de asesoría legal previa contemplado en el artículo 6
antes de divulgar datos de los estudiantes. Prescindir de un filtro legal
incrementa las probabilidades de que información sensible sea compartida de
manera irregular, quebrantando el derecho fundamental a la intimidad tanto de
los menores como de sus núcleos familiares.
Ante la inminencia de que el proyecto baje a
votación en el hemiciclo senatorial, la ACLU de Puerto Rico exhortó a los
legisladores a no respaldar el sustitutivo enmendado y a restablecer la versión
original. La entidad reiteró que los planteles escolares deben ser entornos
seguros de desarrollo educativo y que ninguna iniciativa de ley orientada a
proteger a la niñez debe terminar legalizando las condiciones que la dejan en
vulnerabilidad.
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