Mafia institucional

(NOTA: Esta columna fue publicada originalmente en NotiCel el domingo, 29 de septiembre de 2019 - https://www.noticel.com/opiniones/blogs/en-blanco-y-negro-con-sandra/mafia-institucional/1126255339 )

El viernes empezó a confirmarse la mafia institucional en el Gobierno que nos había alertado el exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado. Aquella advertencia le costó el puesto porque el entonces gobernador Ricardo Rosselló lo botó como bolsa. Claro, el mensaje implícito es que en Puerto Rico nadie puede decir la verdad. El que se atreva a abrir la boca, lo callan.

Si no lo callan, entonces lo persiguen o lo sacan, como le pasó a don Raúl Maldonado. Es esa mentalidad de que se odia al chota, pero que se compadece al delincuente, como suele decirse en el bajo mundo. El problema es que Puerto Rico necesita saber la verdad. O mejor dicho, confirmar lo que ya se sabe. Esa mafia institucional que Maldonado se atrevió a denunciar es lo que tiene a Puerto Rico jodido. Es lo que nos hunde, y no nos deja progresar porque es demasiada gente robando en un país en quiebra.

Y eso fue lo que pasó el viernes cuando le radicaron 82 cargos por fraude a un exempleado de Hacienda. El individuo se llama Wilfredo Marrero Ortega, y entre el 2010 y 2014 se dedicaba a borrar multas de vehículos de motor mientras trabajaba como Auxiliar de Colecturía en Guaynabo. En el esquema por esas transacciones fraudulentas, Hacienda dejó de ganar $168,414. Ese infeliz es una chopa en un mar de pejes gordos que nadie quiere tocar. Tanto es así que esta noticia la publicaron como si fuera un acto más de pillaje, como una noticia menor. No la vincularon al escándalo que provocó Maldonado al chotear la existencia de la mafia institucional, a pesar de que en gran medida eso fue lo que impulsó las protestas del verano y la posterior renuncia de Rosselló.

Porque de eso es que se trata, de borrar la historia. Los medios se hacen cómplices del pillaje al no informarlo todo ni hacer las conexiones necesarias entre los asuntos. Por eso hay que hacer el trabajo y poner el contexto, porque no podemos olvidar lo que nos trajo hasta aquí.

Este caso de la colecturía de Guaynabo es minúsculo, pero ¿qué pasó con los demás? ¿Dónde están los políticos denunciando esto? ¿Alguien del sector privado y de las asociaciones que representan los intereses del sector privado han dicho algo? Claro que no, porque son parte del problema.

El 24 de junio pasado cuando Maldonado se atrevió a hablar de la mafia institucional, dijo que estaba cooperando con los federales. También dijo entonces que fue extorsionado y amenazado. Después, su hijo Raulie, denunció que el propio Rosselló tenía unos cheques de Unidos por Puerto Rico en una gaveta, sabiendo que había una auditoría de la firma BDO pendiente. Y al día siguiente de eso, el entonces secretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi, admitió haber comparecido ante un Gran Jurado federal.

Es importante recordar que en ese momento el presidente de la Cámara, Johnny Méndez, dijo que no iba a investigar las denuncias de Maldonado porque eran “imprudentes” y luego el Secretario de Hacienda, Francisco Parés, se negó a investigar. Todos sabemos que a las pocas semanas, los federales arrestaron a Julia Keleher, a Angie Ávila, y los ejecutivos de BDO. De ahí, todo fue rodando cuesta abajo para la administración Rosselló. Este recuento es importante pero no se ve en los medios masivos porque no les conviene. Hacerlo implicaría revelar que también muchos forman parte de esa mafia institucional.

Por eso desde el verano aquí ha habido todo un montaje, un operativo para que la población se olvide de las cosas. El lema de los medios es insistir en la paz y la tranquilidad. Por eso tocan con guantes de seda los temas y no cuestionan a la gobernadora a Wanda Vázquez. A los medios más grandes y a sus anunciantes no les interesa que se hable mucho de la verdad. Reitero que esto es parte del problema.

El mismo día que arrestaron al empleado de la colecturía de Guaynabo, la Junta de Control Fiscal tuvo una reunión en la que discutieron cuánto van a pagar de la deuda y cuánto se van a recortar pensiones y otras cosas. Es evidente que el problema principal en Puerto Rico es económico. No hay dinero porque se lo roban. Pero no podemos quedarnos en lo chiquito. 

El infeliz de la colecturía le robó a Hacienda, pero ¿dónde está la gente que se prestó para que le borraran esas deudas? ¿Irá el gobierno en contra de ellos? ¿Irá solo contra esos individuos o se atreverán a meterle mano a los pejes gordos de verdad?

Esos peces gordos son los que reciben los incentivos multimillonarios y que el gobierno nunca ha querido decir quiénes son. No lo dicen porque son los que le dan sus chavos para las campañas políticas. O sea, la Junta dice que no hay dinero, le corta los servicios a los trabajadores, pero no toca a las empresas privadas que viven de esos incentivos. Tenemos un gobierno en quiebra que regala dinero en incentivos a las empresas. Y los medios los protegen porque son anunciantes. ¿Con qué cara se atreven a criticar al que coge cupones de alimentos, si esos incentivos los convierten en cuponeros corporativos?

Lo que me trae al momento presente. ¿Hay algún político denunciando esto? ¿Está la gobernadora diciendo algo o sigue callada, esperando las instrucciones de su jefe Rosselló, que dice estar escondido, pero que se deja ver por lo que le da “like” en Twitter?

¿Dónde están los políticos hablando de esto? Ocultos. Todo se basa en un proceso de reciclaje de candidatos.

Pedro Pierlusi, que a todas luces parece ser el candidato a la gobernación del PNP, calla ante la corrupción. Al que declararon inconstitucional por haber juramentado ilegalmente en casa de su cuñado, el poderoso cabildero Andrés Guillemard, guarda silencio porque es conveniente. El representa los intereses de los que no quieren que la verdad se sepa y calla, repitiendo así la historia. En vez de ser el binomio Ricky Rosselló-Elías Sánchez, será Pierluisi-Guillemard. Por eso hay silencio.

Otra figura que se recicla es Héctor Martínez, quien busca volver al Senado. Fue hallado culpable en dos ocasiones, por dos paneles de ciudadanos comunes y corrientes, pero eso no importa. La esencia aquí es volver al poder. Como él hay muchos otros.

El viernes también reapareció William Villafañe, y en un vídeo bien producido que subió a su Facebook, anunció que busca un escaño en el Senado. No dijo que él fue parte del primer escandaloso chat, el de WhatsApp. El chat que le costó su puesto, el de su subalterna Itza García y por el que hoy cumple una sentencia el expresidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Rafael Ramos Sáenz. No, eso no le importa. Importa decir que él es “cristiano y amoroso”, un “patriota de la estadidad”, como se autoproclamó. Nadie pone en duda su capacidad y experiencia, pero habría que preguntarse si solo funcionan en el gobierno, donde siempre ha trabajado, o es que el sector privado no lo quiere.

Entonces una mira alrededor y el panorama es aún más nefasto. El Partido Popular no existe. Dos o tres se toman fotos con gente diciendo que hacen campaña en la isla, pero no dan un tajo por defender al pueblo a nivel público. Se fueron de viaje durante el huracán María y se escondieron durante las protestas del verano. En el peor momento en la historia de Puerto Rico, los populares se callan. Con contadas, minúsculas e inconsecuentes excepciones, ningún popular sale a hablar o denunciar los problemas aquí ni mucho menos el caos, porque también son parte de esa mafia institucional.

A la hora de la verdad el PPD y el PNP son iguales, al PIP no le hacen caso y en los líderes de Victoria Ciudadana no cree nadie. Lo que nos trae a la conclusión más certera de que a Puerto Rico le pasará igual que los americanos. En Estados Unidos por más “impeachment” y críticas, Trump va a ganar. Acá, por más corrupción que se cometa, por más insultos que hizo Rosselló y su manada de perros, el PNP ganará. La mafia institucional no se puede dar el lujo de perder. Ellos son los que mandan.