Periodista independiente en Puerto Rico

Friday, September 18, 2026

Victoria ambiental en Ranchos Guayama de Salinas: Cero campos de tiro de CODEPOLA

Acuerdo del DRNA establece $61,000 en sanciones a CODEPOLA, quienes además tendrán que pagar multas y costos periciales y técnicos, y presentar un Plan de Mitigación Ambiental; son vecino de comunidad Cimarrona



Publicado en Substack con entrevista en audio

Por Sandra D. Rodríguez Cotto 

Lo que comenzó hace cinco años en la comunidad de Ranchos Guayama, en Salinas, como una lucha vecinal para proteger el bienestar de las familias y las áreas naturales del sector, culminó ayer en un acuerdo administrativo ante el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) que establece más de $61,000 en sanciones, mitigación ambiental y costos técnicos contra la Corporación Poseedores Licencia de Armas de Puerto Rico, conocida como CODEPOLA, además los obliga a la siembra y protección de 112 árboles nativos.

El acuerdo, alcanzado en el proceso administrativo contra los querellados Roberto Ramos Colón y Ariel Torres Meléndez —este último presidente de CODEPOLA—, ordena el pago de una multa administrativa de $25,000, una aportación de $29,000 para un Plan de Mitigación Ambiental y $7,000 adicionales para cubrir costos periciales y técnicos relacionados con la regularización de un pozo de agua que operaba sin permiso.

"Se trata de demostrar que cuando una comunidad se organiza, persevera y defiende responsablemente sus áreas naturales y su bienestar, puede lograr resultados. Ranchos Guayama habló, denunció y resistió durante cinco años. Ahora vamos a permanecer vigilantes pues CODEPOLA tiene que cumplir las condiciones del acuerdo”, dijo José Cora Collazo, presidente de Acción Social y Protección Ambiental (ASPA) —organización que participó como parte interventora en el proceso.

CINCO AÑOS DE EXCAVACIONES, TALA Y POZO SIN PERMISOS

En entrevista con EN BLANCO Y NEGRO CON SANDRA, Cora Collazo confirmó que todo comenzó en 2021, cuando Torres intentó localizar en 29 cuerdas de Ranchos Guayama lo que describió como el campo de tiro más grande del Caribe. Los trabajos, dijo, arrancaron sin ningún tipo de permiso: excavaciones, tala de árboles y el hincado de un pozo de agua sin franquicia.

Tras varias querellas de residentes e investigaciones administrativas, el DRNA determinó que Torres y Ramos habían realizado trabajos de excavación, remoción, relleno y depósito de material, corte y tala de árboles, e hincado de pozo sin contar con los permisos requeridos.

Parte del problema inició cuando la comunidad se percato que CODEPOLA estaba usando una maquinaria que supuestamente le pertenecía al Municipio de Salinas para hacer las primeras construcciones. El Municipio se negó a entregar las bitácoras de uso del equipo pesado, lo que impidió que la agencia pudiera imponerle responsabilidad al municipio por los primeros movimientos de tierra. Ni los portavoces de CODEPOLA ni la alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla, respondieron a las llamadas de este medio para obtener sus reacciones.

“NO IMPORTAN LOS COLORES POLÍTICOS”

Para Cora Collazo, el resultado de; DRNA es producto directo de la perseverancia de los residentes. "Nosotros siempre tuvimos claro por qué estábamos luchando. Durante estos cinco años vimos intereses y presiones alrededor de este proyecto, pero la comunidad tomó la decisión más importante: unirnos y defender a Ranchos Guayama. Aquí no importaban los colores políticos; importaban nuestro hogar, nuestra gente y nuestras áreas naturales", expresó.

En entrevista radial, el líder comunitario detalló que el 85% de los residentes de Ranchos Guayama son personas mayores de 65 años, y sostuvo que el proponente del campo de tiro apostó a que la edad de los vecinos facilitaría el proyecto.

"Nos llamó de todo, nos insultó, nos decía de todo. Y la comunidad prevaleció porque teníamos la verdad", relató, y añadió que actualmente enfrentan una demanda por difamación radicada por Torres contra la comunidad.

Cora Collazo destacó la firmeza de la Lcda. Mildred Sotomayor Bourbón, representante del interés público del DRNA, así como el trabajo de los licenciados José Colón Pérez y Segundo Meléndez Zayas, quienes representaron a la comunidad durante el proceso. En la entrevista, explicó que las querellas las presentan las comunidades, pero luego quedan fuera del expediente a menos que paguen de su bolsillo para que un abogado entre como parte interventora — como ocurrió en este caso.

Como parte de las medidas de mitigación que debe tomar CODEPOLA, se le exige la siembra y protección de 112 árboles nativos —entre ellos bayahondas, hojas menudas y escambrones— con un compromiso de seguimiento e informes durante cinco años para verificar su supervivencia. Según indicó Cora Collazo, el próximo paso formal es la firma del secretario del DRNA.

SALINAS, ¿EL “VERTEDERO” DEL ÁREA SUR?

Más allá del caso de Ranchos Guayama, Cora Collazo alertó durante la entrevista sobre lo que describió como un patrón más amplio en Salinas: la disposición de material de cenizas en terrenos del municipio, incluyendo denuncias recientes en la comunidad vecina de Cimarrona.

Señaló que un portavoz de AES, incluso admitió en una vista pública ante la Cámara de Representantes y a preguntas de la legisladora del Partido Independentista Puertorriqueño Nellie Lebrón, que el material contaminado había tenido como destino a Salinas, y cuestionó el silencio de la alcaldesa Bonilla ante estos señalamientos.

Este medio ha documentado desde 2022 distintos señalamientos sobre el manejo ambiental en Salinas, incluyendo el relleno con cenizas denunciado públicamente en 2023.

  • En marzo de 2022 publicamos una serie de mensajes de texto y chats corroboraron que la alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla sabia de los crímenes ambientales en su municipio desde el ano 2015 sin hacer nada para evitarlos.
  • En abril de 2022 dimos a conocer de una fiesta del año 2015 que hizo la alcaldesa de Salinas Karilyn Bonilla, el Rep. Narmito Ortiz y otros políticos fueron parte de un festival playero dentro de la reserva en Salinas
  • En marzo de 2023 dimos a conocer el temor que sentía el entonces secretario de DRNA, Rafael Machargo, ante el desalojo de invasores en la reserva natural Las Mareas en Salinas, por temor a continuas amenazas de muerte por narcotraficantes y “personas de poder”
  • En mayo de 2023 hicimos un recuento de los artículos sobre crímenes ambientales en la zona.

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