En una concurrida conferencia de prensa con líderes cívicos y gremios de prensa, la institución denunció un patrón sistemático de intimidación, persecución partidista y leyes restrictivas que asfixian la libertad de expresión y el acceso a la justicia.
Lcdas. Yanira Reyes y Vivian Godineaux Villaronga, presidenta entrante y presidenta actual del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico en la rueda de prensa de hoy
En una de las manifestaciones
de unidad institucional más contundentes de los últimos años, el salón sede del
Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR) lució abarrotado de
juristas, defensores de los derechos humanos, líderes comunitarios y
representantes de gremios periodísticos. El motivo de la amplia convocatoria:
denunciar lo que catalogan como un patrón sistemático y peligroso de acoso,
intimidación y erosión de las garantías constitucionales en la isla.
A lo largo de sus 186 años de historia, la institución togada ha servido como baluarte de la democracia, pero las portavoces del gremio advirtieron que la coyuntura actual bajo el gobierno de Jennifer González, refleja una intensificación sin precedentes en las tácticas del poder ejecutivo y legislativo para silenciar el disenso.
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| Yanira Reyes y Vivian Godineaux Villaronga, presidenta entrante y presidenta actual del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico |
“La Constitución de Puerto Rico
establece con claridad que nuestro sistema de gobierno tiene como meta promover
el bienestar general y asegurar el goce cabal de los derechos humanos. Sin
embargo, en tiempos recientes hemos observado limitaciones preocupantes a
derechos esenciales”, aseveró la Lcda. Vivian Godineaux Villaronga, presidenta
del CAAPR.
Al ser cuestionada sobre la
urgencia del reclamo, la presidenta fue enfática: la convocatoria responde al
incremento de estas violaciones bajo la presente administración estatal,
evidenciado en proyectos de ley punitivos y en el uso de la fuerza pública. “Lo
que palpamos es que podemos ver cómo mandan a la policía contra manifestantes,
en lugar de defender los derechos constitucionales”, denunció Godineaux
Villaronga, al tiempo que exhortó a la ciudadanía a no ceder al miedo y ejercer
su libertad de expresión.
CASTIGO POLITICO E INTIMIDACION JUDICIAL
Durante la conferencia se
detalló un "efecto paralizador" (chilling effect) diseñado
para desalentar la crítica gubernamental. Entre las modalidades de represalia
expuestas destacan las presiones sobre fiscales y jueces que emiten criterios
independientes, traduciéndose en traslados punitivos o en la negativa a ser
reevaluados para sus cargos si no militan en el partido de gobierno. De igual
forma, se denunció la radicación de querellas éticas maliciosas ante el
Tribunal Supremo contra abogados de defensa, con la intención de amedrentarlos
bajo la amenaza de suspensiones o la pérdida de su licencia profesional.
La Lcda. Yanira Reyes,
presidenta entrante del CAAPR, enfatizó que la defensa de los derechos humanos
no puede catalogarse ni perseguirse según la conveniencia del gobierno de
turno.
“En efecto, hay medidas que son
represalias contra fiscales, jueces y abogados de defensa por no pertenecer al
partido de gobierno de turno, sino por ser críticos”, sostuvo Reyes. La jurista
recordó las expresiones públicas de la alta directiva senatorial condicionando
los nombramientos judiciales a la filiación partidista, y subrayó el compromiso
histórico del Colegio mediante su cuerpo de observadores en manifestaciones y
procuradores que defienden a abogados querellados: “Hay que vincular lo que
estamos viendo con la cantidad de proyectos de ley que se han aprobado para
limitar derechos... El Colegio de Abogados y Abogadas no va a limitarse en
hacer la denuncia y defender a todos estos sectores”.
ASEDIO A LA PRENSA Y COMPLICIDAD INSTITUCIONAL
En la conferencia de prensa habla la presidenta del OPC Wilma Maldonado Arrigoitía, a su lado esta la presidenta de la ASPPRO Nydia Bauzá, y sentadas la presidenta entrante y la actual presidenta del Colegio de Abogados, Yanira Reyes y Vivian Godineaux Villaronga
El cerco institucional no solo
impacta a la abogacía y a la ciudadanía que se manifiesta en las calles por
servicios esenciales como el agua y la energía eléctrica; el ejercicio del
periodismo enfrenta un embate de igual o mayor magnitud.
Wilma Maldonado Arrigoitia,
presidenta del Overseas Press Club (OPC), alertó sobre un preocupante
“retroceso en derechos y en la libertad de prensa”, propiciado por la
complicidad entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Maldonado denunció que
las comisiones legislativas aprueban proyectos a puerta cerrada sin permitir
que los sectores afectados deponen o expresen sus posturas.
Por su parte, Nydia Bauzá,
presidenta de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO), detalló
cómo el patrón de agresiones legislativas busca asfixiar el trabajo de
investigación periodística y reducir la transparencia.
“Estos últimos años ese ataque
se ha agudizado. Se ve en un patrón de proyectos de ley que se gestan en una
Legislatura por todos los flancos para restringir y ponernos más trabas en el
ejercicio de nuestro trabajo”, afirmó Bauzá, condenando además los intentos del
estado por definir quién es o no periodista y controlar el acceso a las
conferencias de prensa oficiales.
En la conferencia de prensa había
decenas de reconocidos abogados, constitucionalistas y profesores de derecho. Además,
contó con el respaldo de organizaciones como Amnistía Internacional, la ACLU,
Kilómetro 0, Ayuda Legal PR y la Sociedad para la Asistencia Legal, el CAAPR
reafirmó su postura de vanguardia: no habrá tregua en la defensa del Estado de
derecho ni en el resguardo de quienes ejercen la labor indispensable de
defender la libertad en Puerto Rico.
Listado de leyes y medidas recientes que amenazan la libertad de
expresión y el acceso a la información
- Enmiendas restrictivas a la Ley de
Transparencia: Imposición de trabas burocráticas y
procesales que dilatan la entrega de documentos públicos, obligando a los
medios y ciudadanos a acudir a procesos judiciales para acceder a
información de carácter inmediato.
- Manto de confidencialidad en el Registro
Demográfico: Medida que clasifica como confidenciales
los certificados de nacimiento y defunción, privando a la prensa de
herramientas esenciales para la fiscalización y la investigación
periodística.
- Restricción del acceso a documentos
históricos: Aprobación de legislación (2025) que limita
el carácter público y la libre consulta de archivos y documentos de valor
histórico para el país.
- Proyecto para prohibir la cobertura de
vistas preliminares: Tentativa legislativa para bloquear el
acceso de los medios de comunicación a las vistas preliminares en los
tribunales, atentando contra el principio de publicidad procesal
reglamentado por el Tribunal Supremo.
- Criterios de acreditación y control de
acceso del Ejecutivo: Políticas administrativas destinadas a
catalogar arbitrariamente quién es considerado periodista y a restringir
la entrada a conferencias de prensa e instalaciones gubernamentales.
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