Hoy, que se
celebra el Día Nacional del Periodista, este noble oficio enfrenta una de las
épocas más retantes en la historia de Puerto Rico.
La
polarización política e ideológica entre las empresas mediáticas, el
crecimiento vertiginoso de la Internet que trae más competencia, las
reducciones en plantillas de periódicos y telediarios, la falta de apoyo a las
nuevas propuestas empresariales de periodistas del patio, la eliminación de
reporteros de radio para sustituirlos por comentaristas, y la falta de empleo,
son sólo algunos de los muchos retos que encuentra a diario el periodista
puertorriqueño.
Y como si eso
fuera poco, los periodistas se enfrentan cada vez más a retos oficialistas que,
gobierno tras gobierno, administración tras administración, tratan de limitar
accesos para coartar el ejercicio del periodismo y por ende, el derecho del pueblo
a estar informado. Antes fue la Ley de la Mordaza, o los golpes de macanas a
periodistas, o las más de 40 medidas legislativas que en un año se radicaron
para afectar el ejercicio periodístico en los años 90 y que combatimos con
éxito desde el Overseas Press Club y la Asociación de Periodistas de Puerto
Rico (ASPPRO) ante la Legislatura y los Tribunales.
Hoy se trata
del nuevo Código Penal, que con el pretexto de proteger a periodistas en
actividades públicas, en realidad le dan carta blanca a que las autoridades a
impedir la libertad de prensa. En su
artículo 243 el Código Penal dispone que: “(i)incurrirá en delito menos grave
toda persona que ilegalmente y sin propósito legítimo alguno, durante la
celebración de actos oficiales, obstruya intencionalmente la transmisión de
cualquier medio de comunicación, o la toma de imágenes fotográficas, digitales
o de video”.
Este artículo
permite, por ejemplo, que ujieres en las gradas del Capitolio impidan a
fotoperiodistas realizar su labor, como pasó el viernes pasado en un operativo
federal en Plaza Guaynabo en el que miembros de la Policía Municipal atacaron y
hasta arrestaron a fotoperiodistas que cubrían las incidencias. O como pasó en
la huelga de la UPR en el 2011 o durante el cierre del hemiciclo en el Senado
en el 2010.
El problema
con esta legislación, y como muchas otras que se disfrazan como protecciones
cuando verdaderamente son límites, es que no se trata de que afecten al
periodista o al medio noticioso. Afectan al país, al público, que no estuvo en
el lugar de los hechos, pero tiene el derecho a recibir la información.
