El martes comienza en el Tribunal de Mayagüez el juicio contra los manifestantes golpeados y arrestados por la Policía en la protesta por la construcción en la caseta de los suegros de la gobernadora en La Parguera
Los arrestados en La Parguera. De izquierda a derecha, arriba: Sheila Mejía Luciano, Pedro Mangual e Iona Fournier Gómez. Abajo: Imalay Arroyo, Juan Edil Rodríguez y Francesca Vélez Ramírez
Por Sandra D. Rodríguez Cotto
A poco más de 3 años de los controvertibles y mediáticos
arrestos de los manifestantes que protestaron en La Parguera por la construcción
ilegal en la caseta de los suegros de la hoy gobernadora, Jennifer González, el
martes comienza el juicio en el Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez.
Se trata de un caso altamente controvertido, largo, que
culminó con la imposición de una fianza global extraordinaria de casi $600,000,
que vincula a figuras del gobierno, a diversas agencias estatales y federales,
y más que nada, ejemplifica una de las luchas ambientales más fuertes de los últimos
años: la oposición a que sigan construyendo de manera privada en una reserva
natural y en la playa.
El juicio será ante la sala de la jueza superior Vilmary
Ortiz Pardo, e involucra a tres de los seis acusados que decidieron seguir el
proceso judicial. Otros tres que fueron arrestados, se declararon culpables
para no tener que seguir con el castigo de tener que usar grilletes electrónicos
por más de dos años, sin una sentencia final.
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| La caseta de los suegros de la gobernadora Jennifer González en La Parguera |
El martes 22 de septiembre irán a juicio Francesca Vélez
Ramírez, Juan Edil Rodríguez González y Sheila Mejia Luciano. Esta última es la
esposa del hoy senador por nominación directa, Eliezer Molina. Todos son
representados por reconocidos abogados criminalistas.
A Mejía Luiciano le impusieron una fianza de $50,000 y
es representada por el licenciado Gabriel Olivieri Miranda; Rodríguez González también
tuvo una fianza de $50,000 y es representado por José Silva Riollano, y a Vélez
Ramírez, quien recibió duros golpes de oficiales de la policía el día del
arresto, le impusieron $75,000 de fianza, y la representa el licenciado Oscar Martínez
Borrás.
Los tres fiscales del caso son Vanessa Rivera, Andy
Rodríguez y Rosa Acevedo. Además, ya se certificaron los 12 miembros del jurado
y tres suplentes.
El juicio será transmitido en vivo por las plataformas
del Poder Judicial y por la prensa independiente.
LOS OTROS ACUSADOS
Hubo
tres acusados que no siguieron con el proceso. Los arrestados Pedro
Mangual e Imalay
Arroyo, a quienes la jueza Vázquez les había impuesto fianzas extraordinarias
de $100,000 a cada uno, y tenían grilletes electrónicos. En múltiples entrevistas
con este medio, y en el programa radial En Blanco y Negro con Sandra, ambos
imputados dijeron estar afectados emocionalmente por sus grilletes, que les
limitaban su vida cotidiana. Ambos calificaron su arresto como fabricaciones,
pero al final, aceptaron culpabilidad para que les quitaran el grillete.
La
joven Iona Fournier Gómez decidió declararse culpable hace unos meses para
evitar que le impusieran un grillete, porque se le hacía económicamente imposible
transportarse a las vistas en el tribunal de Mayagüez y por lo atropellado del
proceso. A ella la jueza Vázquez le impuso la mayor fianza, de $200,000.
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| Uno de los contingentes de la Policía que daban protección a la caseta de los suegros de La Gobernadora en La Parguera, el día de los hechos |
CASTIGO
EJEMPLAR SIN JUICIO
Este caso empezó
con la protesta en La Parguera el 9 de julio del 2023. A pesar de la gran cantidad
de manifestantes y del enorme contingente de policías de unidades tácticas y
otras en el lugar de los hechos, hubo solo 6 arrestados. Pero desde el
principio se detallaron irregularidades en el proceso.
Una fue la imposición
de la fianza global de casi $600,000 y que no se celebraron vistas porque los
tres policías que testificaron, lo hicieron mediante declaraciones juradas.
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| Jueza María del Pilar Vázquez impuso casi medio millón en fianzas. |
En aquel momento
la jueza Vázquez, que fue la que tomó esa decisión, estaba buscando que la
nominaran en ascenso de magistrada municipal a jueza de primera instancia. Según
informaciones extraoficiales, esta jueza que mantiene páginas en redes sociales
como Facebook, ha hecho gestiones para lograr mantener el cargo, pero no será renominada.
Además del
castigo ejemplar que se impuso con las fianzas, en esa misma zona de La Parguera
se estaban cometiendo varios delitos que la Policía no investigó ese día, y que
los manifestantes denunciaron. Uno de esos fue que removieron el contador eléctrico de la caseta de los suegros de la gobernadora, lo cual es
ilegal, pero la Policía no actuó. Se trató del nuevo modelo Focus XR SD con el
número de medidor 95 505401 que fue colocado por LUMAEnergy a nombre de Carmen
Collado Pacheco.
Otro cuestionamiento surgió en julio de 2024 cuando publicamos vídeos donde la jefa de fiscales de
Mayagüez, Blanca Portela, y otros fiscales amedrentaron testigos de defensa en el
caso de La Parguera, lo que violó cánones de ética.
ACCIONES POSTERIORES A LOS ARRESTOS
En
enero de 2025 el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA)
emitió una certificación que confirmaba que la casa y el muelle de la familia
de la gobernadora González en La Parguera, son ilegales. Pero ese mismo día el
presidente de la Cámara de Representantes, Johny Méndez, presentó el proyecto
25 para ajustar la ley de Puertos, legalizar y redefinir qué constituye una
Zona Marítimo Terrestre y cuál puede ser su uso. Esa medida legalizaría la
caseta de los suegros de la gobernadora. La medida fue criticada por
potencialmente violar leyes federales y por su impacto en la legalidad y
conservación de los recursos naturales.
Cabe recordar que la gobernadora designó como
secretario del DRNA a Waldemar Quiles, hijo. A las dos horas de su
nombramiento, el nuevo secretario archivó los casos administrativos en
beneficio directo a suegros de la gobernadora.
Quiles dejó sin efecto 22 querellas que había ante la
Oficina de Examinadores y Jueces Administrativos existentes sobre trabajos
donde enclavan las casetas de La Parguera. Una de esas querellas corresponde a
los suegros de la gobernadora.
Los suegros de la gobernadora, José del C. Vargas
Cortés e Irma Llavona Rivera, enfrentaban cargos por construcción ilegal,
relleno de mangle y daños ambientales en la Reserva Natural de La Parguera
desde 2023. Con la acción del secretario Quiles, se integrarían esas
estructuras "legalmente" mediante concesiones, permitiendo que otros
propietarios en la zona también legalicen sus construcciones no autorizadas
pagando un canon. Esa acción ha sido ampliamente critica por expertos que la
catalogan de ilegal, ya que el reglamento del DRNA prohíbe viviendas
residenciales en la ZMT.
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