En un documento de cuatro páginas el senador independiente refirió los crímenes ambientales a Justicia, Cuerpo de Ingenieros, EPA y otras agencias en Washington
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| El senador Eliezer Molina firmando la carta ayer |
Primero protestó, y como los crímenes continuaron, ahora se querelló en Washington. El senador independiente Eliezer Molina exigió a diversas autoridades federales la intervención inmediata para parar definitivamente los continuos crímenes ambientales que se comenten en la reserva natural de La Parguera en Lajas.
En una demoledora carta de cuatro páginas y cinco documentos anejados, el también activista ambiental evidencia cómo tanto los gobiernos locales como los federales han permitido que se destruya el patrimonio natural de Puerto Rico en la zona de La Parguera, al no detener la construcción de casetas ilegales.
Además, demuestra con imágenes cómo la huella humana de embarcaciones y construcciones ilegales ha acabado con especies endémicas y en peligro de extinción como tortugas, careyes, pelícanos pardos y mirlos de hombros amarillos, así como distintos tipos de mangles y salitrales en la zona. Incluso denuncia que la bioluminiscencia se pierde por el daño que causan casetas, embarcaciones y todo lo que la gente lanza al mar.
Request for immediate intervention
Addendum 1 , Addendum 2 , Addendum , Addendum 4 ,Addendum 5
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| La carta tiene imágenes de mangles destruidos en La Parguera |
“Nos place anunciar a todas las personas que están esperando por ver la justicia es que hemos hecho este referido, porque esto no puede permanecer así. Ya era hora. Estos crímenes ambientales se tienen que acabar”, dijo Molina En Blanco y Negro con Sandra.
Esta carta fue dirigida agencias distintas de los Estados Unidos fue enviada a William H. “Butch” Graham, Jr., el teniente general del Cuerpo de Ingenieros con sede en Washington, D. C. También la carta fue dirigida a James L. Booth, Comandante de Distrito del Cuerpo de Ingenieros en la región de Jacksonville, Florida, que supervisa a Puerto Rico. Le envían la carta también al director de la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA), por sus siglas en inglés, Michael S. Regan, así como a la directora de Protección en el Caribe de esa agencia, Carmen Guerrero. Anteriormente ella fue secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).
La carta también fue dirigida a la directora del del grupo de trabajo de Crimen Servicio de Pesca y Vida Silvestre, directora, Martha Williams, así como a Deanne Criswell, principal oficial administrativa de la EPA. También se le envió a Cynthia Ferguson, directora del “Task Force” anticrimen. Además, se le envió al “Chairman” del Comité de Recursos Naturales en la Cámara federal, el representante Bruce Westernman. Además, se le envió a Cynthia M. Ferguson, directora de la División de Ambiente y Recursos Naturales. Incluyeron también en la misiva al = jefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico, Stephen Muldrow.
“Sería catastrófico para Puerto Rico que lo que ustedes categorizan como un crimen ambiental en la Bahía Jobos en el municipio de Salinas, es tolerado y premiado en reserva natural en La Parguera. Nuestro pueblo no tolerará más la doble moral”, reclamó Molina,
EL DESGLOSE DE LA CARTA
La extensa carta hace una relación de cómo La Parguera fue designada reserva natural el 20 de septiembre de 1979, ya que tiene uno de los sistemas de manglares costeros más grande en Puerto Rico, así como extensas marismas a lo largo de la costa. Los arrecifes de coral y las praderas marinas de la reserva sustentan una comunidad diversa de peces y son importantes para la pesca local. También eso ayudó a que sea una de las tres bahías luminiscentes en Puerto Rico.
La carta explica que entre los años 1930 al 1950 se hicieron unas concesiones a unos pescadores para que pudieran construir cinco casetas pequeñas para tener en una estructura de madera los botes para poder irse a pesca. En la década del 60 esas pequeñas estructuras se multiplicaron y se empezaron a expandir de manera ilegal la identidad de los ocupantes.
Entonces dejó de ser un área para pescadores para convertirse en casetas de millonarios y gente pudiente que empezaron ilegalmente a utilizar esas casetas para sus vacaciones. Hoy en día hay sobre 100 estructuras ilegales en toda esa costa.
Bajo la administración de Carlos Romero Barceló, el 13 de junio de 1978 el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos y el gobierno firmaron un memorando de entendimiento donde acordaban preservar la huella y limitar las construcciones.
En enero de los 1981 el memorando se enmendó para se hicieran unos sistemas de recogido de desperdicios sólidos y líquidos, pero todas las estructuras que fuesen removibles tenían que eliminarse. En los próximos 12 años, dueños privados de estas estructuras empezaron a instalar y a seguir añadiendo sistemas sépticos y el gobierno permitió la destrucción.
“Cuarenta años después de su aprobación, por la falta de acción de las autoridades, la reserva natural ha experimentado:1) reducción en el área de manglares, 2) reducción de áreas de humedales y marismas, 3) 3 impacto directo en la bahía bioluminiscente, 4) la destrucción de hábitats de especies en peligro de extinción, 5) aumento en el uso de embarcaciones lo que resulta en el sacrificio de animales marinos en peligro de extinción entre otros”, dice la carta.
“Ignorando audaz y descaradamente el memorándum, estos adinerados ocupantes, alteran la integridad química, física y biológica de las aguas, violando la ley de agua limpia, la ley de hábitat esencial para peces, destruyendo manglares y humedales”, dice la carta. Violan también reglamentos de FEMA y la Ley de Aguas limpias.
RIVERA SCHATZ Y EL PIP ACTÚAN
Molina envió la carta anoche, a pocas horas de que el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, anunció que el martes habrá una sesión total para interpelar al Secretario designado del DRNA, Waldemar Quiles, hijo. La interpelación será sobre la orden administrativa 2025-001 que archivó los casos relacionados con las construcciones ilegales de los suegros de la gobernadora en La Parguera.
Ayer también los legisladores del Partido Independentista Puertorriqueño Legisladores del PIP buscan frenar impunidad en querellas ante agencias gubernamentales presentaron un proyecto que, de convertirse en ley, garantizaría que no se repita en ninguna agencia del gobierno el ejercicio de arbitrariedad y abuso de poder mediante el cual el titular designado del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) ordenó el archivo de varias querellas relacionadas con la ubicación ilegal de casetas en la Parguera, con la tala también ilegal de especies protegidas como los mangles, y con la alteración de hábitats de especies vulnerables.
“La Orden Administrativa del Sr. Waldemar Quiles no sólo constituye una violación al debido proceso y a la igual protección de las leyes en aquellos casos en que se buscaba adjudicar responsabilidad por actos ilegales contra los recursos naturales; es también un peligroso precedente para otras agencias. ¿Puede un Secretario de Justicia ordenar a su capricho el archivo de casos de corrupción contra funcionarios del partido en el gobierno? ¿Puede el titular del Departamento del Trabajo disponer que se archiven querellas contra patronos que han contribuido a campañas políticas? Con esta medida, buscamos asegurar la clara interpretación de la letra de la ley que, por lo visto, a juicio del régimen González Colón, no basta para guiarles en el curso de la administración de la justicia”, indicó la Senadora María de Lourdes Santiago Negrón.
El portavoz cameral del PIP, Denis Márquez Lebrón, agregó que “este proyecto que hemos radicado es un mecanismo para proteger el debido proceso de ley en las agencias del gobierno tal y como reclaman los querellantes que exigen que los casos que radican se vean en sus méritos. Es, además, una protección al interés público que no puede evadir la responsabilidad de que los casos se decidan en sus méritos”.
PROTESTAS EN LA PARGUERA
Los crímenes ambientales en La Parguera cobraron mayor reconocimiento público en julio del 2023 cuando hubo una protesta en la zona encabezada por Molina. Seis manifestantes fueron arrestados en la protesta, incluyendo su esposa, y se les impuso una fianza global de más de medio millón de dólares en un caso altamente dudoso.
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