Los fiscales que por 1 año ocultaron información, ahora usan orden administrativa DRNA para esconder documentos de manifestantes, intentan mordaza a la prensa (Documento)
Nuevamente vuelve a hacer crisis la polémica orden con la que se estrenó en el puesto el secretario de Recursos Naturales, Waldemar Quiles. Se trata de la orden con la que legalizó las casetas de los suegros de la gobernadora Jennifer González además de otras construcciones ilegales en el litoral de La Parguera en Lajas.
Pero en esta ocasión también se nota la injerencia del poder político del Departamento de Justicia a través de la Fiscalía en el caso contra los manifestantes y la intención de imponer una mordaza a la prensa para que no reporte lo que pasa en el caso.
Los fiscales de Mayagüez usaron esa Orden Administrativa de DRNA como base para oponerse a que el público se entere de los procesos en el juicio. Le solicitaron a la jueza Vilmary Rodriguez Pardo que imponga una mordaza para que el periodista José Luis Lebrón de Prensa Comunitaria no pueda divulgar más información sobre el caso.
En esa vista de seguimiento con antelación al juicio, también, la defensa anunció que sus clientes enfrentarán el juicio por jurado. Dicho juicio está pautado para el 24 de febrero y será transmitido en vivo por las plataformas sociales de Prensa Comunitaria por una petición que hizo el periodista Lebrón y fue concedido por el Tribunal Supremo. Lebrón ha solicitado la transmisión de otras vistas en este caso.
Por más de un año la Fiscalía aguantó la información exculpatoria que la defensa de los seis manifestantes arrestados en La Parguera solicitaba, y que tenían derecho a obtener para sus casos. Esto incluía vídeos tomados por varios periodistas y medios que cubrieron la protesta. Pero más recientemente la defensa tuvo unas victorias en el caso.
Hace poco la jueza Rodríguez Pardo autorizó que se divulgara información pública que corroboraba que la caseta de los suegros de la gobernadora, la familia Vagas Llavona, no tenía certificación del Registro de Propiedad ni del DRNA.
El caso también pone nuevamente de frente a la gobernadora González y las acciones del secretario del DRNA contra el senador Eliezer Molina y los manifestantes. Las mociones de hoy fueron en el caso de la ingeniero Sheila Mejías, esposa del senador, y que fue acusada de agredir a un policía con agua.
En julio de 2023 hubo una protesta en La Parguera. Tal y como reportó entonces EN BLANCO Y NEGRO, que presenció los hechos, en un momento de la protesta Mejías fue rodeada policías altos y corpulentos. Ella mide menos de cinco pies de altura. Ante el calor en la zona, Mejías se echó agua de una botella plástica por el cabello y varias gotas mojaron el pantalón de un oficial que lo catalogó de agresión. Las arrestaron e impusieron una fianza de $50,000.
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| Manifestantes arrestados en La Parguera |
Los otros manifestantes golpeados por oficiales de la Policía, como se ve en los vídeos, y acusados son Iona Fournier Gómez ($200,000 de fianza), Imalay Arroyo Surita ($100,000 de fianza más grillete), Pedro Amengual Gutiérrez ($100,000 de fianza y grillete); Francheska Vélez Ramírez ($75,000 de fianza), y a Juan Edil Rodríguez González, que al igual que Mejías, el impusieron $50,000 de fianza.
De todos esos manifestantes, Arroyo Surita y Amengual Gutiérrez aceptaron culpa para que les quitaran un grillete que llevaban puesto por más de un año. El resto siguió el caso.
Los hechos se remontan al 9 de julio de 2023, cuando más de un centenar de oficiales de Operaciones Tácticas y otras unidades de la Policía de Puerto Rico arrestaron a ocho manifestantes que protestaban por el daño de las construcciones ilegales al mangle de la reserva natural de La Parguera. La jueza de Mayagüez María del Pilar Vázquez encontró causa para arresto e impuso una fianza global de sobre $500,000. Por declaraciones juradas esta jueza, identificada por su activismo político con el gubernamental Partido Nuevo Progresista, impuso fianzas más altas que las impuestas a asesinos y pedófilos en ese mismo tribunal, según constató este medio.
Dos días después del arresto de los manifestantes, para el 11 de julio, la Unidad de Crímenes Cibernéticos de la Policía ya había descargado vídeos de varias páginas de Facebook y de Wapa TV, según testificó en sala esta semana el oficial de la Policía Dennis Martínez. El 20 de julio de 2023 fue la vista de Regla 6 donde acusaron a los manifestantes por diversos delitos.
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