La solicitud fue dirigida a Joseph González, Comisionado de la Policía de Puerto Rico, quien incumplió con su deber de brindar acceso a documentos clave sobre fondos públicos, operativos y salvaguardas de derechos civiles.
La
Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico
presentó este lunes una petición de mandamus ante el
Tribunal de Primera Instancia en San Juan, en representación del periodista
Carlos Berríos Polanco, para exigir que la Policía de Puerto Rico entregue
información pública sobre su participación en
Operación Stonegarden, un programa de subvenciones federales.
La acción judicial surge luego de que la Policía no respondiera dentro del término establecido por la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública, Ley Núm. 141-2019, según enmendada, a una solicitud presentada el 19 de febrero de 2026 a través del llamado Portal de Transparencia del Gobierno de Puerto Rico.
“Estamos hablando de información sobre uso de fondos públicos, coordinación con agencias federales, adquisición de equipo y salvaguardas de derechos civiles. Esa información no le pertenece a la agencia, sino al país”, expresó Fermín Arraiza Navas, director legal de la ACLU de Puerto Rico. “La ley no permite que una agencia simplemente calle, deje vencer el término y trate el acceso a la información como si fuera opcional”, subrayó.
Operation Stonegarden es
una subvención federal de FEMA para operaciones conjuntas en fronteras
terrestres y marítimas internacionales. El programa financia coordinación entre
agencias federales y policías estatales y municipales, para
atender actividades delictivas
transfronterizas como narcotráfico, tráfico de
personas y terrorismo.
“El acceso a la información pública es un derecho constitucional indispensable para fiscalizar al poder y para que el país pueda evaluar actuaciones del gobierno con seriedad, datos y hechos. Cuando el gobierno guarda silencio ante una solicitud de esta naturaleza, lo que hace es bloquear el escrutinio público”, afirmó Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico.
La
solicitud reclama acceso a documentos relacionados con la administración y
adjudicación de fondos de Operación Stonegarden, así como a propuestas,
memorandos de entendimiento y acuerdos de cooperación
o subadjudicación suscritos con agencias federales entre los años
fiscales 2018 y 2025.
También solicita informes operacionales y datos de cumplimiento de ley. De igual forma, pide registros sobre arrestos, citaciones y otras intervenciones realizadas durante esas operaciones, incluidos documentos que permitan conocer la naturaleza de los cargos y si los casos derivaron en procesos estatales o federales.
La
ACLU de Puerto Rico subrayó que la Ley Núm. 141-2019, según enmendada,
establece un término de 20 días laborables para atender solicitudes de
información pública, contados a partir del día laborable siguiente a su
radicación. Ese plazo solo puede extenderse mediante una prórroga justificada
en circunstancias limitadas. En este caso, al haberse presentado la solicitud
el 19 de febrero de 2026, el término comenzó a correr el 20 de febrero y venció
el 20 de marzo de 2026.
Según
surge del propio Portal de Transparencia, al concluir el término y en ausencia
de solicitud de prórroga, la solicitud quedó marcada con el estatus de
“Silencio Administrativo”, que equivale a una denegatoria de acceso a la
información y faculta a la parte solicitante a acudir al tribunal
para exigir el cumplimiento del deber ministerial de responder y entregar los
documentos públicos.
La
solicitud incluye políticas operacionales y materiales de adiestramiento que
rijan la conducta de los agentes bajo ese programa, con énfasis en uso de
fuerza, interacción con civiles, autoridad para intervenir en asuntos
migratorios y protocolos para referir personas a custodia federal. También pide
documentos sobre garantías de derechos civiles, acceso lingüístico, prevención
de discrimen, mecanismos de querellas e impacto comunitario de estas
operaciones.
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