Organizaciones denuncian que la agencia ignoró comentarios técnicos y ciudadanos mientras impone de forma turbia una estructura tarifaria que asfixia a los más vulnerables.
Portavoces de organizaciones hacen denuncias
Publicado en Substack
El Negociado de Energía de Puerto Rico se encuentra en el ojo del
huracán tras una decisión que, bajo la excusa de una "reducción"
respecto a lo solicitado por LUMA Energy y Genera PR, esconde una realidad
punitiva para el bolsillo del puertorriqueño.
Seis organizaciones de la sociedad civil – [ Comité Diálogo Ambiental,
Inc., El Puente de Williamsburg, Inc., El Frente Unido Pro Defensa del Valle de
Lajas, Inc., CAMBIO PR, Inc., el Comité Yabucoeño Pro-Calidad de Vida, Inc. y
Earthjustice ] - levantaron la voz de alerta no solo por el impacto económico
de la nueva tarifa, sino por lo que parece ser un manejo turbio y selectivo de
la participación ciudadana y técnica.
La controversia surge tras la denuncia de que el Negociado habría
excluido del expediente administrativo informes técnicos y comentarios públicos
fundamentales presentados por estas organizaciones. Según las entidades, LUMA
Energy solicitó activamente la exclusión de estos documentos, en un intento por
limitar el alcance de la fiscalización ciudadana.
"La solicitud de LUMA fue un intento de imponer límites indebidos al contenido y alcance de la participación ciudadana, sin fundamento en la ley", advirtieron los portavoces, quienes hoy mismo enviaron una misiva al organismo exigiendo transparencia y la incorporación inmediata de esos documentos al expediente electrónico.
Las
organizaciones señalaron que, aunque el Negociado admitió una participación
histórica de 961 ponentes, la cifra real es mayor tras la movilización
ciudadana entre febrero y marzo. Esta presión pública fue lo único que frenó el
aumento original de LUMA y Genera, al evidenciar el impacto devastador que
tendría la tarifa en los adultos mayores y sectores de bajos ingresos.
Pero la apertura es un espejismo. El Negociado impuso un esquema que
aumenta el cargo fijo y reduce el de consumo, castigando a quienes ahorran
energía o tienen sistemas solares. Es una penalidad a la eficiencia diseñada
para proteger las ganancias de las privatizadoras ante la "espiral de la
muerte": la huida masiva de clientes de una red que simplemente no
funciona.
El cuestionamiento no se queda en la factura. Las organizaciones
denuncian que la decisión final del Negociado abraza una narrativa de
"emergencia" para justificar la expansión del gas metano,
favoreciendo los intereses de New Fortress Energy y Genera PR. A pesar de que más de 170,000 abonados ya
cuentan con sistemas solares en sus techos y que unos 4,000 nuevos sistemas se
instalan por mes, la agencia parece ignorar el potencial de la energía
renovable para estabilizar el sistema sin recurrir a combustibles fósiles
costosos y contaminantes.
Además, el grupo criticó que no se evaluara el uso de fondos por parte
de las privatizadoras, asegurando que los aumentos se habrían evitado con una
administración pública prudente. Mientras el pueblo sufre, el Negociado aprobó
presupuestos para la tala masiva de vegetación bajo una práctica de LUMA
calificada como indiscriminada. El reclamo es claro: Puerto Rico no aguanta más
parchos que solo benefician a los consorcios mientras dejan en la penumbra,
física y administrativa, al país.
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