ACLU y entidades plantean que la Corte Internacional de Derechos Humanos y la asamblea en pleno de la ONU debe ver caso de descolonización de Puerto Rico (INCULUYE DOCUMENTOS)
Dos importantes informes que se acaban de someter
ante organismos internacionales plantean que el caso de descolonización de
Puerto Rico está maduro para ser evaluado por la Corte Internacional de Derechos
Humanos y la asamblea en pleno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Los dos informes fueron sometidos anoche a los organismos internacionales por la Unión de Libertades Civiles Americanas (ACLU por sus siglas en inglés) y por el Instituto Puertorriqueño de Relaciones Internacionales (IPRI).
“Este es el momento idóneo porque Estados Unidos no dice la verdad en los informes que somete cada 10 años como parte del Pacto Internacional de Descolonización. Se trata de la contradicción de Estados Unidos del colonialismo que ejerce sobre Puerto Rico”, sostuvo el abogado Fermín Arraiza, de la ACLU.
Uno de los informes es el que sometió la ACLU y
otras entidades como el Centro de Derechos Constitucionales y Blue Ocean Law ante
el Comité de Derechos Humanos de la ONU en su sede central en Ginebra. Ese
informe se titula: “Hacia la descolonización y las reparaciones: Estados
Unidos, la libre determinación y la incompatibilidad del colonialismo y los
derechos humanos”. Se enfoca en los casos de Guam y Puerto Rico.
El segundo informe fue el que sometió el IPRI ante la subcomisión de la ONU en Derechos Humanos, Cívicos y Políticos, titulado “Informe sobre la Libre determinación”.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU estará sesionando en Ginebra entre el 9 de octubre y el 3 de noviembre de este año, y los organismos plantean que es el momento idóneo para levantar el caso colonial de Puerto Rico a nivel internacional ante la insistencia de los Estados Unidos en decir que esto se resolvió en el 1952.
“Estados Unidos puede ser llevado ante la Corte Internacional de Derechos Humanos y la asamblea en pleno de la ONU por mentir sobre el estatus colonial de Puerto Rico”, dijo Arraiza.
En su informe la IPRI hace un análisis
legal profundo sobre la cláusula de supremacía de la Constitución de los
Estados Unidos y la cláusula Territorial bajo la doctrina de los Casos Insulares
del Supremo federal. Este informe analiza el caso de Balzac, la Constitución
del ELA, las posturas de los Estados Unidos ante la ONU y el Comité de Descolonización,
los problemas actuales bajo la ley PROMESA. Además, exige reparaciones.
Este informe fue firmado por
Esteli Capote Maldonado, codirectora de IPPR y Rafael Rodríguez Rivera, director
de la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad Interamericana.
Mientras que, en el informe de
la ACLU, que contiene unas 105 páginas incluyendo los múltiples anejos, se exige
que la ONU revise el incumplimiento de los Estados Unidos con el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
“Estados Unidos se considera
un líder mundial comprometido con la libertad, la justicia y el estado de
derecho. Sin embargo, en esta, la cuarta década para la erradicación del
colonialismo, Estados Unidos continúa manteniendo posesiones coloniales inequívocas:
los cinco territorios no incorporados de los EE. UU. de Guam, el Estado Libre
Asociado de las Islas Marianas del Norte (CNMI), la Samoa Americana, los EE.
UU. Las Islas Vírgenes y Puerto Rico”, indica el informe.
También dice que esos territorios
no tienen ninguna representación significativa dentro del sistema político de
los Estados Unidos y están sujetas a contaminación y explotación como resultado
de la militarización2 y la extracción económica de los Estados Unidos.
“Este colonialismo explícito y
continuo viola los derechos civiles y políticos de los pueblos que viven en las
islas de los Estados Unidos. territorios, es decir, la falta de garantía de la
autodeterminación y la falta de remedios efectivos disponibles para los sujetos
coloniales, y pone en duda tanto el compromiso del gobierno de Estados Unidos
con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, como
también la voluntad del Estado de rendir cuentas adecuadamente de los daños de
la colonización, la militarización y la extracción capitalista”, sostiene el
informe de la ACLU.
Este informe se centra
específicamente en las experiencias de los pueblos colonizados en Guam y Puerto
Rico, aunque los pueblos de los otros territorios están lidiando con muchos de
los mismos daños. Al centrar las experiencias de las comunidades en Guam y
Puerto Rico, que actualmente viven bajo el gobierno colonial de Estados Unidos,
el Comité de Derechos Humanos (CDH) puede reforzar la primacía del derecho a la
autodeterminación y el derecho internacional.
Además, le piden que le exija
a los Estados Unidos a que cumpla con su deber de presentar informes a la
Asamblea General de las ONU en virtud del Artículo 73(e) de la Carta, en
relación con la administración de los territorios. Aunque Estados Unidos ha evitado esta
responsabilidad durante décadas basándose en los “casos insulares”, que la ACLU
analiza, el incumplimiento de esta “confianza sagrada” debe entenderse como una
característica definitoria de la gobernanza estadounidense, así como una grave
violación del derecho internacional, según el informe.
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