Autoridades dominicanas ratificaron la prisión preventiva contra el exministro de Hacienda Donald Guerrero, quien se mantiene en la cárcel de máxima seguridad
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| Presidente de Autogermana y exministro de Hacienda en RD, Donald Guerrero |
El presidente de los dealers
de carro Autogermana, Autocentro Toyota, Autocentro Chryler, Autocentro Nissan,
Autocentro Más y otros negocios en Puerto Rico, Donald Guerrero, seguirá en una
cárcel de máxima seguridad en Santo Domingo por el robo de 320 millones de
dólares en un esquema de lavado de dinero y colaboración con terroristas, entre
otras acusaciones en su contra.
Guerrero fue el ministro de
Hacienda en la República Dominicana bajo el gobierno de Danilo Medina, y enfrenta
18 meses de cárcel preventiva desde abril pasado. Ayer la jueza Patricia
Padilla, del Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional en Santo
Domingo, ratificó la prisión preventiva como medida de coerción. La jueza
Padilla fijó audiencia para el 11 de diciembre, a las 9:00 de la mañana.
A Guerrero se le imputa ser el
cabecilla en un esquema conocido como Caso Calamar,
que involucró a otros funcionarios del gobierno dominicano usando al menos 11
instituciones con las que gestionaba las expropiaciones irregulares de
terrenos, el cobro ilegal a bancas de lotería, deportivas y negocios con
máquinas tragamonedas, así como, la compra de inmuebles con sobrecosto. Los
pagos ilegales por las expropiaciones se hacían con dineros públicos del Ministerio
de Hacienda, Bienes Nacionales, la Tesorería Nacional, Dirección de Presupuesto
y otras dominicanas. Se prevé que mucho de ese capital vino a parar a Puerto
Rico.
Las acusaciones específicas contra Guerrero incluyen asociación de
malhechores, coalición de funcionarios, desfalco, estafa contra el Estado,
falsedad en documentos públicos y lavado de activos provenientes de delitos de
corrupción administrativa, entre otros cargos. Se presume que el dinero que se
desfalcó al pueblo dominicano se lavó en el exterior, incluyendo a Puerto Rico.
En Blanco y Negro con Sandra ha
venido publicado en exclusivo todo este entramado desde que comenzó hace casi
dos años, a pesar de las amenazas de los abogados y familiares de Guerrero y de
ejecutivos de Autogermana, quienes han intentado que la prensa independiente no
divulgue estas informaciones. Medios corporativos casi no han cubierto el tema
por temor a perder auspiciadores.
A principios de abril de 2023, el gobernador Pierluisi
anunció que el Gobierno de Puerto Rico ofrecerá “total cooperación” a las autoridades dominicanas en este caso. El
Gobernador ha estado en dos ocasiones en el vecino país, la primera durante la XXVIII Cumbre
Iberoamericana de jefes de estado y gobierno, y durante la Semana Santa.
Fuentes de este medio aseguran que las autoridades federales también han estado
investigando los negocios de Guerrero.
El ministerio público en la República Dominicana, en voz del
fiscal Wilson Camacho, denunció que Guerrero ha realizado lo que calificaron
como “maniobras” a través de la contratación de un cabildero para presionar a
la justicia dominicana.
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| Procurador en la RD, Wilson Camacho |
Se trata la controvertible firma de cabilderos DCI Group, de
Washington. El DCI
Group es la firma que en el 2018 lanzó una negativa campaña contra Puerto
Rico en el proceso de la quiebra y uno de sus socios, Justin Peterson, era
miembro de la Junta de Supervisión Fiscal.
DCI Group es la empresa que realizó una campaña abierta de
descrédito contra el Gobierno de Puerto Rico en el 2018 y que impidió hacer una
mejor negociación de la deuda pública. Hicieron campaña de cabildeo en
Washington contra el exgobernador Alejandro García Padilla, contra el
excomisionado residente y actual gobernador Pedro Pierluisi, y publicaron
anuncios insultando a los puertorriqueños en medios como Wall Street Journal,
Político y The New York Times.
Guerrero
además enfrenta en Puerto Rico un pleito de $21.7 millones por el control del
negocio de dealers de carros de lujo, Autogermana. Lo demandó el fundador de
ese concesionario, el empresario dominicano Eduardo Pellerano.
En
junio pasado Pellerano radicó en el Tribunal de
Primera Instancia en San Juan un nuevo pleito legal por supuesta corrupción
corporativa en Autogermana y pidió al tribunal que nombre a un síndico para que
el dealer no sea controlado por Guerrero desde la prisión en Santo Domingo.
Además de Autogermana, Guerrero es presidente en Puerto Rico de los
concesionarios de autos Autocentro Toyota, Autocentro Nissan, Autocentro
Chrysler, Autocentro Más y otras empresas.
Guerrero ha dicho que quien controla el negocio en
Puerto Rico ahora son sus subalternas, las ejecutivas Marimer Martínez y Mariel
Martínez. Pero Pellarno alega en su demanda que estas ocultan información
financiera y usurpan poderes corporativos. Esto viola la Ley de Corporaciones
de Puerto Rico, según se explica en el documento.
A Guerrero y las empresas vinculadas a Autogermana lo
representan en Puerto Rico los abogados Guillermo Ramos Luiña, Luis Manuel
Rodríguez-López, Harold Vicente y el expresidente del Tribunal Supremo de
Puerto Rico, Federico Hernández Denton. A Pellerano Nadal lo representa en
Puerto Rico, la exfiscal federal María Domínguez, y los abogados Javier Micheo
Marcial y Julián Rodríguez Muñoz.
Los abogados de Guerrero han enviado cartas al menos
a tres medios puertorriqueños (incluyendo a En Blanco y Negro con Sandra)
amenazando con demandar y exigir que no se cubran las noticias vinculadas a
este escandaloso caso de corrupción gubernamental y corporativa.
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