Acusación formal contra el exministro de Hacienda en la RD Donald Guerrero le imputa haber beneficiado a su hijo, ambos tienen negocios de dealers en Puerto Rico
Mientras en la
República Dominicana se preparan para tener las elecciones presidenciales este fin
de semana, un dramático caso de corrupción y lavado de dinero ata a ese país
con Puerto Rico. Se trata del Caso
Calamar por el que acusaron formalmente ayer a Donald
Guerrero, quien en Puerto Rico preside los dealers de autos Autogermana,
Autocentro
Toyota, Autocentro
Chrysler, Autocentro Nissan,
Autocentro Más y otros negocios.
Pero la acusación no fue lo que se anticipaba hasta el mes pasado. No se acusó por $350 millones que alegan que robó y lavó en el exterior, sino por más del doble. Las autoridades en la República Dominicana acusaron formalmente al exministro de Hacienda, Donald Guerrero, de ser la cabeza de un “holding criminal” que robó más de $726 millones de dólares al gobierno del vecino país.
Además, se le imputa a Guerrero haber involucrado y beneficiado a su hijo Daniel Guerrero Mena, quien también tiene negocios en Puerto Rico.
En la acusación formal que hizo el gobierno dominicano se alega que Guerrero benefició “de manera ilegal” a la empresa Intercaribe Mercantil, S.A.S, de su hijo Daniel Guerrero Mena, con facilidades crediticias otorgadas en un programa que se creó para compañías contratistas del Estado en el Banco de Reservas, reportó el Diario Libre.
La prensa en Puerto Rico silencia esta noticia que acapara las primeras planas en la República Dominicana porque aquí los abogados de Autogermana y Guerrero amenazan a los medios con demandarlos o sus agencias les cancelan pautas publicitarias.
Sin embargo, en Puerto Rico Guerrero mantiene abierta una demanda ante el Tribunal de San Juan por el control del negocio de ventas de carros BMW y Mini Cooper a través de Autogermana. La demanda original la radicó hace años el fundador de ese dealer, el empresario Eduardo Pellerano Nadal, alegando que Guerrero y sus subalternas le robaron el negocio en Puerto Rico. Reclamaba pérdidas por $21.7 millones.
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