El documento que circula en EE. UU. revela nexos entre disputas de contratos, decretos fiscales y mensajes borrados, transformando la renuncia en el DDEC en un escándalo de desconfianza federal que salpica a Francisco Domenech y Sebastián Negrón.
Francisco Domenech (izq.) y Sebastián Negrón Reichard.
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Lo que comenzó
como una disputa interna en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio
(DDEC) se ha transformado en una crisis de gobernanza que ya llegó al Congreso
de Estados Unidos, según un informe fechado el 12 de julio, que ha estado
circulando por distintas oficinas en la capital federal, sobre riesgos para
negocios que dependen del Gobierno de Puerto Rico y el rol de la firma
Politank.
Se trata de un
resumen ejecutivo o como algunos le llaman en inglés, “White paper”, que
explica en detalle la controversia que tiene enfrascados a La Fortaleza, al
Senado, al DDEC y a Politank en un entramado de supuestas irregularidades.
Aunque el documento no expone los autores, En Blanco y Negro con Sandra constató y tiene conocimiento de las personas que han estado circulando el mismo y se trata de miembros activos del Partido Republicano en Washington, abogados y algunos cabilderos competidores de Politank.
Explica el
documento que la controversia estalló el 18 de mayo, cuando el entonces
secretario del DDEC, Sebastián Negrón Reichard, anunció la remoción y
suspensión de empleados y la cancelación de una subasta financiada con fondos
federales, tras una investigación interna sobre presiones para favorecer a un
licitador y alterar puntuaciones de evaluación. Ocho días después, el 26 de
mayo, Negrón renunció de forma inmediata, alegando que La Fortaleza había
interferido con la autoridad del DDEC, revirtiendo acciones disciplinarias y dejando
desprotegidos a los empleados que denunciaron irregularidades. Más de diez
funcionarios de alto rango también abandonaron la agencia.
Desde entonces,
la disputa se ha ampliado hasta involucrar al jefe de gubernatura, Francisco
Domeneck, exdirector de la firma Politank antes de asumir el cargo. El 9 de
julio, el Senado de Puerto Rico publicó más de 300 páginas de declaraciones
juradas y documentos de Negrón y de Ernesto Zayas García, exdirector de la
Oficina de Incentivos del DDEC. Un día después, esos materiales fueron
remitidos al Departamento de Justicia local, al FBI y a un inspector general
federal vinculado a fondos de FEMA.
El expediente
detalla ocho áreas centrales de controversia: presiones en una subasta de
aproximadamente $1 a $2 millones para una campaña sobre códigos de
construcción; alegado uso de afiliación partidista para nombramientos de
confianza; el manejo del decreto fiscal de Politank, firma fundada por
Domeneck, que ahora enfrenta una multa administrativa de $80,000 por
deficiencias en informes anuales; el proyecto de lujo Opus Miramar, que
buscaría unos $120 millones en créditos contributivos sobre una inversión de
$300 millones; acusaciones cruzadas de conflictos de interés entre Negrón y
Domeneck; una investigación activa de Justicia sobre la presunta falsificación
de la firma de Negrón en documentos oficiales; y la desaparición de mensajes de
Telegram relevantes para el caso.
El informe
subraya que ninguna de estas acusaciones ha sido probada como delito. Domeneck
niega las alegaciones y sostiene que las declaraciones en su contra
distorsionan el expediente; Politank impugnará la acción administrativa del
DDEC. El propio documento advierte que un expediente incompleto —como ocurrió
inicialmente con el archivo físico del decreto de Politank— puede reflejar
tanto incumplimiento privado como fallas administrativas del Gobierno, sin que
ambas cosas sean mutuamente excluyentes.
La dimensión
federal ganó fuerza el 17 de junio, cuando el senador estadounidense Mike Lee
cuestionó a la gobernadora Jenniffer González-Colón sobre las garantías de que
los fondos federales enviados a Puerto Rico no estén siendo mal utilizados. El
10 de julio, el comisionado residente Pablo José Hernández exigió la
destitución de Domeneck, advirtiendo que la controversia podría dañar la
reputación de Puerto Rico en Washington y poner en riesgo negociaciones de
fondos, incluido el Medicaid.
El análisis
recalca que Puerto Rico "permanece abierto a los negocios", pero
recomienda a empresas, inversionistas y prestamistas que dependen de decretos,
permisos o contratos gubernamentales adoptar controles más rigurosos: preservar
expedientes originales, verificar la autenticidad de firmas y aprobaciones
directamente en los registros oficiales, documentar conflictos de interés y
evitar depender de accesos políticos o representaciones verbales.
El documento
distingue entre lo establecido —las renuncias, las declaraciones juradas
cruzadas, la multa a Politank y la investigación activa por falsificación— y lo
que aún permanece como alegación pendiente de investigación, incluyendo si hubo
interferencia ilegal, destrucción deliberada de evidencia o perjurio. Ninguna
autoridad ha determinado responsabilidad penal contra Domeneck, Negrón, Zayas
García, Politank o los desarrolladores de Opus Miramar.
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