El Cuerpo de Ingenieros emitió ¨cese y desista¨ por trabajos de relleno y dragado ilegal en la desembocadura Río Grande de Loíza con multas diarias por $68,446
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| Sedimento tras los trabajos ilegales que hizo el DRNA en la desembocadura del Río Grande de Loíza |
La alcaldesa de Loíza,
Julia Nazario, lo denunció hace tres semanas, y ayer el Cuerpo de Ingenieros
del Ejército de los Estados Unidos (USACE, por sus siglas en inglés) actuó.
La entidad federal paralizó de forma fulminante los
trabajos de dragado y relleno que realiza el gobierno estatal en la
desembocadura del Río Grande de Loíza, al emitir una orden de “cese y desista”
contra el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) por operar de
manera ilegal y sin los permisos requeridos.
La contundente acción federal —que valida las denuncias hechas por la alcaldesa Nazario— expone al DRNA a multas civiles estratosféricas de hasta $68,446 por cada día de infracción.
En una severa misiva dirigida al secretario del DRNA, Waldemar Quiles, las autoridades federales dejaron en evidencia los malos manejos de la agencia local, advirtiendo que las violaciones ambientales cometidas en la zona conllevan graves penalidades legales y financieras si no se detienen de inmediato.
Federales
pierden la paciencia
Según el documento emitido el señalamiento federal sube de tono porque las obras se realizaron a pesar de que el USACE había advertido al DRNA en múltiples ocasiones sobre la obligación de obtener un permiso federal antes de intervenir en la zona.
La orden, firmada por el coronel Brandon L. Bowman, comandante del Distrito de Latinoamérica y el Caribe, sostiene que existen "razones para creer que el DRNA ejecutó actividades dentro de las aguas navegables de Estados Unidos" en clara violación a la Ley de Agua Limpia (Clean Water Act) y la Ley de Ríos y Puertos (Rivers and Harbors Act).
Lo más crítico es que el propio coronel Bowman consignó que funcionarios del Cuerpo de Ingenieros se habían reunido previamente con Quiles y su equipo de trabajo para ofrecerles adiestramientos y materiales informativos sobre el proceso regulatorio.
"Se le advirtió previamente que ningún dragado, excavación o descarga de material de relleno podía ocurrir en estas aguas hasta obtener la autorización federal apropiada", plasma la misiva, advirtiendo que este historial de avisos ignorados será tomado en cuenta al evaluar la respuesta de ley.
El detonante: crisis por la comunidad sin agua
El pasado 22 de junio la alcaldesa Nazario publicó en sus redes sociales fotos del sedimento acumulado, denunciando que las labores —que también involucran a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA)— se realizaron de forma negligente.
"Sacaron sedimento y lo dejaron ahí. Si llueve, ese sedimento vuelve al río", alertó la alcaldesa en ese momento. Esta mala ejecución provocó que la toma de agua de la AAA quedara completamente obstruida con "mogolla" y lodo, afectando la captación de agua cruda y reduciendo drásticamente la producción de la planta de Canóvanas. Como consecuencia directa, miles de ciudadanos en Canóvanas y Loíza enfrentan hoy una severa crisis por falta de agua potable.
Ante el
silencio de la corporación pública, Nazario exigió rendición de cuentas
inmediata: "¿Dónde están los responsables de la AAA ante esta situación?
La ciudadanía merece explicaciones claras por los impactos en el
servicio", cuestionó la alcaldesa, al anticipar que el presidente de la
Unión de la AAA (UIA), el Ing. Luis González, tomará cartas en el asunto.
Multas diarias
y la sombra de la cárcel
El Cuerpo de Ingenieros le otorgó al DRNA un plazo de 15 días para responder y presentar un informe detallado de las actividades realizadas, sus efectos ambientales y el historial del proyecto.
Mientras la investigación avanza, las posibles consecuencias legales sobre la mesa son devastadoras:
- Sanciones Civiles: Hasta $68,446 diarios por cada jornada de
infracción.
- Penalidades Criminales (Ley de Agua Limpia): Multas de hasta $50,000 diarios y penas de
prisión.
- Violaciones a la Ley de Ríos y Puertos: Multas de hasta $100,000 para individuos, $200,000
para corporaciones y hasta un año de cárcel.
Además de las multas, el gobierno federal podría exigir judicialmente la restauración total del área impactada.
Copias de esta orden ya fueron referidas a la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA) —dirigida en el Caribe por Carmen Guerrero—, así como al Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre y al Servicio Nacional de Pesquerías Marinas. Al momento, la orden constituye una alegación en etapa investigativa y ni Quiles ni el DRNA han sido acusados formalmente.
REACCIONA EL DRNA
El secretario del DRNA, Quiles, emitió expresiones en las que admite que recibió la carta del Cuerpo de Ingenieros y que están evaluando la contestación que darán en la agencia. "Adelanto que entendemos que existen parámetros dentro de los permisos otorgados a la Agencia para realizar trabajos como fue este. Es importante tener en cuenta el contexto de la labor que ahí se desarrolló y el escenario que existía en esos momento", dijo
El regulador
ambiental, señalado por los federales
La ironía de la situación no pasa
desapercibida: la agencia encargada de velar por el cumplimiento ambiental en
Puerto Rico es ahora señalada por violar las mismas leyes que está supuesta a
proteger.
Curiosamente, el pasado 12 de junio, el propio secretario Waldemar Quiles supervisó personalmente una operación con maquinaria pesada en esa desembocadura para abrir una brecha y liberar a dos manatíes que habían quedado atrapados debido a que la salida al mar estaba totalmente obstruida.
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