Alegan presidente de Autogermana robó $726 millones en RD

Acusación formal contra el exministro de Hacienda en la RD Donald Guerrero le imputa haber beneficiado a su hijo, ambos tienen negocios de dealers en Puerto Rico

SUBSTACK

Mientras en la República Dominicana se preparan para tener las elecciones presidenciales este fin de semana, un dramático caso de corrupción y lavado de dinero ata a ese país con Puerto Rico. Se trata del Caso Calamar por el que acusaron formalmente ayer a Donald Guerrero, quien en Puerto Rico preside los dealers de autos Autogermana, Autocentro Toyota, Autocentro Chrysler, Autocentro Nissan, Autocentro Más y otros negocios.

Pero la acusación no fue lo que se anticipaba hasta el mes pasado. No se acusó por $350 millones que alegan que robó y lavó en el exterior, sino por más del doble. Las autoridades en la República Dominicana acusaron formalmente al exministro de Hacienda, Donald Guerrero, de ser la cabeza de un “holding criminal”  que robó más de $726 millones de dólares al gobierno del vecino país.

Además, se le imputa a Guerrero haber involucrado y beneficiado a su hijo Daniel Guerrero Mena, quien también tiene negocios en Puerto Rico.

En la acusación formal que hizo el gobierno dominicano se alega que Guerrero benefició “de manera ilegal” a la empresa Intercaribe Mercantil, S.A.S, de su hijo Daniel Guerrero Mena, con facilidades crediticias otorgadas en un programa que se creó para compañías contratistas del Estado en el Banco de Reservas, reportó el Diario Libre.

La prensa en Puerto Rico silencia esta noticia que acapara las primeras planas en la República Dominicana porque aquí los abogados de Autogermana y Guerrero amenazan a los medios con demandarlos o sus agencias les cancelan pautas publicitarias.

Sin embargo, en Puerto Rico Guerrero mantiene abierta una demanda ante el Tribunal de San Juan por el control del negocio de ventas de carros BMW y Mini Cooper a través de Autogermana. La demanda original la radicó hace años el fundador de ese dealer, el empresario Eduardo Pellerano Nadal, alegando que Guerrero y sus subalternas le robaron el negocio en Puerto Rico. Reclamaba pérdidas por $21.7 millones.

LA ACUSACIÓN FORMAL

Ayer el Ministerio Público dominicano le imputó a Guerrero y otros exfuncionario crear un “holding criminal” en el que crearon varias instituciones públicas y empresas privadas para estafar y desfalcar al Estado. La acusación es por 41,185 millones pesos, que equivale a $726 millones de dólares que usaron para financiar de manera ilegal la campaña presidencial del Partido de la Liberación Dominicana en las elecciones de 2020.

El extenso documento recoge al menos cuatro esquemas con los que supuestamente se desviaron recursos públicos para beneficio de los imputados. Se trata de venta de asfalto, cobros de comisiones para el pago de obras públicas algunas de las cuales se afirma fueron cubicadas sin haberse terminado, el pago de terrenos expropiados y cobros irregulares a bancas de apuestas.

Indica que mediante maniobras fraudulentas para el pago de contratistas, fueron distraídos 21.9 mil millones de pesos, parte de los cuales fueron desviados a financiar la campaña del entonces candidato presidencial peledeísta Gonzalo Castillo. En esa acción se incluyó al exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta. Ambos están imputados Guerrero, quien a su vez forma parte de los cuatro esquemas descritos por el Ministerio Público en la acusación, reportó Noticias SIN.

Mediante la expropiación de terrenos declarados de utilidad pública y reconocimientos de deudas administrativas obtuvieron la suma de más de RD$20,281 millones.  Los imputados en este renglón son acusados de emplear manejos fraudulentos para distraer pagos de expropiaciones de terrenos sin acreditarse previamente la calidad de los reclamantes y con expedientes incompletos. Le atribuyen obligar a los supuestos reclamantes a firmar en su favor cesiones de créditos sobre la base de deudas imaginarias, como condición de la gestión del pago.

“HOLDING CRIMINAL” 

En el documento se establece que Guerrero, en sus funciones de Ministro de Hacienda, buscaba materializar el “holding criminal”. Aseguran que el acusado inyectaba cientos de millones de dólares a empresas de su propiedad mediante maniobras societarias en las que buscaba cubrirse con vinculaciones a empresarios, con quienes se asociaba. Indica que también obligaba a empresarios a cederle parte de sus contratos, o de lo contrario no seguirían siendo suplidores del Estado.

Donald Guerrero en una audiencia del caso criminal (DL)

La acusación añade que se utilizaron esquemas empresariales tradicionales para hacer operaciones de lavado de activos al más alto nivel. Además, dice que los imputados adulteraron fechas de registros y de firma de contrato para lavar activos a través de empresas que recibieron cantidades exorbitantes del patrimonio público, por medio de contratos de negociación simulados.

La acusación afirma que los acusados orquestaron una sofisticada organización criminal que inició sus operaciones estructuradas desde el 2012 y que las mismas presentan un crecimiento vertiginoso, a partir del 2016, luego que el imputado Donald Guerrero fuera designado como Ministro de Hacienda.

En el caso hay 46 acusados que eran exfuncionarios del gobierno y 16 empresas.

LÍOS TOCAN A PUERTO RICO

En abril de 2023, el gobernador Pedro Pierluisi anuncio en rueda de prensa que el Gobierno de Puerto Rico ofrecería “total cooperación” a las autoridades dominicanas en este caso.  Desde entonces no se ha vuelto a expresar sobre el mismo.

En octubre de 2023, el fiscal dominicano Wilson Camacho, denunció que Guerrero hacía “maniobras” a través de la contratación de un cabildero para presionar a la justicia dominicana a través de operativos políticos en Puerto Rico y en las más altas esferas del Congreso de los Estados Unidos.

EN BLANCO Y NEGRO constató que se trataba de la controvertible firma de cabilderos Axis Holdings, con sede en Puerto Rico y que era parte de DCI Group, de Washington. El DCI Group es la firma de cabilderos que en el 2018 lanzó una negativa campaña contra Puerto Rico en medios como Wall Street Journal, Político y The New York Times durante el proceso de la quiebra del gobierno local. La campaña incluyó ataques contra el exgobernador Alejandro García Padilla y contra Pierluisi, que entonces era Comisionado Residente en Washington.

Con el cambio de gobierno en Washington, uno de los socios de DCI Group, Justin Peterson, consiguió un puesto en la Junta de Supervisión Fiscal para controlar la economía de Puerto Rico. Peterson renunció en agosto de 2023 tras no conseguir un acuerdo con la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica.

Toda esa experiencia de las firmas y de cabildeo con el gobierno federal en Washington fue lo que Guerrero contrató para presionar a la justicia dominicana que lo sacara de la cárcel de máxima seguridad donde estaba preso en lo que se veía el juicio. Guerrero contrató Axis Holdings y a Liberty International Group LLC. La contratación también incluyó al exlegislador del Partido Republicano de los Estados Unidos, Connie Mack IV, quien hacía algunas funciones de cabildeo o como le llaman en la Republica Dominicana, “lobismo”.

Ese “lobismo” se hizo a través de la embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana, y varias oficinas del Departamento de Estado federal y la USAID para América Latina y el Caribe.