Gobernador Pierluisi y Secretario de Justicia Emanuelli apelan declarada inconstitucional en el Tribunal Federal porque podría meter preso hasta 3 años a periodista o a quien divulgue lo que el gobierno entienda que es falso
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El viernes en la noche el gobierno de Puerto Rico presentó una moción ante el Tribunal Federal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico para que reconsidere la prohibición a que pongan en vigor la que criminaliza la expresión pública.
Esta fue la última ley que dejó el exgobernante Ricky Rosselló, firmó la exgobernadora Wanda Vázquez y mantuvo el incumbente Pedro Pierlusi. Permitiría al gobierno procesar criminalmente con tres años de cárcel y multas de entre $5,000 a $10,000 a cualquier periodista o ciudadano que divulgue lo que el gobierno entienda que son rumores o noticias falsas durante estados de emergencia como la pandemia, terremotos o un huracán.
La ley de conocida como “fake news” estaba contenida en una sección de la sección de la Ley del Departamento de Seguridad Pública (DSP). Fue declarada inconstitucional el pasado 3 de abril por el juez federal Pedro Delgado Hernández, en lo que fue catalogado como una importante victoria para la libertad de prensa y la libertad de expresión.
La ley había sido impugnada hace tres años por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por siglas en inglés) en representación de los periodistas Rafelli González y esta servidora, Sandra Rodriguez Cotto.
