Responsable hospital Doctor’s Center por violar derechos de sordo

El sordo y reconocido intérprete de señas Eugenio Sastre demandó al hospital por impedirle comunicación, tribunal ordenó al hospital a pagar $25,000 e implementar cambios

En una sentencia histórica para las personas de diversidad funcional en Puerto Rico, el Tribunal de Primera Instancia de San Juan ordenó al Doctor’s Center Hospital a pagar $25,000 por violar los derechos de un sordo.

El personal del hospital violentó los derechos de uno de los más reconocidos líderes de la comunidad sorda en Puerto Rico, Eugenio Sastre, quien además de maestro e intérprete de lenguaje de señas, es sordo profundo.

(PULSE AQUI PARA LEER LA SENTENCIA)

Eugenio Sastre

Todo ocurrió en medio de la pandemia cuando Sastre acudió al hospital. Tenía Covid-19, que luego desembocó en una neumonía, pero en todo momento, en el hospital le negó un interprete que le pudiera explicar los tratamientos que le estaban haciendo y todo lo que le sucedía. Así estuvieron maltratándolo, por más de una semana.

“Fue horrible. Nunca me respetaron como sordo”, manifestó Sastre en entrevista con EN BLANCO Y NEGRO CON SANDRA. “Nosotros tenemos derechos como cualquier ser humano y hay que respetarnos. Yo no entendía nada porque no tenia un intérprete”. 

El juez de Primera Instancia Arnaldo Castro Callejo ordenó al hospital a pagarle a Sastre $25,000 y a la “implementación inmediata de medidas obligatorias para garantizar la accesibilidad a pacientes con discapacidades auditivas en el futuro”. En ese sentido, la decisión es crucial en la aplicación de las distintas leyes federales sobre accesibilidad que aplican en Puerto Rico.

El fallo subraya que el éxito del tratamiento médico no exime a los proveedores de salud de su obligación de garantizar una comunicación efectiva. Como establece la sentencia: "Lo fundamental no es la calidad de la atención médica o los resultados del tratamiento, sino la existencia de igualdad de oportunidades para participar en la obtención y utilización de servicios".

Electores demandan a la CEE por voto por nominación directa

Exigen a la CEE y a los comisionados electorales que cumplan con la ley y adjudiquen los votos por Eliezer Molina, Mariana Nogales y Rafael Bernabe

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Un grupo de 14 electores demandó a la Comisión Estatal de Elecciones y a los Comisionados Electorales de todos los partidos políticos, exigiendo que no se violen sus derechos como electores y que se contabilicen y se adjudiquen los votos por nominación directa de los candidatos Eliezer Molina, Mariana Nogales Molinelli y Rafael Bernabe, como establecen los reglamento.

Este caso se basa casi exactamente en los mismos argumentos de la sentencia que emitió recientemente el juez Raúl Candelario en el caso del voto adelantado, el cual fue confirmado hace unos días en el Tribunal Apelativo. 

A los demandantes en este nuevo caso los representa el abogado Juan Antonio Corretjer Russi. Argumentan que el retraso en la CEE afecta el derecho de los electores cuyos votos no han sido contabilizados, y menoscaba el derecho de los candidatos.

“Su derecho al voto no se ha consumado finalmente debido al incumplimiento del deber ministerial de la Comisión Estatal de Elecciones, al no adjudicar los votos en el escrutinio y recuento contrario a lo que exigen los reglamentos y manuales aprobados por la propia agencia administrativa. Por esta razón acuden mediante este recurso de Mandamus”, sostienen en el documento sometido ante el Tribunal de Primera Instancia en San Juan.

Demandan por discrimen político a Javier Jiménez

Por no querer abandonar el PNP, contratista alega que el candidato a la gobernación por el Proyecto Dignidad le canceló contrato y reclama $1 millón

Javier Jiménez, alcalde de San Sebastián y candidato a la gobernación por el Proyecto Dignidad

PARA LEER LA DEMANDA CONTRA SAN SEBASTIÁN

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A dos semanas de las elecciones, un contratista del municipio de San Sebastián demandó al alcalde y candidato a la gobernación por el Proyecto Dignidad, Javier Jiménez, alegando que le cancelaron un contrato porque se negó a abandonar el Partido Nuevo Progresista.

El contratista es Jesús Mojica Quiñones, de la compañía On Line Communications Corporation, que ganó en una subasta en el 2023 un contrato para remodelar el Museo de Historia de Doña Bisa de San Sebastián.

Mojica Quiñones reclama el pago de más de $1 millón, alegando que ha sido víctima de discrimen político no sólo por el candidato a la gobernación, sino por su sustituto, el vicealcalde y candidato a la alcaldía por Proyecto Dignidad, Camilo Ortiz Maldonado.

TOCAN FONDO LOS ESTORBOS PÚBLICOS EN CAGUAS

Alcalde William Miranda Torres contrató como investigador y auditor al tesorero del PPD en Caguas, Alex Rivera Longchamps; bufete Francis & Gueits demandó por $10 millones

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Se le complica el escenario al alcalde de Caguas, William Miranda Torres por los múltiples entuertos y demandas que vinculan a su mano derecha y tesorero del Partido Popular Democrático en ese pueblo, Alex Rivera Longchamps.

Miranda Torres lo protege, pero se le atribuye a Rivera Longchamps el colapso del programa que maneja los Estorbos Públicos en Caguas. Su rol ha hecho crisis a tal nivel, de que en el municipio entienden que el programa con el que acaparan propiedades en desuso para revenderlas, ya tocó fondo.

Rivera Longchamps es una figura controversial, porque además de ser tesorero del PPD en Caguas, es contratista del municipio, investigador y auditor del Programa de Estorbos Públicos, y se le permite tomar decisiones por encima de empleados de Caguas, a quienes incluso, representa en el tribunal.

El viernes 13 de septiembre, Rivera Longchamps representó al municipio en una vista judicial del caso en el que el ciudadano Roberto Andújar Centeno, reclama irregularidades en la expropiación de su vivienda para convertirla en estorbo público. (PULSE PARA VER LA MOCIÓN  PAG 2)

Su rol también se cuestiona ante la luz de otra demanda, que en este caso podría costarle sobre $10 millones al municipio, porque se reclama el incumplimiento de contrato, libelo, cobro de dinero, más daños punitivos. Esta demanda fue radicada el miércoles pasado por el bufete Francis & Gueits Law Offices, P.S.C. y Christian J. Francis Martínez. Ellos alegan que tanto el alcalde Miranda Torres, como Rivera Longchamps y otro personal de confianza, cometen conducta delictiva y corrupta en el Programa de Estorbos Públicos (PULSE PARA VER LA DEMADA)

Pero la situación con Rivera Longchamps es incluso peor, porque a 50 días para las elecciones, fue acusado de destruir propaganda política de candidatos opositores del Partido Nuevo Progresista.

El 5 de septiembre la candidata a Representante por el Distrito 32, Evelyn Aponte, y el presidente municipal y candidato a alcalde Roberto López Román, radicaron referidos ante el Tribunal Supremo, la Oficina del Contralor Electoral y el Negociado de la Policía de Puerto Rico contra Rivera Longchamps, porque “removió, destruyó y se apropió” de su propaganda proselitista. Esto viola varios artículos del Código Electoral y Penal de Puerto Rico. Ni Rivera Longchamps ni Miranda Marín han contestado a esos referidos.

EN BLANCO Y NEGRO CON SANDRA intentó varias veces obtener la posición de Rivera Longchamps la semana pasada, pero en el Municipio de Caguas no responden a peticiones de entrevista. El alcalde Miranda Torres se reúsa a contestar, ni explica por qué mantiene como contratista a una persona señalada.

Juez radica demanda a la Judicatura por salarios

Para hacer valer el aumento de sueldo aprobado, juez Ricardo Marrero Guerrero demandó al gobierno, a Justicia y OGP para que cumpla Plan de Retribución (Demanda)

DEMANDA

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Hace apenas unas horas el juez del Tribunal de Apelaciones, Ricardo Marrero Guerrero, demandó al gobierno en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, para hacer valer el aumento de sueldo a los jueces y juezas de Puerto Rico, de conformidad con el Plan de Retribución de los Empleados del Poder Judicial, según aprobado por la Junta de Control Fiscal.

La demanda sobre sentencia declaratoria, injunction preliminar y permanente se radicó

contra el Estado Libre Asociado a través del secretario de Justicia Domingo Emanuelli y el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Juan Carlos Blanco Urrutia, en su capacidad de director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Además incluye como parte de interés a la Oficina de la Administración de los Tribunales, representada por su director, Sigfrido Steidel.

Los abogados que representan al juez Marrero Guerrero son José Andreu Fuentes y Frank Torres Viada.

John Paulson demanda por $189 millones a Fahad Ghaffar

El multimillonario inversionista demandó a quien fue su mano derecha y su familia, acusándolo de fraude, malversación y enriquecimiento injusto bajo un “R.I.C.O. Act” (Documento)

En tiempos felices, Fahad Ghaffar y John Paulson

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Acaparaban las portadas o primeras páginas de periódicos, con fotos a colores y noticias positivas. Los proyectaban como la cara de los inversionistas que habían llegado a levantar la economía de Puerto Rico, y ellos se presentaban como los más cercanos amigos y colaboradores. Así tenían encantados a gran parte del sector empresarial, económico y al gobierno, anunciando nuevas inversiones y proyectos de lujo como hoteles y viviendas. Pero de un tiempo a esta parte, creció la desconfianza y la fricción, vínculos a casos de corrupción como el que provocó el arresto de la exgobernadora Wanda Vázquez, y de esos y otros problemas, surgieron las acusaciones y el odio.

Ahora el multimillonario inversionista en fondos de capital estadounidense John Paulson, demandó a su exsocio paquistaní Fahad Ghaffar por la friolera de $189.6 millones, acusándolo de haber cometido fraude, malversación de fondos, enriquecimiento injusto y otras ilegalidades.

La demanda de 74 páginas se radicó ante el Tribunal Federal e incluye 21 causas de acción contra Ghaffar por haber desarrollado fraudes y estafas para desviar el dinero de las empresas Paulson para su propio beneficio. También lo acusan de enriquecer a amigos y familiares.

Además de Ghaffar, Paulson demandó a varios de sus parientes como su esposa Glendaliz Acevedo, su suegro Glen Acevedo, sus hermanos Amir Ghaffar, Saira Ghaffar y Frah Vayani, así como a su asistente personal, Nerissa aponce. La demanda incluye además a una serie de corporaciones asociadas a Ghafar a sus familiares.

Entre todos, según la demanda, se creó una “empresa criminal conjunta” bajo la ley federal conocida como “R.I.C.O. Act” ó el “Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act” (Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión Criminal, en español).

La demanda incluso alega que Ghaffar representa un riesgo de fuga y que ha planificado huir de Puerto Rico. A Paulson lo representa la reconocida abogada y exfiscal federal María Domínguez.

Jueza no se inhibió en juicio contra Walmart

La empresa Columbia Enterprises Associates reclama nuevo juicio por conflicto de interés de la jueza Betsy Asencio que había sido abogada de Walmart

 

 Este es un caso que demuestra las faltas de éticas de los jueces y cómo el sistema judicial se protege entre sí. El Tribunal de Apelaciones en la región judicial de Bayamón tiene ante su consideración una controversia por el evidente conflicto de interés de la jueza Betsy Asencio Díaz, quien decidió un caso a favor de Walmart Puerto Rico y no se inhibió a pesar de haber sido abogada de Walmart años atrás.

La empresa puertorriqueña Columbia Enterprises Associates, que es la demandante en este caso, radicó esta semana un recurso de Certiorari para que se revise una resolución que denegó la solicitud de descalificación de la jueza Asencio Díaz. El Certiorari reclama “decretar la descalificación de la juez Asencio y dejar sin efecto todo lo actuado por esta en el caso y ordenar la celebración de un nuevo juicio”.

Petición de certiorari

Apéndice a petición de certiorari

Reacciona Fernós a demanda de Interamericana

 "Qué se preparen porque ahora va a desfilar la prueba" dice sobre demanda por $1.4 millones que radicó la Junta de Síndicos de la Intera; Sostiene que prueba adolece de validez legal y que no van a destruir su reputación 

Lcdo. Manuel Fernós, expresidente de la Universidad Interamericana reacciona

El expresidente de la Universidad Interamericana Manuel Fernós reaccionó airado a la demanda que le radicó la Junta de Síndicos de la institución por $1.4 millones por un contrato otorgado para el manejo de la pandemia Covid-19.

En entrevista con En Blanco y Negro, Fernós dijo que la demanda es parte de una persecución maliciosa en su contra para destruir su reputación de más de 43 años en el mundo de la academia, 23 de los cuales pasó presidiendo la Interamericana.

“Esto es una persecución maliciosa en mi contra para echarle lodo a mi reputación y evitar que yo hiciera pública una serie de irregularidades que comete esa gente de la Junta de Síndicos. Que se preparen porque ahora viene el descubrimiento de prueba. Yo no he sido emplazado pero esa demanda adolece de planteamientos legales y mis abogados ya los tienen identificados”, agregó.

Inter demanda a expresidente Fernós

Demanda por $1.4 millones por uso de fondos federales para el manejo “incompetente y negligente” de la pandemia Covid-19 

La Universidad Interamericana de Puerto Rico (UIPR) demandó por $1.4 millones al destituido expresidente Manuel J Fernós y a otros allegados por haber otorgado contrato a un negocio privado usando fondos federales para el rastreo, manejo y otras medidas durante la pandemia Covid-19. En la demanda se describe detalladamente como el contrato que fue por $1.5 millones y se enmendó en más de 12 ocasiones, era ilícito, estaba “plagado de irregularidades” se hizo sin autorización y violando los estatutos internos de la propia universidad.

La demanda fue por incumplimiento y resolución de contrato, además de daños y perjuicios ocasionados contra la UIPR por la empresa MAP Strategies LLC (MAPS) y Fernós cuando era presidente y a su entonces mano derecha, Dominique A. Gilormini de Gracia, quien era director ejecutivo de la presidencia. Reclama la universidad que la empresa y Fernós devuelvan $1.4 millones más intereses.

“El Lcdo. Fernós y Lcdo. Gilormini, abusaron de su discreción, fueron crasamente negligentes, incompetentes y actuaron contrario a los intereses de la UIPR. Debido a su negligencia en el cumplimiento de sus deberes, la UIPR desembolsó la cantidad de 1.4 millones de dólares de fondos federales para pagar a MAPS por servicios que no fueron prestados”, establece la demanda.

Los intentos por obtener una reacción de Fernós resultaron infructuosos. La Interamericana no emitió declaraciones.

Pero la demanda es contundente. Establece que ni Fernós ni Gilormini le notificaron a la Junta de Síndicos ni al Comité Ejecutivo sobre la contratación con MAPS, ni dieron explicaciones previas sobre el contrato plagado de irregularidades.

Las normas internas de la Interamericana ordenan que el presidente de la institución sólo puede otorgar contratos de servicios profesionales hasta $600,000, pero Fernós firmó ese contrato por $1.4 millones “que después fraccionó para no tener que presentarlo para que fuese autorizado por la Junta de Síndicos”.

ACLU Challenges Puerto Rico COVID19 ‘Fake News’ Laws (Press release)

ACLU Challenges Puerto Rico COVID19 ‘Fake News’ Laws 

FOR IMMEDIATE RELEASE May 20, 2020 CONTACT: Abdullah Hasan, ahasan@aclu.org SAN JUAN — The American Civil Liberties Union and the ACLU of Puerto Rico today filed a First Amendment challenge against Puerto Rico’s two recent ‘fake news’ laws. The laws, one of which was passed in the midst of media coverage critical of Puerto Rico’s handling of the COVID-19 pandemic, make it a crime to share information the government deems false about emergencies in Puerto Rico, including the current COVID-19 global pandemic. Violators could face up to three years in jail and a fine of up to $5,000. 

The lawsuit was filed on behalf of two journalists, Sandra Rodríguez Cotto and Rafelli González Cotto, who fear that the laws will be used to punish them for their reporting on the COVID-19 crisis, especially reporting that reflects negatively on the government. They argue the laws violate their constitutional rights to free speech, free press, and due process, and are seeking a court order blocking their enforcement. 

¿Por qué es importante la victoria de Dr. Shopper?

Prof. Gilberto Arvelo, "Doctor Shopper" (Foto NotiCel)

La victoria de Dr. Shopper sobre el poderoso empresario y contribuyente político José González Freyre, es bien importante para la libertad de prensa y para ejercicio del periodismo libre, independiente y valiente en Puerto Rico en estos momentos.

Valida que el periodismo sin miedos ni ataduras pero con la verdad de frente, es pertinente y necesario en este momento histórico que vive este pueblo, que enfrenta una Junta de Control Fiscal y cambios trascendentales en su política, economía y vida en general. Ante la presión de un empresario que por cuatro años trató de callarlo y meterle miedo, lo más fácil para el Dr. Shopper era claudicar en la cobertura noticiosa, y entregarse, porque ese es el modus operandi del sistema. Pero en el momento en que el país tiene un hambre por la verdad, y los consumidores están prácticamente indefensos, es importante que se sepa lo que está pasando. Ese es el rol de la prensa.

La crisis económica tiene sumida a gran parte de la prensa del país en una especie de letargo y por eso huye de temas escabrosos, se autocensura, o le da énfasis a lo “light”, porque les aterra perder anunciantes. De hecho, algunos medios se sentían tan amedrentados por el poder, que se negaban a cubrir ese caso por miedo a demandas o a perder anuncios de las marcas de la empresa de González Freyre, Pan American Grain. Sus marcas incluyen Arroz Rico, Arroz Valencia, Café Mami, Café del Patio, la bebida Gasolina entre  otras.

En ese sentido, esa victoria de un periodista-ciudadano, quien desde un medio digital “DoctorShopper.com” y su programa “Hablando en Plata” que se transmite en emisoras de radio regionales[1], no se amilanó ante un poderoso, lleva el mensaje de que el periodismo sin miedo está vivo. 

Demuestra además que ese periodismo libre de ataduras se está dando desde frentes, digitales y regionales, que no siempre son los medios corporativos de San Juan. Por eso la victoria hay que celebrarla.

También lleva el mensaje a publicistas, a relacionistas profesionales, asesores de prensa y a tantos agentes de propaganda que abundan en el mercado de que no toda la prensa se puede persuadir como dicen algunos o comprar como dicen otros, mediante pauta publicitaria. Hay periodistas que no se venden en todos los medios, aún en los más pequeños en independientes.