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| El expresidente del Tribunal Federal José A. Fusté; Nilsa Añeses Loperena de la Oficina del Contralor; la exjefa de la Fiscalía Federal Rosa Emilia Rodríguez y la Gobernadora Wanda Vázquez (Foto NotiCel) |
El secretario de Salud Rafael Rodríguez Mercado y su asesor
legal Raúl Bandas del Pilar, entre otros, conocen desde hace tiempo las
irregularidades que se le imputan a la directora ejecutiva de una de sus
oficinas en que se otorgan las licencias a farmacéuticos y técnicos de farmacia
para poder trabajar legalmente en Puerto Rico. No han actuado, pero el esquema está
en la mira de al menos dos investigaciones por el Negociado Federal de
Investigaciones (FBI) y la Oficina del Inspector General en el Departamento de
Salud Federal.
En una serie de documentos, cartas y correos
electrónicos se evidencia que el expresidente del Tribunal Federal, José A.
Fusté, denunció el esquema de intromisión y control ilegal de documentos que
mantiene la directora ejecutiva de la Oficina de Reglamentación y Certificación
de los Profesionales de la Salud (ORCPS), Norma Torres Delgado. Fusté advirtió que
denunciaría ante la gobernadora Wanda Vázquez dichas irregularidades.
“Le concedo un plazo de 24 horas para retractarse” del
“historial de abusos de su oficina”, sostuvo Fusté en un correo electrónico al
que En Blanco y Negro con Sandra tuvo acceso.
“Se le pedirá a la Gobernadora que tome cartas en el
asunto. El Departamento de Salud se afecta con posturas como la suya y usted
será responsable de la mala imagen que del Departamento se ha de formar por sus
actos”, agregó.
“Le pido que piense bien lo que va a hacer. No vamos a
condonar u ocultar la realidad de lo que está sucediendo. Mediante copia al
Secretario de Salud, a quien conozco y aprecio, le pido a él que tome cartas en
este asunto inmediatamente”, agrega Fusté en el documento.
Fusté ahora mismo figura como asesor de la
gobernadora, quien en febrero lo nombró junto a la exfiscal federal Rosa Emilia
Rodríguez al Consejo Asesor para el Manejo de los Programas Federales
Destinados a la Vivienda. Este comité buscará conseguir la asignación de fondos
federales bajo los programas de Community Development Block grant (CDBG) y
Community Development Block Grant – Disaster Recovery (CDBG-DR) y se asegurará
del manejo de adecuado y la sana administración de dichas asignaciones. El
comité lo integran además el secretario de la Vivienda, Luis Carlos Fernández
Trinchet; el asesor de la gobernadora en Asuntos Municipales, Luis Roberto
Rivera Cruz y como recurso externo la licenciada Nilsa Añeses Loperena, quien
laboró durante 27 años para la Oficina del Contralor.
Ni Fusté ni Torres Delgado contestaron las peticiones
de entrevista. Sin embargo, los documentos, fotografías, cartas, opiniones legales
y copias de correos electrónicos corroboran el grave problema que persiste en
la Oficina de Reglamentación y Certificación de los Profesionales de la Salud. Adscrita
al Departamento de Salud, la ORCPS reglamenta la educación continua de todas
las entidades de la salud como los médicos, enfermeros, veterinarios,
farmacéuticos, tecnólogos médicos, técnicos de laboratorios clínicos y otras 22
juntas reglamentadoras de profesionales de la salud.
Ayer en este blog se
reveló que Torres Delgado y las abogadas Olga Shepard y Luz Ríos son objeto
de cuestionamientos federales por la aparente
entrega y venta de licencias fraudulentas, violaciones a la Ley de Farmacia e
imprecisión del Registro de Licencias de los farmacéuticos y técnicos de
farmacia. La agente especial
del FBI, Tamali Mercado, y otros dos agentes, ya
comenzaron a hacer rondas de entrevistas con los implicados.
La
investigación también se centra en un aparente esquema de corrupción,
usurpación de poderes, incautación de récords y fondos privados, que afecta a
los farmacéuticos y técnicos de farmacia en Puerto Rico, según se constató. Esta
información trasciende y se corrobora precisamente esta cuando en Puerto Rico
hay preocupación porque ya se decretó una pandemia global a causa del coronavirus
Covid-19, situación que requiere un servicio crítico de los 4,000 farmacéuticos
y 11,000 técnicos de farmacia en la isla.
Caso de 12 farmacéuticos
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| Expedientes con información privada de farmacéuticos y técnicos de farmacia en el piso en la ORCPS |
Los farmacéuticos y técnicos de farmacia son reglamentados
por una junta creada por ley, cuyos miembros son designados por el gobernador
de turno y confirmados por el Senado, aunque no devengan salario. La Junta de
Farmacia es la entidad que determina por ley el otorgamiento de licencias y
certificados de “good standing”, la celebración de vistas y otros asuntos.
Hace unos años, la Junta de Farmacia encontró que hubo
un error clerical en las fechas que se imprimieron en las licencias de 12
farmacéuticos. Los profesionales no percataron hasta que después del huracán
María, una farmacéutica que buscaba tener reciprocidad en el estado de la
Florida. La Junta de Farmacia ordenó que se hiciera un informe explicando el
error, pero Torres Delgado se negó a hacerlo, según los documentos. Torres Delgado
confiscó los expedientes y amenazaba con quitarles las licencias de trabajo a los
farmacéuticos, situación a la que no tiene derecho en ley. La ORCPS administra
la educación continua, no determina quién tiene o no licencias en salud.
Se emitieron opiniones legales, incluso una por el
propio Fusté, y el asesor legal de Salud, Banda, ordenó que se entregaran los
expedientes de esos 12 farmacéuticos a la Junta. Torres Delgado se negó.
Luego
se emitió una resolución y llegó a manos de Banda y del secretario Rodríguez
Mercado. Fue entonces cuando Torres envió a una secretaria a entregarle a la
Junta de Farmacia los informes que retuvo ilegalmente.
Otros
profesionales
Este
blog recibió información de que en otras profesiones de la salud Torres Delgado
impone prácticas iguales, incluyendo en programas de prevención de suicidio y
los terapistas ocupaciones, entre otros.
Ayer
mismo, el Colegio de Profesionales de Terapia Ocupacional envió un correo
electrónico a todos los colegiados informando que la Junta Examinadora de Terapia
Ocupacional fue declarada inoperante. Esto ha detenido todos los trabajos de
licencias, renovación de estas, aprobación de cursos de educación continua e
imposibilidad de tomar exámenes de reválida.
El correo electrónico, firmado por Mariangie Garay Tricoche, presidenta del Colegio de Profesionales de Terapia Ocupacional, expone además que esa entidad desconoce por qué se declaró inoperante la Junta Examinadora. Pide además a los terapistas ocupaciones a que se comuniquen con ella.
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