Golpes. Agresiones. Incitación a la violencia. Campañas de descrédito. Trolls y cuentas en redes sociales creadas por oficiales de prensa del gobierno y gente de Luma. Uso de “analistas” en la radio y televisión.
Puerto Rico no es Nicaragua, ni México, ni Cuba, pero la manera en que el gobierno y el poder se mueven para silenciar a la prensa hace que se parezcan. Aunque suene increíble, es un hecho indiscutible que la violencia institucional hacia el periodismo se afianza cada vez que en el poder hay un gobierno del Partido Nuevo Progresista, como está pasando ahora mismo.
Son los que dicen que quieren la libertad americana, pero operan como regímenes totalitarios donde no puede haber cuestionamientos. Organizan campañas de desprestigio, agreden periodistas e impera la impunidad. Pasó bajo Romero Barceló, Pedro Rosselló y su hijo, bajo Fortuño y Wanda Vázquez y ahora bajo Pedro Pierlusi.
Y no es que eso no pasara bajo otros gobiernos, porque el libro de la represión a la prensa y la libertad de expresión en Puerto Rico lo comenzaron a escribir los populares con Luis Muñoz Marín. Fue bajo gobiernos del Partido Popular Democrático que se aprobó la Ley de Mordaza, y se permitió la represión política y encarcelamiento a opositores, la confección de carpetas, amenazas y hasta ataques a medios informativos.
Pero lo que ha pasado en esta última semana en Puerto Rico es altamente peligroso porque es coordinado, tiene múltiples vertientes y se vio ante los ojos de todo el país.
Incluyó golpes, amenazas, insultos en televisión, campañas de desprestigio y propagación de mentiras en televisión y redes sociales, y ataques de trolls cibernéticos.
Las agresiones de abusadores de la Policía contra periodistas cubriendo la protesta anti-Luma el jueves es una prueba fehaciente de que esto es más complejo. Quieren parar la fiscalización de la prensa, porque sacar a LUMA es sacar los intereses personales y económicos de muchos en Palacio. Parece que por eso van a todas.
AGRESIONES: Lo que hicieron agentes de la Fuerza de Choque a periodistas como Juan Costa de Noticel, (al que le cayeron a palos frente y se vio en vídeo), o al fotoperiodista freelance Rafael Contreras que cubría para el periódico Metro, (al que a propósito le echaron gas pimienta en la cara para que no pudiera fotografiar), demuestran que esto es coordinado. Es un abuso.
AGRESIONES: No fueron los únicos. Policías abusadores también agredieron intencionalmente a las reporteras Yesenia Torres Figueroa de TeleOnce y Nahira Montcout de El Vocero, como denunciaron la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO) y la Asociación de Fotoperiodistas.
El comisionado de la Policía Antonio López Figueroa primero intentó minimizarlo, luego distanciarse, y casi a regañadientes, después dijo que investigarían todas las agresiones. El gobernador Pedro Pierluisi siguió el libreto hueco de que investigará, pero a la hora de la verdad no hacen nada. Se olvidan de que hay una reforma de la Policía. De hecho, allí estaba el Monitor Federal, John Romero, cuyo silencio sigue siendo más que elocuente.
Pero eso no fue todo. Además de agresiones de policías hubo agresiones de manifestantes a la prensa. Lo que es peor, viene de un numero de agresiones verbales, humillaciones y vejámenes que están creando un clima hostil, para callar a la prensa. Para que la prensa se intimide y deje de publicar los actos de corrupción.
OFENSAS: El mismo viernes otro abusador que le ha costado al pueblo de Puerto Rico sobre $165,000 por su brutalidad policiaca, la emprendió contra una periodista en la televisión nacional. El expolicía y hoy senador Gregorio Matías , en un despliegue de “mansplaining” y macharranería, le gritó e insultó a la periodista de Noticel, Denise Pérez, en el programa Pelota Dura de Teleonce, sin que pasara nada. No podemos olvidar que la conducta violatoria de derechos de cuando Matías era agente fue una de las bases que usó el Departamento de Justicia federal para imponer la Reforma de la Policía, según consta en un acuerdo ante el Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.
DESCRÉDITO: No podemos obviar que en el mismo Teleonce, canal que contrató a periodistas de calidad indudable, también tienen como “analistas” a miembros del chat de Telegram que se burlaron de todo el país como Ramón Rosario y otros como el exlegislador Gary Rodriguez, conocido por mover grupos de trolls cibernéticos.
INCITACIÓN A LA VIOLENCIA: También permiten allí en Teleonce a Kobbo Santarrosa, que todos los días la emprende contra algún periodista. Es de conocimiento público la campaña de odio que incita ese hombre hacia mi persona que llega al punto de llamarme “mona” por ser negra, o de pedirle a los televidentes que me agredan y destruyan propiedades de mi familia, y no pasa nada. Un tribunal municipal se lavó las manos y dijo que se acudiera a otro foro más alto para buscar un detente a la escalada de sus agresiones. Escondido en la imagen de una muñeca, suele burlarse a diario de muchos otros periodistas, casi siempre mujeres, y nadie dice nada. Planta en el público la idea de que humillar, perseguir, decir mentiras e insultar está bien. El canal y sus anunciantes apoyan esas prácticas.
AMENAZAS: Esta semana conversé con la periodista independiente Bianca Graulau, a quien también la han amenazado por sus oportunas investigaciones en la web sobre los beneficiarios de la Ley 60.
CHILLING EFFECT: Todo esto coincide también con una serie de cartas que distintos abogados han enviado, amenazando con demandar a periódicos, medios digitales editores, noticieros de TV y emisoras de radio para que dejen de cubrir ciertos temas. La idea es crear un “chilling effect” o congelar y neutralizar las coberturas.
BARRERAS: Igualmente, no podemos olvidar la falta de respeto de los ejecutivos de Luma a los periodistas en las últimas dos conferencias de prensa, especialmente en la de Wayne Stensby. El no permitir preguntas y conducir conferencia en inglés sin interprete fue a propósito para usar a los periodistas en un acto de burla al pueblo.
ODIO CIBERNÉTICO: Como si esto no fuera poco, esta semana quedó evidenciado al menos uno de los equipos de trolls en las redes sociales. Se divulgaron nombres de varios de oficiales de prensa del gobierno y Denise Morgan, una exempleada de Quanta Service, dueña de Luma, aparecen con cuentas en Facebook y Twitter para atacar a la prensa y los opositores. Se trata de la cuenta “Tumba el Tumbe” que por casi dos años estuvo difamando y atacando a lideres de la Utier, a legisladores y periodistas. La Asociación de Relacionistas Profesionales y la Junta Reglamentadora no se han expresado.
REGIONALES: Hay otros casos a nivel regional de alcaldes y legisladores que presionan a periodistas regionales y a emisoras de radio para que no los fiscalicen.
Todas estas cosas coinciden con momentos en que los medios de comunicación se están transformando por la tecnología y la crisis económica. Ahora es todo virtual y cibernético, y los medios no tienen ni quieren destinar presupuestos para defenderse en los tribunales. Los periodistas independientes no tenemos ese apoyo económico tampoco, así que se crea un clima que facilita el abuso de los corruptos hacia la prensa.
Es conocido que las agresiones a periodistas no son un fenómeno nuevo. Se sabe que las dictaduras en América latina se caracterizaron por la desaparición, las agresiones a la prensa independiente y los asesinatos de periodistas. La presión también sucede en otros países.
ESTADOS UNIDOS: Estados Unidos tiene su historia de represión a la prensa. Más recientemente los seguidores de Trump y la administración republicana agredieron a periodistas y los han silenciado. Bajo el gobierno de Obama, grababan e interceptaban ilegalmente teléfonos de periodistas de The Washington Post o The New York Times entre otros. Esto no se ha detenido.
AMÉRICA LATINA: En lo que va del 2022 ya van más de 19 periodistas asesinados en Latinoamérica según la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). En México el 2022 ya es el año más mortífero en su historia con 14 asesinados según Reporteros sin Fronteras. Hay que añadir las encarcelaciones, golpes, exilio forzado y asesinatos en Nicaragua, y sucesos en Brasil, Colombia, Argentina, Haití y República Dominicana.
No podemos tolerar que Puerto Rico llegue a esos extremos.
Limitar el trabajo de un periodista, golpearlo, perseguirlo o intentar destruirlo afecta el pueblo. Las golpizas, el allanamiento de morada, el robo de materiales, las amenazas telefónicas, cibernéticas y televisivas, son golpes al pueblo. La falta de voluntad del gobierno para detener estos hechos y perseguir a los que los hacen, genera impunidad.
La OEA establece que la violencia contra los periodistas tiene un efecto triple:
1. Vulnera el derecho de las víctimas a expresar y difundir sus ideas, opiniones e información;
2. Generan un efecto amedrentador y de silenciamiento en sus pares;
3. Violan los derechos de las personas y las sociedades a buscar y recibir información e ideas de cualquier tipo.
Los políticos del PNP, del PPD y de los demás partidos que se queden callados, son cómplices de esta violencia. Igual de cómplices son las organizaciones sociales que callan.
La violencia contra periodistas y otros trabajadores de medios de comunicación constituye un ataque a la libertad de prensa, limita el derecho que tiene el pueblo a estar informado y daña a la sociedad porque vulnerar el periodismo es atacar el pueblo. Un periodista silenciado es un pueblo enajenado. Esto no se puede permitir.
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