Claustro UPR levanta la voz contra la Junta de Control Fiscal y el gobierno

Prof. Margarita Villamil, representante del claustro en Junta de Gobierno de la UPR, reaccionó a incertidumbre por recortes impuestos por la Junta de Control Fiscal

Prof. Margarita Villamil en una graduación

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Basta ya de los recortes a la Universidad de Puerto Rico porque quieren destruir la institución. En síntesis, ese es el mensaje que se desprende de las poderosas expresiones que lanzó ayer la representante del claustro en la Junta de Gobierno, Margarita Villamil, a la Junta de Control Fiscal y el gobierno de Pedro Pierluisi.

 

La profesora fue tajante en sus expresiones al decir que la tanto la JCF como el gobierno mantienen en una “incertidumbre constante” al primer centro docente del país, que pretenden hacer un “micro manejo” de la universidad, que recortan fondos y no dan el dinero aprobado, y encima de todo eso, no les informa a la gerencia de la institución de los cambios y recortes, afectando la estabilidad de la UPR.

“Esta actitud ha llegado al punto que nos enteramos por los medios, al leer el entrelineas de las expresiones del Director Ejecutivo de Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), Hon. Omar Marrero, que la JSAF explora e impulsa la posibilidad de que la UPR se someta a la quiebra bajo ley PROMESA, con las nefastas consecuencias que esto representa para nuestra institución. No nos queda otra alternativa; solo concluir que estas acciones tienen el claro propósito de lograr el control que no han podido lograr al momento”, expresó Villamil.

“Es hora de que la institución se ponga de pie y que se reconozca el valor de la inversión que representa la UPR para Puerto Rico. Es hora de que defendamos la institución que con tanto sudor y sacrificio hemos construido los puertorriqueños para el mejor porvenir de nuestra juventud”, agregó.

El presupuesto consolidado de la Universidad de Puerto Rico para el año fiscal 2024-2025 fue aprobado por la Junta de Gobierno por la cantidad de $1,301,836,000. Esto incluye un total $500 millones de apropiaciones del Gobierno Central para gastos operacionales, en cumplimiento con Ley 53 de 2021. La Junta de Gobierno sostuvo y reiteró su postura respecto al presupuesto, aprobada en la Certificación Núm. 158 (2023-2024), ante el Notice of Violation que emitió la Junta de Supervisión y Administración Financiera. Para Villamil, esto es suficiente para que la UPR reaccione.

“Este presupuesto representa el esfuerzo más responsable dentro de un marco de recursos sumamente limitados para mantener una operación universitaria balanceada y sostenible. Esperamos que, tanto la propuesta como las respuestas al Notice of Violation, sean consideradas por la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSAF) con la misma responsabilidad y con el mejor interés de nuestros estudiantes en mente”, sostuvo Villamil.

“La Universidad ha estado en constante comunicación y ha cumplido con todos los requisitos de la JSAF, según demuestra el progreso de los proyectos de transformación,de la institución y las continuas reuniones de discusiones presupuestarias y operacionales con la JSAF. Sin embargo, la comunicación recibida en el NOV no refleja el espíritu de colaboración, apertura y transparencia que ha demostrado la UPR”, agregó.

La comunicación recibida demuestra la insistencia de la JSAF en mantener el presupuesto operacional irrestricto de la institución en $441 millones, en vez de los $500 millones que establece la Ley 53 de 2021. Insisten en incluir los $59 millones de Resoluciones Conjuntas que recibe la UPR para brindar servicios al pueblo de Puerto Rico dentro de la base presupuestaria operacional.

“Esta posición ignora las reiteradas explicaciones de la institución a estos efectos y la intención legislativa establecida con la aprobación del Proyecto de la Cámara 2002, que está en el escritorio del Hon. Pedro Pierluisi Urrutia y esperamos que sea convertido en ley próximamente. Si la JSAF mantiene esta interpretación, la institución está siendo obligada a solicitar a la legislatura que no asigne las resoluciones conjuntas”, sostuvo Villamil.

“Esta situación no es por falta de recursos, ya que la propia JSAF ha comunicado al público, incluso antes de darlo a conocer a la UPR, que la institución contará con $102 millones que identificó la legislatura en el AF 2025, tal y como fue el caso en el año fiscal 2024. Este tema pone al relieve la insistencia de la JSAF al micro-manejo de las operaciones universitarias, lo que nos trajo a que hoy, a 17 días del final del año fiscal 2024, no se ha recibido el 87% de los fondos adicionales identificados por la legislatura, a pesar de haber cumplido al pie de la letra con el calendario de trabajo y con las iniciativas de transformación identificadas por la JSAF”, agregó.

Explicó en su misiva que durante los años fiscales 2023 y 2024, se aprobó en el presupuesto certificado por la JCF una asignación de $6.9 y $7.2 millones, respectivamente, bajo custodia de Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM).

“Esta partida se presupuestó para cubrir el salario de los médicos que supervisan (attending) a los internos residentes como un costo integral de los servicios que se rinden por estos estudiantes en las facilidades de ASEM. Sin embargo, no se ha recibido en ninguno de los años aprobados y ahora la JCF aduce que correspondía al pago de unos contratos de servicios (no relacionados a los internos residentes) que brinda el Recinto de Ciencias Médicas a ASEM”, dijo Villamil.

Agregó que para el año fiscal 2025, la JCF “pretende sustituir la línea en el presupuesto por una que se ajusta, convenientemente, a su nueva interpretación; esto no debe ser una asignación presupuestaria a la UPR por no ser la beneficiaria. De no honrarse los fondos para los propósitos solicitados, que es cubrir los costos del programa de internos residentes, no se debe incluir ninguna partida en el presupuesto de la UPR para el beneficio de otra entidad y, de paso, se deben enmendar los presupuestos del año 2023 y 2024 para que reflejen la realidad”.