¿Quién es el culpable del juez maltratante y ‘periquero’?

¿Quién es el verdadero culpable que la Judicatura de Puerto Rico haya tenido por 20 años a un juez maltratante de mujeres y usuario de cocaína? Esa es la pregunta que debe surgir a raíz del escandaloso informe que trascendió ayer con la destitución del “honorable” juez Reinaldo Santiago Concepción.

En un hecho sin precedentes el Tribunal Supremo de Puerto Rico destituyó ayer al juez y lo desaforó del ejercicio de la abogacía por actos continuos de violencia doméstica y utilizar cocaína. Los jueces del Supremo también refirieron el caso al Departamento de Justicia. El juez que trabajó en el Tribunal de Aibonito, por años maltrató a su mujer quien era abogada de la Sociedad para la Asistencia Legal, al punto que hasta le rompió una costilla.

¿Quién fue la persona que metió a Santiago Concepción a juez? ¿Bajo qué criterios lo nombraron? ¿Quién lo protegió para darle el premio de ser juez? ¿Quién empujó ese nombramiento en la Comisión de lo Jurídico del Senado y defendió su permanencia?

Cámaras y tribunales

En Puerto Rico, las cámaras y los tribunales son entes encontrados, contrarios y antagónicos. Es sencillo: las cámaras están prohibidas por el ordenamiento jurídico vigente, pero hay vientos de cambio. Tan pronto como el primero de octubre se dará a conocer el resultado de una encuesta entre más de 345 jueces de Primera Instancia y del Tribunal Apelativo para conocer si están o no de acuerdo con permitir cámaras en sala.

Lo que digan los jueces será importante porque dará una señal clara de cuál será el interés que predomine: si el del público para enterarse de primera mano de lo que pasa en corte, o el de los jueces por proteger su entorno, y de paso, protegerse ellos mismos y al sistema al evitar que trascienda cómo es que de verdad se bate el cobre.

Todo esto no se da en un vacío. Surge tras años de luchas en la Prensa, pero es ahora, quizás como nunca antes, cuando el público está exigiendo esos accesos. En parte debido al alza de casos de interés público. El atroz asesinato aun sin esclarecer del niñito Lorenzo González Cacho y la vil ejecución a quemarropa de Carmen Paredes –por la cual ya ha sido acusado su esposo Pablo Casellas– son quizás los dos ejemplos más recientes que han destapado el interés público de ver el minuto a minuto de como se dilucidarán ambos casos una vez lleguen al Tribunal.

El problema está en que el Canon 15 de los Cánones de Ética Judicial que prohíbe a cualquier miembro de la Prensa o cualquier persona tomar fotos o películas en un Tribunal durante la celebración de sesiones judiciales, incluyendo durante los recesos.

A través de la historia ha sido la Prensa, a través de los gremios de periodistas, la que ha defendido el derecho del público a ver lo que pasa en Corte. La Asociación de Periodistas de Puerto Rico, el Overseas Press Club, y muy en especial, la Asociación de Fotoperiodistas de Puerto Rico, desde los años 70 han pedido esos accesos. En los 80 lograron que el Tribunal Supremo iniciara un estudio (Informe sobre la relación entre Prensa y Tribunales del 1981), además de otras gestiones. Otro estudio data del 2003.

Respaldo judicial al FBI por agredir a la prensa: El sistema se protegió

El sistema federal se protegió a sí mismo, tras seis años de deliberaciones. Esa es la conclusión a la que se puede llegar con la determinación que bajó en el caso que llevaron los periodistas por ser atacados con golpes y gas pimienta por parte de los agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en el año 2006.

Hoy del Primer Circuito de Apelaciones de Boston sostuvo la determinación del juez José A. Fusté de desestimar la demanda que un grupo de periodistas y organizaciones de prensa presentó contra el por aquellos hechos que ocurrieron mientras la prensa fue objeto de atropellos del Estado,  mientras hacían su labor de informar en el allanamiento de una supuesta Machetera en febrero de 2006 en el condominio De Diego 444.

Los jueces apelativos, que incluyen por invitación al juez Paul Barbadoro, aceptaron la versión de hechos de los demandantes pero, aún así, determinaron que la reacción de los agentes ese día fue una reacción permisible dentro de las circunstancias.