Dan ultimatum: O firman o se van de Vital

Gobierno busca poner de rodillas a grupos médicos, laboratorios, Rayos X y favorece a las aseguradoras con plan para que cancelen si no firman; se mueven a darle el negocio a clínicas de aseguradoras por recomendación de asesora que fue destituida de La Fortaleza 

O firman, o se van. Esa es la actitud de la directora ejecutiva de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Edna Marín, quien envió cartas ayer a los proveedores para que firmen los nuevos contratos que regirán el Plan Vital por los próximos tres años. Esto, a pesar del reclamo de proveedores de que en al menos dos de las aseguradoras están obligándolos a firmar el contrato sin leerlo.

Si no los firman, les recuerda que los beneficiarios o pacientes se quedan con el mismo plan pero pueden escoger proveedor. O sea, les deja saber que los médicos no firman los contratos, el paciente los puede dejar y ellos quedarse fuera. Esto afecta principalmente a médicos, grupos IPA y centros 330, laboratorios, centros radiológicos y otros.

Esta movida viene después de días intensos que auguran un potencial  colapso en el sistema de salud de 1.3 millones de personas pobres si los problemas y falta de capital no se enmiendan. Ayer el presidente de la Asociación de Laboratorios Clínicos Wilson López López en entrevista En Blanco y Negro en radio exigió destitución de Marín por el mal manejo con el proceso de contratación de las aseguradoras, el caos con el Plan de Salud del Gobierno y por llevar la negociación “a puertas cerradas” con las cuatro aseguradoras MMM, Triple S, MCS y First Medical.

El martes, la Asociación de IPAS, el Colegio de Médicos Cirujanos, la Puerto Rico Urological Association, el Colegio de Cirujanos Dentistas, la Sociedad Puertorriqueña de Ortopedia y Traumatología, junto a doctores y grupos médicos primarios publicaron una carta abierta en varios periódicos de circulación nacional exigiendo información porque está en peligro “el acceso y continuidad de servicios a los más vulnerables, los beneficiarios del Plan de Salud del Gobierno, que son 1.3 millones de puertorriqueños”.

Y el lunes, En Blanco y Negro revelamos un demoledor informe sobre salud mental que preparó la misma ASES y que Marín mantuvo escondido hasta los mismos de su junta de directores desde mayo. El informe detalla un verdadero caos y limitación de servicios a los pacientes en todo Puerto Rico. Dice además que la compañía APS Healthcare no tiene la capacidad para brindar los servicios de salud mental que requiere Puerto Rico, no cumple con la ley federal porque no provee acceso a los pacientes y ellos mismos se autoevalúan, violando así el contrato con ASES.

Pero como si todo eso fuera poco, el secretario de Salud, Carlos Mellado, quien está en rondas políticas en Washington hace días, no asume posturas. Por el contrario, admitió que no sabía nada del estudio de salud mental, y calla ante las controversias. Dijo que los recamos de la Asociación de Laboratorios los tomó por sorpresa.

Y mientras, el Presidente del Senado, José Luis Dalmau le pide al Gobernador centrar esfuerzos en Medicaid asegurar la asignación presupuestaria federal sobre Medicaid para Puerto Rico, y no los diluyan en proyecto de Estadidad que no será ley.

En el ínterin, hoy ASES envió la carta a las organizaciones de manejo coordinado de salud, pero varias fuentes señalan a que es parte de una estrategia que Marín no montó sola. Cuenta con el asesoramiento de quien llaman es el verdadero poder detrás del trono en esa agencia, la asesora Johan Serrano .

 LA MANO SINIESTRA

Serrano tiene todo un historial de acciones truculentas desde que trabajó en la administración de Luis Fortuño.

En aquel momento Fortuño tenía como asesor en temas de gobierno a Alejandro Figueroa y en salud a Diego Loinaz. Serrano era la ayudante de Loinaz. Esos tres funcionarios fueron destituidos porque trascendió que estaban presionando indebidamente a los empleados de ASES para lograr cambios en las contrataciones de aseguradoras del plan de reforma de salud en aquella época.

Específicamente trascendió en prensa que presionaron al entonces director de ASES Domingo Nevárez, y al presidente interino de la Junta de ese organismo, Ramón Cruz, para beneficiar a la aseguradora Cosvi mediante la otorgación de un contrato para administrar dos regiones de la reforma de salud sin tener que ir a subasta. Lo hacían de espaldas a la junta de directores de esa entidad, tal y como están haciendo ahora, cuando se esconde el informe de salud mental y se emiten cartas amenazantes.

En el 2009 fue tanto el malestar que el entonces presidente del Senado Thomas Rivera Schatz pidió acción y Fortuño tuvo que salir públicamente a decir que Serrano no intervendría en ASES y ordenó una investigación. Nada pasó. Ella luego fue a trabajar en el Departamento de Justicia, pero a los pocos meses, tuvo roces con el secretario de entonces, Antonio Sagardía, quien desautorizó a personas que amedrentaban a subalternos a su nombre.

Posteriormente a Serrano la nombraron secretaria asociada de Educación Especial del Departamento de Educación (DE), Johan Serrano. Allí se caracterizó por maltratar a los padres y a miles de niños con impedimentos y fue duramente repudiada por Rosa Lydia Vélez y otros padres de Educación Especial.

En el año 2012 la entonces representante del Partido Popular Brenda López de Arrarás pidió la destitución inmediata de Serrano. Con el cambio de gobierno se fue a trabajar con proveedores, y ahora trabaja tras bastidores dictando las movidas que toma la actual directora ejecutiva de ASES, Edna Marín.

'Es de conocimiento público el modus operandi del gobernador Fortuño. Esta administración se ha caracterizado por proteger a unos pocos a costa del dinero del pueblo y en este caso, del bienestar de los estudiantes de educación especial. El gobernador tiene que asumir su responsabilidad, y destituir inmediatamente a Serrano', insistió en aquel momento López de Arrarás.