Desatada la destrucción de la naturaleza en Puerto Rico

Se han destruido humedales, playas, bosques y reservas naturales en todo el archipiélago. La zona oeste es la más perjudicada con 8 de 26 casos en total.

(NOTA: Este reportaje forma parte de una serie de temas ambientales que salen publicados en Ey Boricua junto a otros reporteros.https://eyboricua.com/noticias/puerto-rico/desatada-la-destruccion-de-la-naturaleza-en-puerto-rico/)

 Por Sandra Rodríguez Cotto y Marcos Pérez Ramírez

Especial para EyBoricua

Los primeros seis meses del 2022 dan cuenta del aumento súbito en los crímenes contra la naturaleza y sus comunidades vecinas que causan daños casi irreparables a playas, bosques, humedales, llanos, cuevas y ríos y que dejan una estela de desesperanza humana por todo el archipiélago de Puerto Rico. En lo que va de año se han cometido más de 4 crímenes ecológicos al mes.

¡Ey! Boricua ha reportado varias pesquisas sobre casos que se convierten en el eje del debate público por el impacto ecológico y humano que representan, tales como la construcción de una piscina en el edificio Sol y Playa en Rincón, el relleno de mangles en la reserva Playa Jobos en Salinas, la venta de terrenos del bosque Las Mesas en Mayagüez, la construcción ilegal sobre la cueva Las Golondrinas en Aguadilla, la construcción de un hotel sobre un humedal en Luquillo y la apropiación de terrenos de dominio público en Joyuda, en Cabo Rojo. Pero éstos no son los únicos. Hay muchos más.

Estas agresiones a la naturaleza son posibles debido a una política pública laxa que facilita  vender terrenos y aprovecharse de la burbuja del “real estate”; ventas inescrupulosas de realtors que promueven playas ´privadas´ que no existen en Puerto Rico; la gentrificación y desplazamiento de las comunidades originales; la corrupción descomunal en agencias como el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA); la lentitud de agencias federales como la Agencia de Protección Ambiental (EPA); y las violaciones de ley al intentar cambiar los reglamentos, como es el caso del Reglamento Conjunto 2022 de la Junta de Planificación. ¡Ey! Boricua reveló en exclusiva las 932 páginas de ese reglamento en abril.

La respuesta a estos casos ha sido denuncias en redes sociales, protestas en parties playeros o piquetes, desobediencia civil, entre otras. Hay que resaltar que tras el paso del huracán María y los terremotos en el sur, muchos de los líderes comunitarios y ecologistas se fueron de Puerto Rico o fallecieron. Esto detuvo un poco el activismo y el empuje de las organizaciones que había antes del 2019.

Sin embargo, en los últimos años se han levantado algunas voces que activan a las comunidades en defensa de sus ecosistemas, más allá de las instituciones que históricamente tienen un compromiso con la conservación, como el Partido Independentista Puertorriqueño, por ejemplo.

Actualmente son más vocales personas como la representante del Movimiento Victoria Ciudadana Mariana Nogales; el excandidato a la gobernación Eliezer Molina; el Arquitecto Pedro Cardona “El Urbanista”; Guarionex Padilla, legislador municipal del PIP; Wilmar Vázquez, del Movimiento en Defensa de Nuestras Playas; el Licenciado José Barea de Sol y Playa; Surfers de Aguadilla; ACLU; Brigada Legal Solidaria, Surfrider Puerto Rico, entre otros.

La región oeste es la más afectada por la violencia desatada contra la naturaleza, seguida por la región este, pero los problemas ocurren a lo largo y ancho del archipiélago. A continuación, un desglose de los casos más contundentes en los últimos meses:

ZONA OESTE:

1. RINCÓN – Sol y Playa

La construcción de una piscina y verja en terreno que es de dominio público en la zona marítimo terrestre provocó protestas en el 2021 de decenas de manifestantes frente a más de 500 policías que protegían la construcción. En varias ocasiones hubo tinglares anidando en la zona. El Tribunal Apelativo ordenó la paralización y demolición de la construcción que impulsa un grupo de residentes encabezados por el primo y asesor del gobernador, Walter Pierluisi. Todavía no han detenido la construcción, a pesar de la orden del tribunal y de que esta semana se volvieron a avistar tinglares. Hoy bajó la decisión del Tribunal Supremo que determinó determina “no ha lugar” a petición de residentes. Tienen que remover escombros y dejar la playa Los Almendros en su estado natural.

2. RINCÓN – Tres Palmas

Desde el 2018 hay oposición a que se construya un hotel de la empresa Rincón Blue Water LLC. en un humedal que ubica a su vez en una zona de valor arqueológico y a escasos 500 metros de la Reserva Marina Tres Palmas. Se realizaron protestas y hasta hay peticiones en línea para que se detenga, pero la construcción continúa.

3. AGUADILLA – Muelle ilegal sobre cueva Las Golondrinas

Surfers y ambientalistas protestaron por la construcción indiscriminada en Aguadilla que afectó el hábitat del pelícano pardo en la zona de la playa Tamarindo. El liderato del PIP en Aguadilla radicó querella ante Recursos Naturales en abril. Hace unas semanas hubo protestas coordinadas por los surfers y Eliezer Molina, quien señaló violaciones a leyes federales de protección de aves en la zona. A finales de mayo, la secretaria interina de Recursos Naturales, Anaís Rodríguez, ordenó la demolición de estructuras sobre la cueva Las Golondrinas. Pero Molina denunció que más allá de Las Golondrinas, otras cuevas y áreas en esa zona también se han visto afectadas por construcciones ilegales.  Las protestas trascendieron a nivel global por una serie de reportajes publicados por las cadenas NBC News y MSNBC.

4. AGUADILLA – Casa de Anaudi Hernández

Hace una semana la empresa Diatom Environmental Services radicó una querella ante la EPA en contra del convicto exrecaudador del Partido Popular Democrático, Anaudi Hernández Pérez, por realizar descargas de aguas sanitarias desde su lujosa propiedad en Aguadilla. En la lujosa propiedad también realizaban fiestas nudistas, lo cual es ilegal, según reveló un reportaje de TeleOnce. Varios residentes en la zona también han cerrado accesos públicos a las playas.

5. AGUADILLA – Cierran ilegalmente acceso Playuela

Los desarrolladores de un hotel en Playuela y empresarios privados cerraron el acceso a las playa. Los residentes se quejaron. La organización Salvemos a Playuela convocó protestas, reportó la emisora regional WABA-AM y La Isla Oeste.

6. CABO ROJO- Joyuda

Ante denuncias públicas que inició el asambleísta del PIP Guarionex Padilla, y dadas a conocer en los reportajes de ¡Ey! Boricua, ayer el DRNA revocó la concesión de uso de zona marítimo terrestre que le había otorgado a Moisés Sánchez Loperena, expresidente de la Junta de Subastas de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), con la que el funcionario se había agenciado más de 30 pies de playa y bienes de dominio público al costado de la carretera PR- 102 en Joyuda. Allí construyó, en violación a la propia concesión, un deck de madera que llegaba al mar y una verja que ponía en peligro la vida de especies marinas, algunas en peligro de extinción. Un grupo de manifestantes removieron la verja y se recuperó el acceso a esta playa de Joyuda, ubicada en el KM 13.7 de la carretera PR-102. En horas de la madrugada del día antes, la casa rodante fue sacada del lugar, presuntamente por sus dueños.

Hoy trascendió que la casa rondante de Moisés Sánchez Loperena, expresidente de la Junta de Subasta de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) fue trasladada a otra propiedad de alquiler vacacional a corto plazo llamada Joyuda Blue Apartments, que administra su socio de negocios Willidy Vega Acevedo, con quien se asoció para crear Blue Bay Village, la empresa que obtuvo una concesión para el uso de la zona marítimo terrestre que ayer fue revocada por el Departamento de Recursos Naturales (DRNA).

Ese no es el único caso en esa playa. Molina denunció que en otra región en Joyuda se construyó una piscina privada en la zona marítimo terrestre, dentro del mar.

7. CABO ROJO – Combate

En la playa de Combate se identificaron una serie de irregularidades en construcciones ilegales en campos de “trailers” sobre la zona marítimo terrestre y en áreas de dominio público en la playa Combate. Esto afecta no sólo los negocios establecidos, sino a los vecinos que los tienen en vilo, denunció La Isla Oeste.

8. MAYAGÜEZ  – Cerro Las Mesas

La semana pasada se publicó que la Autoridad de Tierras se propone vender unos terrenos protegidos en el bosque de la Reserva Cerro Las Mesas Cerro las Mesas en Mayagüez a pesar de que es ilegal y afecta a comunidades aledañas. El proyecto propuesto enfrenta oposición del gobierno municipal y de una serie de comunidades afectadas. Las ventas de terrenos las impulsa el desarrollador Moisés Velásquez Lugo, según se dijo. Las comunidades mayagüezanas Cerro las Mesas y Pura Brisa temen que esta acción altere los ecosistemas y provoque más deforestación, deslizamientos de terrenos, escorrentías de agua, erosión y destrucción de la vida. La reserva forestal Cerro Las Mesas fue establecida por Para La Naturaleza en el 1999 debido a la presencia de un ecosistema boscoso.  Ayer el Gobernador Pedro Pierluisi dijo el TeleOro que cualquier construcción en un bosque o reserva va en contra de la política pública de su gobierno.

ZONA ESTE

9. LUQUILLO – Paralizaron hotel de Stubbe sobre humedal

La jueza Irmarie Colón Massó paralizó la construcción del hotel Farfield Luquillo porque se erige sobre un humedal en un terreno de dominio público y dijo que cualquier ciudadano tiene derecho a reclamar, por lo que citó a una nueva vista el próximo 8 de junio. Desde el 2021 hubo protestas en la zona que se agravaron cuando encapuchados salieron de la construcción y agredieron mujeres que se manifestaban, a pesar de ser frente a oficiales de la Policía. Las violentas agresiones se captaron en vídeos por las redes sociales.  El hotel lo construye el desarrollador y miembro del Super PAC del gobernador Pierluisi, Fedrico Stubbe con el grupo Prisa. La Organización Ciudadanos por un Luquillo Resiliente, buscan detener la construcción ilegal del hotel porque además de hacerse sobre un humedal, está sobre un área de yacimientos indígenas de la cultura pretaína igneri, cerca del balneario La Monserrate. El caso es el número LU2022CV00052 y se encuentra en etapa de presentencia.

10. RÍO GRANDE – Las Picúas

En marzo Molina hizo públicas denuncias de pescadores de Río Grande que alegaron que el Municipio y vecinos cerraron las calles que dan accesos a la playa Las Picúas, negándoles el derecho a trabajar en a pesca. Además, denunció construcciones ilegales en la zona marítimo terrestre. El alcalde Ángel “Bori” González quitó los portones, pero los residentes los volvieron a colocar, reportó Radio Isla.

11. HUMACAO – Punta Santiago y en Palmas del Mar

Varias denuncias han trascendido en los últimos meses, e incluso se han hecho protestas contra construcciones ilegales en áreas como Palmas del Mar y en Punta Santiago. Se denunció la tala masiva de más de 150 árboles, sin permisos, pero con el pretexto de que era para recoger escombros, en Punta Santiago. Líderes comunitarios también advirtieron que hay una serie de consultas para otorgar permisos de proyectos propuestos para la zona de la Reserva Natural Punta Santiago. Uno de éstos es The Marbella Club, a un costo de $1.5 millones, reveló Metro.

12. CULEBRA – Playa Flamenco

Se organizó una petición en línea por change.org , luego de que en varios vídeos se evidenciara la construcción ilegal de una vivienda en la icónica playa Flamenco, cerca del área conocida como El Muellecito, designada como hábitat Crítico para Arrecifes de Coral y Tortugas Marinas en Peligro de Extinción. La petición alcanzó más de 40,100 firmas.

13.VIEQUES – Robo y construcciones privadas en la playa

Viequenses denunciaron el robo de terrenos de dominio público y la acelerada construcción de propiedades turísticas en la zona marítimo terrestre en diversas playas en Vieques. En donde más se ven las construcciones ilegales es en la zona norte de la Isla Nena.

ZONA NORTE:

14. ISABELA – Desarrollo indiscriminado en toda la costa y tala de mangle

Ciudadanos vienen denunciando desarrollos indiscriminados en la zona marítimo terrestre de los sectores Jobos, Bajura y a lo largo de casi toda la costa en Isabela, y que esto data de la administración de los exgobernadores Ricky Rosselló y   Wanda Vázquez. Surfers, residentes, comerciales y ambientalistas han realizado múltiples protestas y denuncias.

15. DORADO – “Beach Party” en Dorado 

En febrero, decenas de personas participaron en una protesta pacífica tipo “beach party” que convocó la organización En Defensa De Nuestras Playas con Molina para exigir el libre acceso a las playas de Dorado, cerca del hotel Dorado Beach Resort, del grupo Prisa. Se alegaba que el hotel limitaba el acceso a las playas, porque para entrar tiene que ser por zonas rocosas. Además, construyeron un rompeolas en el mar. Un carey apareció muerto en la playa en junio.

16. CAMUY – Potrero en la playa

Molina radicó la querella #EM-05-2020 denunciando una construcción ilegal en la zona del carso, donde cortaron parte de la montaña para hacer espacio para un potrero y tener acceso privado a la playa.

17. MANATÍ – Zona marítimo terrestre

En febrero se hizo viral un vídeo de un individuo que prohibió a jóvenes entrar en una playa en Manatí, donde construye ilegalmente en la zona marítimo terrestre. El individuo alegó que la playa era su propiedad privada. En Puerto Rico las playas son públicas.

ZONA SUR:

18. SALINAS – Reserva Las Mareas, en Playa Jobos

En octubre del 2021 ¡Ey! Boricua dio a conocer que el entonces secretario del DRNA, Rafael Machargo, preparara el desalojo de invasores en la reserva Las Mareas en la playa Jobos. Seis meses más tarde, en marzo de 2022, más tarde, la representante Mariana Nogales denunció que el daño sería irreversible si se continuaba y Machargo dijo que había que ser cauteloso por amenazas de “personas de mucho poder”. 

Como parte de la controversia pública, se supo que la alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla sabía del crimen ambiental desde el 2015 aunque vino a quejarse en el 2019. El Rep. Narmito Ortiz celebró fiestas ilegales en la reservades del 2015.

En abril, Molina, denunció tener evidencia de que empleados de La Fortaleza obstruyeron investigación sacando del expediente escrituras, cartas y correos electrónicos, y refirió los señalamiento a secretario de Justicia. Hubo vistas legislativas públicas, protestas y controversia. También en abril se reveló que el agente del Cuerpo de Vigilantes, Miguel Zalduondo, se suicidó en su área de trabajo en la reserva en Jobos

 En mayo, la jefa de la Agencia Federal para la Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés), Carmen Guerrero, dijo que la pesquisa federal estaba “adelantada”. El 3 de junio, la secretaria interina del DRNA, Anaís Rodríguez Vega, ordenó la demolición de nueve estructuras y muelles construidos ilegalmente en la zona marítimo terrestre y terrenos aledaños a la Reserva Nacional de Investigación Estuarina Bahía de Jobos, en Salinas.

19. PONCE – Bosque urbano El Samán

Ecologistas de Ponce denunciaron que se reactivó la tala de árboles en terrenos sensitivos del bosque urbano El Samán en Ponce. Portavoces del Comité de Amigos de los Árboles denuncian que este año han talado árboles, reveló el periódico regional  La Perla del Sur la semana pasada.

20. PEÑUELAS – Asfaltera y casas de playa

Las empresas Asphalt Solution Hatillo (Super Asphalt) y Empire Gas Company fueron multadas por la Junta de Planificación (JP) en $30,756.00 por construir una asfaltera ilegal, cuyas labores fueron detenidas la pasada semana por líderes y vecinos de la comunidad Tallaboa Encarnación de Peñuelas, reportó el medio regional El Sol.

21. PEÑUELAS- Descarga ilegal de aguas sanitarias a quebrada Los Cedros

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) emitió una orden de cumplimiento en virtud de la Ley Federal de Agua Limpia contra ALV Development, LLC para abordar las descargas de aguas usadas no tratadas provenientes de un desarrollo residencial en Peñuelas, Puerto Rico, que descarga hacia la quebrada Los Cedros.

El 5 de abril de 2022, la EPA inspeccionó la estación de bombeo de la urbanización Parque Miramonte, después de que la agencia recibiera una serie de querellas alegando que los desbordamientos de aguas sanitarias estaban llegando a una quebrada cercana y afectando la calidad del agua y de los ecosistemas colindantes, como es el caso del sistema de cavernas del Área Natural Protegida Cuevas el Convento.

ZONA CENTRAL

22. COROZAL – Remoción de corteza terrestre

El guardabosque Raúl De Jesús, conocido como “El Lorax” detuvo una construcción ilegal y la remoción de corteza terrestre en una zona de Corozal. La querella es la DRNA QSJT-381-22.

ZONA METROPOLITANA

23. OCEAN PARK – Intento de privatizar playa

En enero, un incidente que se hizo viral en las redes sociales donde una supuesta residente de Ocean Park negó el acceso a la playa a unos jóvenes, que la chispa que encendió la mecha de una manifestación para educar sobre el libre acceso a las playas. El vídeo, que fue ampliamente difundido en los medios, motivó la protesta.

24. TOA BAJA – Quieren vender lago de Levittown

Ciudadanos, líderes comunitarios y el alcalde de Toa Baja, Bernardo “Betito” Márquez se ponen a la venta del icónico lago de Levittown que está en venta y planifican protestas. Reveló ¡Ey! Boricua y varias emisoras radiales en mayo.

OTROS

25. Reglamento Conjunto 2022

En abril ¡Ey! Boricua reveló el nuevo Reglamento Conjunto 2022 que permitirá todo tipo de construcción en todas la zonas del país sin necesidad de consultas y evaluaciones, alterando toda la planificación vigente, eliminando el rol de profesionales como ingenieros, agrimensores y arquitectos, y quitándoles poderes a municipios y comunidades.  El voluminoso documento de 983 páginas que la Junta de Planificación (JP) ha mantenido celosamente guardado y sólo lo ha compartido con algunos constructores, desarrolladores y empresarios de Ley 60 (antes 20-22). 

26. Aumento de 29% en permisos de construcción

La concesión de permisos de construcción en las costas durante el 2021 aumentó 29% en comparación con el 2020, según datos de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) analizados por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI).Del 2015 al 2021 se otorgaron 20,048 permisos de construcción para proyectos en las costas de Puerto Rico. En los municipios costeros se ubica el 60% de los 3.2 millones de residentes de Puerto Rico, según datos del Censo de 2020.

En mayo, la jefa de la Agencia Federal para la Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés), Carmen Guerrero, en una entrevista exclusiva en ¡Ey! Boricua, hizo un llamado para que se detengan las construcciones ilegales de proyectos en todas las costas del país, particularmente en los pueblos de Rincón Aguadilla y Cabo Rojo, y advirtió que están investigando.