Nueva vista judicial para hotel ilegal en Luquillo

Jueza pautó para el 8 de junio la vista para determinar si se detiene construcción de hotel sobre humedal, desarrollador Federico Stubbe se opone

Hubo protestas, agresiones a manifestantes y polémicas con trabajadores, pero la construcción del Hotel Fairfield Luquillo cerca de la playa y sobre un humedal, nunca se detuvo.  Pero la jueza Irmarie Colón Massó determinó esta semana que la construcción es sobre un humedal que es un terreno de dominio público, por lo que cualquier ciudadano tiene derecho a reclamar, y citó a una nueva vista el próximo 8 de junio.

Se trata de la oposición a la sentencia sumaria que lleva un grupo de vecinos que pertenecen a la Organización Ciudadanos por un Luquillo Resiliente, quienes desde el año pasado buscan detener la construcción ilegal de un hotel sobre un humedal y sobre un área de yacimientos indígenas de la cultura pre-taína igneri, cerca del balneario La Monserrate. El caso es el número LU2022CV00052 y se encuentra en etapa de pre-sentencia.

Esta es la continuación del caso que presentó esa organización en abril para intentar detener la construcción, y que este medio publicó en abril. 

Friedel y Federico Stubbe.

El hotel está siendo construido por Luquillo Hotel Company, cuya empresa matriz es Prisa Group del poderoso desarrollador y contribuyente político Federico Stubbe, quien a su vez es uno de los miembros del Súper PAC “Salvemos a Puerto Rico”. Ese es el Comité de Acción Política por el que Joseph Fuentes se declaró culpable a nivel federal de mentir para ocultar la procedencia del dinero de campaña política a favor del gobernador Pedro Pierluisi.

Stubbe y el Grupo Prisa buscan construir un hotel Farifield Inn & Suites, de la cadena Marriott, con 104 habitaciones. La fecha de apertura es marzo del 2023.

Desde el año pasado, vecinos de Luquillo comenzaron a protestar al notar la entrada y salida de camiones sobre un humedal. Se presume que los yacimientos indígenas en la zona fueron destruidos por la constante entrada y salida de camiones, el movimiento de terrenos y el relleno puesto por los desarrolladores.

En múltiples vídeos que circularon en las redes sociales y en los medios electrónicos durante las protestas en noviembre del 2021, se vio a una serie de encapuchados que salían de la construcción y se identificaron como empleados, agrediendo a mujeres y lanzando empujones, puños, ofensas lascivas, amenazas e intimidaciones. Nadie fue arrestado en aquel momento a pesar de que había policías en la zona.

Fue entonces cuando la comunidad se activó. Originalmente el caso lo vio el juez Juan A. Robles, del Tribunal de Fajardo, pero éste se inhibió. Había sido asesor de varios legisladores. El caso entonces pasó a la jueza Colón Massó, quien reconoció que el hotel se construye sobre una zona de dominio público, por lo que cualquier ciudadano tiene derecho a reclamar. 

Foto de la protesta, de las redes sociales.

El reclamo lo lleva Mónica Stamper, residente de Luquillo y miembro de Ciudadanos por un Luquillo Resiliente. La representa el licenciado Oscar Martínez Borrás. A Stubbe y el Grupo Prisa lo representa el bufete Pietrantoni, Méndez y Álvarez.

Stubbe y el grupo Prisa alegan que tienen todos los permisos, aunque admitieron a la prensa en noviembre que rellenaron sobre 30 acres de terreno. Alegan que tienen permisos del Departamento de Recursos Naturales (DRNA).

La Oficina de Gerencia de Permisos (OGPE) defiende al desarrollador. Alega que la construcción cumple con el Reglamento Conjunto del 2019 y 2020 de la Junta de Planificación. Ambos reglamentos fueron declarados nulos por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, por violar la ley. Entonces OGPE alegó que cumplen con el Reglamento Conjunto 2012, pero éste exigía que se celebrara una vista pública antes de iniciar la construcción, lo que el grupo Prisa nunca hizo.

La Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA), el Cuerpo de Ingenieros y el propio DRNA han expresado que se construye sobre un humedal y que no se debía construir en la zona.

Estudios ambientales hechos por los residentes y por el especialista Héctor Quintero Vilella asesor científico de la organización, demuestran que ese humedal es el hábitat de especies en peligro de extinción cómo el Coquí Llanero, la boa puertorriqueña y la boa de las Islas Vírgenes. Quintero realizó un estudio para la expansión de la carretera PR-3 en el año 2018 y estableció que después del paso de los huracanes Irma y María en el 2017, se afectó el humedal y aumentó su tamaño, por lo que instó a que se realicen estudios más exhaustivos a los que Stubbe se ha negado. 

Construcción del hotel sobre el humedal.

En días recientes la representante del Movimiento Victoria Ciudadana Mariana Nogales también cuestionó los permisos que otorgó el gobierno para construir en esa zona protegida. Pidió una investigación administrativa en la Junta de Planificación, pero ésta la desestimó, en defensa del desarrollador.

Este proyecto coincide con la intención del gobierno de liberalizar aún más los permisos de construcción y eliminar leyes ambientes, tal y como se propone en el Reglamento Conjunto 2022 de la Junta de Planificación. ¡Ey! Boricua reveló en exclusiva el voluminoso documento de 923 páginas el pasado 5 de abril. Ese documento permitirá la construcción desmedida en todo el país, y se había mantenido oculto al público, aunque sí se mostró a ciertos desarrolladores y empresarios de la Ley 60 (antes Leyes 20-22), tal y como se corroboró mediante fotos.