Tribunal protege ASES en demanda para conocer información oculta de ganancias de las aseguradoras del plan Vital; recortaron pagos proveedores y aumentaron a planes médicos
El Tribunal Apelativo emitió una sentencia declaratoria en la que establece que la Administración de Servicios de Salud (ASES) no tiene que darle información a la Asociación de Laboratorios Clínicos ni a la Asociación de Radiólogos de Puerto Rico sobre el uso del dinero ni datos de las ganancias que obtienen las aseguradoras de salud con fondos públicos. Esto, a pesar de que el gobierno justificó recortes de hasta un 30% en los pagos a proveedores, mientras le aumentaron en 6% lo que les pagan a los planes médicos bajo el Plan Vital.
La noticia coincide con información que hemos venido revelando en los últimos dos meses En Blanco y Negro de que las autoridades federales están investigando ASES. Este hecho –[que fue confirmado por el presidente de la junta de esa entidad y secretario de Salud, Dr. Carlos Mellado en dos ocasiones este mes]-, apunta a que las polémicas se entronizan en momentos en que el gobierno de Puerto Rico cabildea en Washington para conseguir más dinero y elevar el presupuesto total de salud pública en sobre $6,000 millones. Mellado dijo la semana pasada que aseguradoras y sus cabilderos, entre los que está el exgobernador Luis Fortuño, estaban en la capital federal pidiendo más dinero.
Las aseguradoras médicas del plan Vital son First Medical, Triple S, Plan de Salud Menonita, MMM Multihealth.
La Asociación de Laboratorios Clínicos y los radiólogos traen así otra vez el reclamo de cómo se maneja el negocio de la salud en Puerto Rico. Estos proveedores se quejaron de que desde el 2017 hubo una intervención directa de miembros de la Junta de Control Fiscal y del exrepresentante del gobierno y cabildero, Elías Sánchez, para recortarle sus pagos mientras aumentaban ganancias y pagos a aseguradoras.
“Hubo intervención directa de personas que tienen serios conflictos de interés”, dijo el Lic. José Sánchez, portavoz de la Asociación de los Laboratorios Clínicos.
“En la Junta de Control Fiscal estaba el expresidente José Carrión III, que después se fue para (la aseguradora) MCS hasta que lo sacaron de allí. También estaba Elías Sánchez, que fue el único del gobierno que abogó abiertamente porque nos recortaran a los proveedores, y todo el mundo sabe que Elías Sánchez es cabildero de las aseguradoras. Eso fue en el 2017 y desde entonces eso ha seguido. Nos recortaron a nosotros y ese año ASES devolvió $1,000 millones al gobierno federal. No es justo”, reclamó.
La sentencia sobre el derecho al acceso a la información pública fue emitida el jueves de la semana pasada por el panel del Tribunal Apelativo compuesto por los jueces Felipe Rivera Colón, Fernando L. Rodríguez Flores y Maritere Brignoni Mártir. Al momento evalúan si apelarán en el Tribunal Supremo.
El eje de la discordia es el contrato que ha mantenido el gobierno con la firma actuarial Milliman Inc. que se basa en información incompleta sobre gastos y utilización del Plan Vital que tiene 1.5 millones de puertorriqueños médico-indigentes.
Desde el 2011 al 2019 el gobierno otorgó contratos por casi $11.6 millones a esa firma de actuarios, y los mantienen, a pesar de la férrea oposición de todos los sectores por las dudas con su información. La semana pasada en este medio presentamos los últimos dos estudios actuariales de Milliman, que, según el secretario Mellado, están bajo revisión de otras firmas.
Sánchez dijo que ASES justificó los recortes de hasta un 30% a los laboratorios y centros radiológicos basándose en el estudio de Milliman del 2017 mientras aumentó en un seis por ciento (6%) la prima que les paga a las aseguradoras. “Eso es ilegal porque ASES no puede establecer ni intervenir en la contratación que las aseguradoras hacen con sus proveedores”, dijo.
Para entender por qué les recortaron a ellos, los laboratorios y centros radiológicos solicitaron copias de las minutas de la junta de ASES y éstos se negaron. “Entregaron unas minutas tachadas editadas, escondiendo las partes más importantes. Se negaron a entregar las grabaciones de esas reuniones de la junta y negaron acceso a ver los datos de la contratación y de utilización de las aseguradoras. Esto era importante para ver realmente cuánto valen las cubiertas médicas de esas aseguradoras. En otras palabras, el tribunal no permitió ver cuánto se le paga a las aseguradoras realmente por cada paciente”, señaló.
“Ellos alegan que era data sensitiva con información confidencial de los pacientes, pero eso no es cierto. Lo que aparecen son codificaciones y no se pueden identificar pacientes individuales, pero sí ver cuánto se llevan en ganancia las aseguradoras. Con esto, el tribunal protege a ese negocio”, agregó.
El gobierno federal establece que por cada dólar de fondos públicos se tiene que dar 92 centavos en servicios a pacientes y pago a proveedores, y los ocho centavos restantes en pago a las aseguradoras. Sin embargo, en Puerto Rico se estima que sólo llegan cerca de 69 centavos de dólar a los proveedores y pacientes. Las aseguradoras se quedan con sobre 31 centavos.
A esta ganancia se añade el hecho de que aseguradoras han estado creando sus propios centros de servicios para ellos ser también proveedores, por lo que ganan esos fondos y desplazan a proveedores locales. Todo esto abona al éxodo de médicos. Mellado dijo en dos ocasiones en exclusivas con este medio que las aseguradoras tienen que pagar lo adecuado o devolverán el dinero. También dijo que ajustará las tarifas que se pagan a los médico se impondrá topes de ganancias a las aseguradoras que dan servicios al gobierno.
Pero Sánchez no confía. “Las aseguradoras han estado generando ganancias récord en Puerto Rico y no me sorprendería que por ahí viene unas de las investigaciones federales”, dijo.
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