En los últimos meses parece que se implementa en Puerto Rico una política para que la gente no proteste, ni se indigne, sino que se someta, callada y sumisamente, al poder.
No se trata de ser paranoicos sino de tener los ojos abiertos para que la historia no se repita, porque como dice el famoso refrán, quien no conoce su historia está condenado a repetirla.
Esto aplica mucho a las prácticas de agresiones contra ciudadanos que hemos venido observando en los últimos tiempo. Y no, no me refiero solamente al uso de la mascarilla y los casos que se radicaron contra personas que se oponían a su uso o a la vacunación durante el principio de la pandemia del Covid-19. Esto es mucho más grande. Me refiero a cómo en las últimas semanas hemos visto en Puerto Rico se repiten patrones que estaban olvidados y ocultos en la historia del país. Menciono tres ejemplos.
EJEMPLO #1: Agresiones en
Aguadilla. Guardias de seguridad le
entraron a tiros con una pistola de 9 milímetros, con otras de perdigones y
rociaron gas pimienta a manifestantes en la zona de los proyectos sobre la
cueva las Golondrinas en Aguadilla el 29 de enero. Esto ocurrió una semana
después de que otros guardias de seguridad contratados por el desarrollador
Carlos Román González agredieran a tubazos a varias manifestantes del
Campamento Pelícano en la zona. ¿Cuándo se aprobó la ley para que los guardias
de seguridad dispararan con 9 milímetros?
Todavía hoy, a casi mes y medio
del tiroteo donde salió herido el manifestante Angel
Luis Torres Rosado, las autoridades siguen dándole largas a procesar al
guardia de seguridad. Después de mucha presión pública dijeron que procesarán
al guardia, pero ni siquiera lo han arrestado. ¿Si usted dispara contra
alguien, no se supone que lo arresten? ¿Y qué pasó después? ¿Qué hicieron
contra los demás? En vez de arrestar a los guardias, las autoridades arrestaron
a manifestantes, pero como ha pasado hace más de un año, los casos se cayeron.
Llevan 19 casos entre Rincón y Aguadilla donde arrestan manifestantes, pero no
les encentran causa.
Es decir, a todas luces se ve
como una persecusión. Esto llama la atención cuando se señala que entre los
guardias de seguridad habían policías de la división de drogas. Esto lo negó el
portavoz de la Policía, Axel valencia, pero en varios vídeos y audios que
circulas en las redes sociales, se escucha y se ve a otros policías estatales
diciendo que los guardias de seguridad eran oficiales de Drogas.
EJEMPLO #2: Agresión en
Doctor’s Center. Las autoridades citaron el jueves a una mujer acusada de
agredir a la guardia de seguridad del Doctor's Center, en Santurce. La agresión
se vio en un vídeo que circuló en las redes sociales, donde se ve a la mujer
golpeando con sus manos en el rostro a la guardia de seguridad interna del
hospital. La guardia la empuja y cuando la señora se despega, la guardia le
pega un ‘taser’.
Se alegó que la presunta agresora
entró sin mascarilla al vestíbulo, haciendo caso omiso a las normas de la
institución. Toda la prensa publicó esa versión. Sin embargo, si uno mira bien el vídeo se da
cuanta de que hay otras cosas que no trascendieron. La primera en agredir
manoteando, fue la propia guardia de seguridad. Manoteó a la señora, que venía
con un andador. Al parecer la señora llevaba tiempo reclamando atención, sin
respuesta. Cuando la guardia manoteó, entonces la señora la golpea. La pregunta
es ¿tiene derecho una guardia a manotear y después disparar con taser? ¿Todo
fue por el uso de una mascarilla o es que no se toma en consideración el
hacinamiento y las largas esperas de pacientes en las salas de emergencia? Son temas
de los que no se habla, pero visite cualquier hospital para que vea las
condiciones en que atienden a los pacientes.
Además, ¿tienen los hospitales al personal de seguridad suficiente para
manejar pacientes descompensados o molestos por la lentitud? Esas son preguntas
sin responder.
CASO #3: Patrullas que
“visitan” a activistas. Varios activistas se quejan de que cuando hacen
reclamos, a los pocos días reciben “visitas” a diario de patrullas de la
Policía de Puerto Rico. Suelen estacionarse frente a sus residencias y cuando
preguntan, los oficiales dicen que está haciendo una investigación. Una es la
activista pro-envejecientes Carmen Rodríguez, que a cada rato se el aparecen
frente a su casa en Santurce patrullas. Son las mismas patrullas que no aparecen
cuando líderes comunitarios en San Juan, como Amaury Rivera y los vecinos en
Miramar o en Calle Loíza, reclaman que den rondas preventivas para atajar la
criminalidad contra residentes y turistas.
TRES EJEMPLOS ADICIONALES: El
año pasado el chef Dennis O. Rosario fue arrestado en el restaurante Vida Mía
en Humacao bajo el alegado de que amenazó a oficiales de la policía en
Aguadilla, en las protestas. Fueron como 10 patrullas a arrestarlo en su
negocio, cuando estaba lleno de comensales a medio día, como si fuera un
operativo de drogas. La noticia del arresto salió en todos los periódicos y
telediarios, pero ninguno aclaró que cuando fueron al tribunal, se cayeron los
casos, que a todas luces, fueron fabricados.
Hubo otro polémico arresto de un
adulto mayor en Aguadilla en un incidente donde Roberto Capella Casellas, de 63
años fue golpeado y recibió una descarga de “taser” por parte de un policía,
alegando que el envejeciente se negó a entregar su licencia. El gurabeño, fue
arrestado por dos agentes uniformados y uno civil en un incidente cuyas
imágenes de violencia consternaron al país. El policía que iba de civil en ese
vídeo resultó ser el sargento Gabriel Acevedo Pérez, quien en noviembre pasado
mató de un disparo a Will Joel López Rodríguez, de 38 años, mientras se
encontraba de paseo con su esposa. El caso fue denunciado por la organización
Kilómetro Cero.
Estos incidentes además coinciden
con expresiones hechas por el secretario de Seguridad Pública, Alexis Torres,
quien confirmó que la Policía reactivó su Unidad de Inteligencia para perseguir
a los manifestantes.
¿Qué tienen en común los tres
casos y tres ejemplos adicionales?
Sencillo: la actitud de los oficiales públicos de imponer la mano dura
para someter al pueblo. La pregunta es ¿actúan con igual fuerza cuando se trata
de atajar la criminalidad, o a esos casos les dan largas?
Reconozco que es injusto
generalizar porque hay policías y miembros del gobierno que son personas
justas, decentes y apegadas a ley. También hay personas que usan las protestas
como pretexto para violentar leyes y delinquir, pero no se trata de eso. Se
trata de una visión de mundo donde quieren someter a la obediencia a quien
piense distinto.
Parece que quieren al pueblo
sumiso. Como si no quisieran que se repitan las protestas del verano del 2019.
Por eso primero activan a la unidad de inteligencia y persiguen a quienes
consideran podrían ser subversivo, pero se tardan en atender la verdadera ola
criminal. En apenas dos meses y medio del 2023 llevamos más de 120 asesinatos y
cerca de 80 carkackings. ¿Persiguen a estos criminales con la misma intensidad
que a los que protestan por sus derechos? Obvio que no.
¿Será que estamos viviendo un
retorno a lo que vivió Puerto Rico en las décadas del 70 y 80? En esa época
perseguían independentista o a los líderes comunitarios que terminaron en asesinatos
como el de Adolfina Villanueva en Loíza y los del Cerro Maravilla.
Sinceramente espero que no. Se
supone que la Policía esté en una reforma, pero el silencio del actual Monitor
Federal se siente como cómplice de esos excesos. Para todos los efectos, esa
figura no existe. Esto también perjudica a los policías, especialmente los más
jóvenes, que quizás no tienen la experiencia ni los adiestramientos
especializados porque rápido los tiraron a la calle, sin recursos. Con ir a
visitar cualquier cuartel una hasta preocupa al verlos en las condiciones en
que trabajan.
Lo importante es reconocer que no
puede haber sumisión ante la ilegalidad. Lo que está mal hay que denunciarlo,
pero hay que estar consciente porque quien no conoce su historia, está
condenado a repetir los mismos errores.
Estamos viviendo peores tiempos que en los 70. Antes el pueblo protestaba, hoy en dia la gente esta resignada al atropello y abuso del gobierno.
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