Documentos, audios y vídeos referidos a Justicia y al FEI demuestran intervención impropia de Samuel Acosta Camacho; reacciona Sec. de Justicia Lourdes Gómez
Samuel Acosta Camacho nominado a juez (foto de perfil en LinkedIn)
Esto es un escándalo que demuestra el nivel de la corrupción institucional en el gobierno y cómo los implicados se protegen entre sí. Involucra a Samuel Acosta Camacho, el exfuncionario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), quien fue nominado por la gobernadora Jennifer González para juez de Primera Instancia, a pesar de que ser el eje de una serie imputaciones relacionadas a posibles actos de corrupción.
Acosta Camacho fue la persona que redactó la llamada “orden divina” que legalizó la caseta ilegal de los suegros de la gobernadora González en La Parguera. También es la persona que el Tribunal Apelativo revocó la semana pasada por su intervención en el caso de deslinde de la zona marítimo-terrestre en Punta Bandera, Luquillo.
El nombre de Acosta Camacho figuró en pesquisas por el Departamento de Justicia y referidos a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (FEI), pero el caso fue engavetado, para protegerlo a él y a los implicados debido a su activismo político.
Documentos en poder de EN BLANCO Y NEGRO CON SANDRA –[que incluyen cartas, declaraciones juradas, vídeos y audios]- demuestran que el gobierno sabía de las irregularidades cometidas por el hoy nominado a juez, y lo protegieron.
El caso se remonta al año 2019 cuando la subdirectora de Recursos Humanos en el DRNA, era Damarise Ivette Miranda Maisonave y ella hizo un referido a Justicia alegando que era víctima de represalias por haber denunciado irregularidades en el manejo de las transacciones de personal en el DRNA.
Samuel Acosta Camacho nominado a juez
LOS HECHOS
INCUESTIONABLES
Hay otras cartas posteriores enviadas
por Quiñones y la exsecretaria del DRNA Tania Vázquez. Todos los documentos figuran en parte de una
investigación donde se denunciaba el esquema de corrupción.
EL ESQUEMA DENUNCIADO
Miranda Maisonava era subdirectora de Recursos Humanos del DRNA y descubrió irregularidades en el pago de un salario diferencial a una persona que no lo merecía.
Se trataba del empleado César O.
Rodríguez Santos, quien ocupaba el puesto de Especialista en Control y Certeza
de Calidad Ambiental II y estaba pidiendo el pago de un salario diferencial
porque ejercía las funciones del puesto de Especialista Gerencial en Control y
Certeza de Calidad. El diferencial era por $676 mensuales, lo que elevaría su
salario mínimo a $2,807 mensuales.
1. El 31 de octubre de 2019, la gerencia del DRNA le escribe a la directora de OGP Iris Santos, pidiendo que le pagaran el diferencial a Rodríguez Santos.
2. Hay una segunda carta de la entonces secretaria del DRNA, Lcda. Tania Vázquez, a la Directora Ejecutiva de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) Iris E. Santos Díaz, en la que justifica que le pagaran un diferencial Rodríguez Santos, diciendo que representaba un ahorro para la agencia que no tendría que contratar a otro empleado para dos puestos. Pedía el aumento por un año. La carta fue ponchada el 2 de diciembre de 2019.
3. Pero en un informe del Secretario Interino del DRNA, Armando Otero Pagán, se alega la comisión de acciones ilegales, represalias y un cese y desista. Explica que Santos Rodríguez no merecía un diferencial ya que no cumplía con los requisitos en ley y reglamento.
Este informe habla de cartas que se emitieron a empleados del DRNA para “mantenerlos informados” sobre las presiones para el pago de ese diferencial en el salario. Las presiones incluían llamadas al celular personal de Miranda Maisonava
Fue entonces cuando Miranda Maisonava denunció el esquema de pago ilegal y denunció que todo el equipo de trabajo que se suponía que investigara, encubrió el asunto, permitiendo las irregularidades. Además, alega que emprendieron una campaña de persecución maliciosa, difamación y represalias contra ella.
Para esa época en el DRNA se implementó una política de no divulgar información, según se evidencia en vídeos. Por otra parte, tanto la querellante Miranda Maisonava, como todos los implicados eran miembros activos y hacían campaña por Partido Nuevo Progresista en y dentro del DRNA.
ESCANDALOSAS REVELACIONES
“La señora Roque me pasó su celular y el licenciado Acosta me preguntó de qué eran las cartas. Le indiqué que eran de una investigación en curso autorizada por usted cuando era Director Interino de Recursos Humanos. Ante la negativa de dos empleados del staff de su confianza en recoger las cartas, nos comunicamos con la Sargento Ronda, del Cuerpo de Vigilantes, para que entregara cartas a los empleados y a recursos humanos”, dijo Miranda Maisonava, según se cita en la carta,
Alega que entonces “el licenciado Acosta (Camacho) detuvo el proceso y dio instrucciones a la comisionada interina de los Vigilantes, Ronda, que no entregara las cartas. Dijo que todo tenía que “pasar por él”.
O sea, cuando la empleada empieza a hacer un tracto de las irregularidades que encontró, el hoy nominado a juez Acosta Camacho se molesta, la regaña y se puso altanero. Miranda Maisonava alegó que también la licenciada Pitino, “de manera altanera e intimidante le cuestionó por el correo electrónico y por qué estaba habiendo una investigación”, dice la carta.
“Le indiqué a ambos que yo era una persona correcta, ética y no me iba a prestar para chanchullos ni cosas ilegales. La licenciada Pitino continuaba insistiendo en que la investigación no procedía, e insistía y lo asesoraba usted que eso no procedía… sin decir abiertamente que ella actuaba así porque ella fue partícipe de la creación de la carta y estaba implicada...”, dijo en su declaración.
El documento
evidencia que el hoy nominado a juez y otros intentaron intimidar a Miranda
Maisonava delante de los demás empleados.
"Fueron
bien claros y tajantes que esa investigación no iba a continuar. Les dije que
eso no era lo correcto, y de manera intimidante, usted se acercó a mi
escritorio, frente a mí, y poniendo sus dos puños sobre mi escritorio, usted me
dijo que no, que eso no iba a pasar. La licenciada Pitino seguía insistiendo en
que eso no procedía y luego usted (Acosta Camacho) le dijo a Pitino hay que
conseguir esa copia de la OGP. El personal de las oficinas lo escuchó”," expresó.
El tracto documental evidencia en un correo electrónico del 14 de noviembre de 2019, cuando Miranda Maisonava le informó al hoy nominado a juez Acosta Camacho, y al señor Armando Otero los hallazgos. No le hicieron caso. Ella les denunció además una supuesta intervención indebida en la OGP de la licenciada Elizabeth Pitino Acevedo, directora interina de la Oficina Legal; de Luis Márquez, ayudante especial y coordinador político del PNP en Recursos Naturales; y de la señora Vanessa Villafañe, gerente interina del Laboratorio Ambiental.
Tan pronto Miranda Maisonave hizo la denuncia, el hoy nominado a juez Acosta Camacho empezó a tener reuniones privadas con todos los implicados, y “salen juntos a almorzar en vista de los compañeros, o sea en total impunidad”, dijo. Alegó que eso provocaba un ambiente hostil.
EVENTO POLÍTICO DE PIERLUISI
La polémica hizo crisis en un evento político a favor del exgobernador Pedro Pierluisi, celebrado el 15 de agosto de 2019 en el edificio de la ILA en la Ave. Kennedy. En la actividad había empleados gerenciales, unionados y parte de la directiva de la unión que representa al Cuerpo de Vigilantes del DRNA.
“Cuando llegué a la
actividad política en el área de recepción estaba el licenciado Acosta Camacho,
Luis Márquez y César Rodríguez, el que quieren beneficiar con un diferencial aun
cuando saben que no cualificaba”, dijo Miranda Maisonave.
“Cuando los vi me sentí incómoda y decepcionada. No podía creer lo que estaba viendo. El director de Recursos Humanos que paralizó y ordenó detener esta investigación justamente llegando con uno de los implicados, Luis Márquez, y con César Rodríguez, al que quieren beneficiar con un diferencial. Cuando me vieron, se sorprendieron. Luis se puso Colorado y el licenciado Acosta Camacho bajó la vista”, dijo Miranda Maisonave.
MOVIDAS
POSTERIORES
El 24 de
enero de 2020 la oficina del FEI emitió resolución concediendo hasta el 21
de abril para hacer el referido. Hay que recordar que esa era la época en que
las oficinas cerraban o tenían horarios limitados por la pandemia del Covid-19.
Al final, el FEI emitió la resolución 2020-013 el 16 de junio de 2020 y
extendió el término.
Desde esa
fecha se sabía la causa suficiente para creer que los empleados del DRNA: Armando
Otero Pagán, la licenciada Elizabeth Pitino Acevedo, el licenciado Samuel
Acosta Camacho, Vanessa Villafañe Cruz y Luis Márquez Cruz incurrieron en
posible conducta delictiva y se recomendaba la designación de un FEI. La fiscal a
cargo de ese caso era Phoebe Isales, entonces directora de Integridad Pública.
Pero no pasó nada.
A preguntas de este medio, la actual secretaria de Justicia Lourdes Gómez reaccionó hoy en la siguiente declaración escrita:
“El caso
2019-31-102-00127 está relacionado a una investigación preliminar concerniente
al exsecretario interino del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales
(DRNA), Lcdo. Armando Gabriel Otero Pagán y otros funcionarios de dicha
agencia. La investigación inició a raíz de una comunicación recibida en el
Departamento de Justicia el 2 de diciembre de 2019. El informe de investigación
preliminar fue remitido a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial
Independiente (OPFEI) el 3 de julio de 2020 para la evaluación y acción
correspondiente. El 19 de agosto de 2020, la OPFEI emitió una resolución en la
que determinó que no había causa suficiente para ordenar una investigación a
fondo por parte de los fiscales especiales independientes (FEI). Esto por entender
que no contaban con el quantum de prueba delictiva necesaria para la
designación de un FEI. Por lo tanto, se ordenó el archivo de la investigación,
refiriéndose el asunto a la Oficina de Ética Gubernamental para su evaluación”
ALGUNOS DOCUMENTOS
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