Justicia, los negros y el bobo criao: Un "case study"

Muchos pueden concluir que la justicia en Puerto Rico no existe o que esté en una profunda crisis porque vive rehén de elementos externos, partidistas y económicos: Un “case study” de comunicación

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La justicia en Puerto Rico es fallida. No funciona. Es tan lenta que se hace parte de la represión de las minorías, exacerba el efecto de los crímenes de los poderosos y se deja manipular por sectores económicos y políticos. Así opinan muchos. Otros dicen que no es así porque todas las decisiones en toman en derecho. Lo que pasa es que derecho y justicia son dos cosas distintas. Para explicarlo de manera simple, recurro a algo conocido: hacer un análisis de situación como cuando se elabora un plan de manejo de crisis en la comunicación.

SITUACIÓN: Que la justicia no funciona.

ANÁLISIS: Esto no es necesariamente cierto porque todo depende de dónde ubicas en la escala social. Si eres rico, de fenotipo blanco o de conexiones políticas y amigo del poder, te resuelven rápido. Pero si retas el sistema estás frito. Digamos 3 casos de las últimas 72 horas, como ejemplos.

Organiaciones exigen diligencia del Estado ante violencia racista (Étnica)

CASO #1 Canóvanas: Desde el 2020 la familia Ramírez Cortés lucha porque Justicia y los tribunales admitan que son objeto de violencia racista en Canóvanas. Han tenido que salir organizaciones cívicas y ciudadanos a denunciar esto públicamente para que no se sientan solos ante un sistema que los humilla y los deja solos. No son sólo los insultos racistas, las burlas y el ruido perenne de sus vecinos por el sólo hecho de ser de tez negra. Es que el hijo de la vecina sacó un arma y les amenazó de muerte, y el Estado no se mueve. Si algo les pasa a dos menores o a ese matrimonio, será responsabilidad exclusiva del Tribunal de Carolina.

Ejemplo de acciones racistas contra familia de Canóvanas

Claro, si la familia Ramírez Cortés viviera en Garden Hills en Guaynabo, o en alguno de los complejos cerrados en Dorado, ya esto se habría resuelto, pero en la corte arrastran los pies. No podemos olvidar que ese mismo Tribunal de Carolina tiene un historial profundo de corrupción. Hace años esta reportera investigó allí por más de un año a una jueza y varias abogadas que se confabularon para violar todos los procesos con el objetivo de adoptar ilegalmente a un menor. Se trató del caso del niño ruso y la jueza administradora entonces era Martiza Ramos, quien fue destituida y desaforada. Fue la primera vez que un jueza o jueza administrador era destituido en Puerto Rico. ¿Será que esas malas mañas siguen imperando en esa corte en Carolina?

Mañana miércoles 22 de febrero, a las 10:30 será la vista de este caso civil. 

Otro ejemplo del racismo en Canóvanas.

Caso #2 El bobo ‘criao’: En Aguadilla hay que presentar el contexto. El Departamento de Recursos Naturales decretó que el desarrollador Carlos Román González, es un criminal ambiental. Dijo que no sólo roba terrenos públicos, sino que construye en zonas peligrosas, daña el ambiente y pone en riesgo vidas humanas, a la vez que pulveriza los hábitats de especies en peligro de extinción. La comunidad lleva meses protestando allí, pero, Román González ha sido protegido por el alcalde del Partido Popular Democrático de Aguadilla, Carlos Roldán. El jueves, el alcalde refirió a Ética a su propia Legislatura Municipal porque osó cuestionar la protección que la Policía le da a esos empleados del desarrollador, mientras en Aguadilla y en la zona oeste, la criminalidad hace crisis.

 

Criminal ambiental Carlos Román consiguió orden de protección, pero todavía no procesan a sus empleados.

Los empleados del desarrollador han violado las leyes y agredido personas, mientras la Policía miraba hacia el lado. Esos guardias agredieron a tubazos y con una “figa” a manifestantes que tuvieron que ir a un hospital. Una semana más tarde, le entraron a tiros a otros manifestantes diciendo que “seguían el protocolo” que estableció Román González. Los tiros fueron el 29 de enero y al individuo que disparó no lo arrestaron. Lo dejaron ir, y casi un mes más tarde fue que Fiscalía reveló su nombre.

Sin embargo, Justicia radicó cargos contra seis manifestantes, y luego, Román pidió una orden de protección contra el excandidato a la gobernación, Eliezer Molina. Alegó que se siente intimidado porque Molina le dice palabras soeces y le llama “bobo criao” en las redes sociales. El tribunal se la concedió el viernes con el agravante de una censura previa a Molina, a quien le prohíben acercarse a Román.

En este caso hay que recordar que el juez que impuso esa orden fue el mismo que emitió otra durante las protestas en Rincón, frente al edificio Sol y Playa. Tampoco se puede olvidar el historial del Tribunal de Aguadilla donde una vez el juez Manuel Acevedo se dejó sobornar por el contable Lutgardo Acevedo, para salir absuelto de homicidio negligente. Acevedo también controlaba gente en los medios de comunicación.

Página en Instagram de Connor D'Monte

Caso #3 El narco canadiense: Esta semana se supo que el violento gánster y narcotraficante canadiense que se hizo pasar por empresario de Ley 22, se paseaba con políticos y era recibido en La Fortaleza, Connor Vincent D’Monte, lleva más de un año en la cárcel federal en Guaynabo. Se suponía que fuera extraditado el jueves, pero no pasó. Por el contrario, ahora tiene hasta una página de Instagram para promoverse y las autoridades locales, bien gracias. En silencio absoluto. No podemos olvidar que D’Monte, cuando se hacía llamar como “Johnny Williams” o “Johnny El Americano” recaudaba fondos para legisladores y alcaldes del Partido Nuevo Progresista y del PPD.

PROBLEMAS:  En los tres casos hay un elemento común que es cómo el poder o sectores dentro del poder lo controlan todo. En  Carolina, ni Justicia ni un tribunal que ha tenido un historial de corrupción reconocen que existe el racismo institucionalizado. Mientras tanto, las vidas de una familia corren peligro. En Aguadilla, quieren decir que es un caso político porque está un excandidato a la gobernación, pero el municipio, la Policía, Fiscalía, el tribunal protegen a un criminal ambiental. Le siguen dando largas a la destrucción que hace Román González. Y en el caso del canadiense, simplemente ni Justicia ni los tribunales hicieron nada.

ESTRATEGIA: Seguir el modelo de las tácticas de manipulación de Noam Chomsky.

TÁCTICAS: En los tres casos se promueve la desinformación para manipular al público a través de los medios de comunicación. La táctica que más usan es la de distracción. Consiste en desviar atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas, mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes.

ACCIONES: Cómo no había noticia grande de Bad Bunny, ni de Adamari López, y la caída de Sonya Cortés bailando salsa en un chinchorro tampoco fue tema general, optan por cambiar la narrativa desde los medios corporativos enfocándose en las elecciones del 2024. Primero fue una encuesta, que, como tampoco tuvo tanto impacto en la opinión pública, entonces buscaron enfoque en la pelea PNP vs PPD por unas vistas legislativas en las que citaron a Jennifer González. Ese fue el enfoque de toda la prensa corporativa, especialmente la televisión y los programas de radio de cabilderos y abogados.

RETOS: Hay una prensa alternativa e independiente que está ahí levantando la voz y cubriendo otros ángulos. Además, hay muchos ciudadanos quejándose en las plataformas sociales y eso no se puede ignorar. Algunos medios corporativos han visto los “trends” y por eso están cubriendo esos ángulos.

CONCLUSIÓN: Parece que el exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado, tenía razón. Hay una mafia institucional que impera no sólo en el gobierno, sino en Justicia y los Tribunales. Quien la combata, lo aplastan. O sea, entienden que ellos tienen el control de la narrativa. Tienen el poder.

POSDATA: Yo no estaría tan segura de eso. La gente ya se cansó. Al menos, mucha gente.