Cada día son más los jueces y juezas que usan su estrado para enviar mensajes políticos, olvidando los cánones de ética que rigen esa posición. El debate tiene que recordarles su rol.
Mientras en las redes sociales y en los medios no paran de hablar de las largas filas para comprar boletos del concierto de Bad Bunny, pensaba en lo fácil en que entretienen a la gente. LUMA nos espetó el séptimo aumento corrido, Pierluisi quiere vaciar el Fondo del Seguro de Estado, no pasa un fin de semana sin un mínimo de 10 asesinatos, ya hay 2 casos de viruela del mono, pero el tema es el Conejo Malo. Baile, botella y baraja. Mientras tanto, nos arrebatan derechos y se roban aquel sueño de los “founding fathers” coloniales de que en Puerto Rico hay una democracia.
Todo esto coincide con que la Policía admitió que reactivó su Unidad de Inteligencia para investigar manifestantes, y desde los medios, hay comentaristas a los que les ha dado por aplaudir que se politice aún más y aumente la mediocridad en la Rama Judicial. De eso es que se trata cada vez de que sale alguien a decir que está bien que los jueces usen sus estrados para enviar mensajes.
Cuando hay juicios de alto perfil mediático, hay ciertos jueces que quieren señalar prácticas o decirle a la ciudadanía lo que está bien o mal. Otros, establecen regímenes de terror y se alían con fiscales o con Justicia, en detrimento de los otros abogados. Otros pretenden que el público los vea como parte del gobierno para combatir el crimen. Esto también está mal. Los jueces están para impartir justicia, no para resolver casos que fueron mal presentados, evidencia que no se recopiló bien o para enderezar los errores de la Fiscalía. Tampoco están para doblegarse ante las políticas del Estado. Así no se combate el crimen y ese no es el rol de la Judicatura.
Su rol como jueces no es intervenir con el Ejecutivo y violentar la separación de poderes. Por eso los jueces no deben reunirse con fiscales de distritos a cuartos oscuros, ni con la Policía, ni con funcionarios de Justicia para cargar los topos a favor de una de las partes, porque eso no sólo es antiético, sino ilegal e injusto. No siguen la Constitución. Hacer eso implica que los jueces pierden la imparcialidad y la objetividad que deben tener en sus puestos.
Claro que no todos los jueces son así, pero cada día hay más se apartan de la independencia de criterio. En vez de aplicar la ley que corresponda, conforme a derecho y a la prueba, meten la cuchara. Permiten que factores externos a la prueba influyan sobre su ánimo a la hora de emitir sentencias. Eso está mal.
Este es un tema vital porque demuestra que la corrupción toca esa tercera rama del gobierno. Pero los jueces no son dioses del Olimpo ni una cofradía para protegerse entre sí. Tienen un rol y una función crítica, pero si permiten que se siga minando la credibilidad y la confianza en los jueces, ya nada queda.
Cuando un juez usa su estrado para “enviar un mensaje” contra la criminalidad, o a favor de un sector viola varios Cánones de Ética que rigen la rama judicial. Uno es el canon 5 que prohíbe la conducta discriminatoria y esas expresiones siempre marginan. Otro el canon 12 que prohíbe las comunicaciones “exparte” en los proceso, el canon 18 que exige confidencialidad, y hasta se puede decir que violan el canon 30 que prohíbe las influencias indebidas, el canon 28 que prohíbe las actividades políticas y hasta el 33 que no permite tener beneficios propios.
Como dice precisamente el preámbulo de dichos cánones de ética judicial, algo que todos los periodistas y comentaristas deberían saber, pero no leen: “la independencia judicial, la administración efectiva e imparcial de la justicia y la confianza de la ciudadanía en su sistema de justicia contribuyen a afianzar y a consolidar las bases democráticas de nuestra sociedad”.
En otras palabras, sin confianza, no hay nada. Eso es lo que pasa. Traigo el asunto porque esta semana ese tema cobró vigencia en una discusión en un programa del canal 11, el de Jugando Pelota Dura. Llegó un momento en que parecía una pelea en un club gallístico con todos gritando contra todos, interrumpiéndose entre sí, y eso provoca una confusión que merece un análisis sosegado y serio.
Allí los únicos dos que dijeron verdad allí fueron mi amiga, la abogada y exfiscal Mayra López Mulero y el abogado Guillermo San Antonio Acha, a quien no conozco personalmente. Fueron ellos dos los únicos en recordarle al país que los jueces están para decidir, no para quedar bien con el que esté de turno, ni para combatir el crimen ni mucho menos, para estar enviando mensajes a nadie.
Yo esperaba más de las expresiones de la exjueza Lauricelis Roque, quien tuvo una trayectoria importante y su labor fue de excelencia desde el estrado. Pero en el programa de televisión intentó justificar a los jueces que aprovechan su posición para asumir posturas, sin ser transparente. ¿Asumió esas posturas porque ella lo hizo cuando jueza o porque tiene que congraciarse con la Rama Judicial de la cual ella es contratista? Si fue por esto último, debió aclararlo. La honestidad es lo que debe imperar. ¿Por qué lo calló?
A lo largo de mi carrera como periodista he tenido el gusto y el honor de conocer a muchísimos jueces de todos los niveles, desde los municipales hasta el Supremo. He desarrollado relaciones de respeto y admiración hacia muchos de éstos, a quienes distingo. También tengo que decir que soy amiga de muchos jueces desde antes de éstos llegar a la Judicatura, pero que, precisamente por tener el cargo de juez, nos hemos distanciado un poco, porque no creo que sea propio tener cercanía para evitar malentendidos y confusiones.
Como periodista, también he investigado a varios jueces. Uno fue el caso que me llevó a publicar 435 artículos en un año y que se conoció como “El caso del niño ruso”, donde la entonces jueza administradora de la Región de Carolina, Martiza Ramos, violó leyes, falsificó documentos y procesos de adopción para quedarse con un menor al que su madre reclamaba en Lituania. Esa investigación periodística que hice, le costó su destitución. Era la primera vez que destituían a una jueza administradora en Puerto Rico, y posteriormente ella perdió hasta el título de abogada.
Eso pasó porque esa señora se olvidó de que el ser juez no la convierte en un ser todopoderoso. No es creerse que tiene el derecho a destruir vidas inocentes, falsificar documentos, violar leyes y hacer lo que le dé la gana. No son Bad Bunny. El ser juez o jueza es una responsabilidad enorme y precisa, que hace falta para mantener el balance de poderes. Sobre sus manos caen decisiones que pueden representar la vida o la muerte de personas. ¿O no fue eso acaso lo que pasó con las dos juezas en el caso de Andrea Ruiz Costas?
En esa cofradía les tiraron la toalla a las juezas Ingrid Alvarado Rodríguez y Sonya Nieves Cordero, cuya inacción al no conceder a tiempo una orden de protección provocó ese horrible asesinato de Andrea, a los dos días de ella ir a buscar auxilio en sala. Pero el pueblo aquilató.
Es lo que pasa ahora cuando se habla de los gastos y las guaguas de lujo de la jueza presidenta Maité Oronoz, y cómo ella hace propagada en entrevistas públicas, justo cuando sobre el 80% de los alguaciles se fueron en protesta por malas condiciones laborales. El público sabe.
Por cosas como éstas es imprescindible recordar el rol y la obligación que tienen los jueces. Mientras los jueces sigan cambiando su rol y olvidándose de los cánones de ética, peor será para la Rama Judicial. Se la ponen difícil a los jueces que sí hacen bien su función porque no habrá confianza. La falta de confianza desemboca en miedo, y como dijo Eduardo Corture “cuando los jueces tienen miedo, ningún ciudadano puede dormir tranquilo”.
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