La reactivación de la Unidad de Inteligencia de la Policía anda tras personas que participen en manifestaciones; alegan que arrestado amenazó a agentes en Sol y Playa
Dennis Rosario arrestado en Humacao por protesta en Rincón |
Es el retorno de la Unidad de Inteligencia de la Policía. A eso de las tres de la tarde arrestaron en Humacao al joven Dennis O. Rosario por hechos que supuestamente ocurrieron durante las manifestaciones frente al edificio Sol y Playa en Rincón hace tres días.
Rosario, residente de Naguabo, fue arrestado en
el restaurante Vida Mía en Humacao bajo el alegado de que amenazó a oficiales
de la policía. Fue citado a la Fiscalía de Aguadilla mañana a las 9 de la mañana.
El arresto lo produjeron agentes de la distrito de Rincón, a cargo del sargento Fabián del Valle Martínez.
Este caso no se da en un vacío. Ayer en esa misma fiscalía de Aguadilla radicaron cargos por agresión contra Zaida Morales Santiago,la mujer que apareció en una serie de vídeos en las redes sociales mientras fue arrestada y golpeada por al menos seis policías. Morales Santiago alegó que fue “secuestrada” por los policías, que le violaron sus derechos y anticipó que los demandará. Sin embargo, el Ministerio Público le radicó cargos a ella por agresión.
Estos hechos también coinciden con el arresto
de un adulto mayor en Aguadilla en un incidente donde fue golpeado y recibió
una descarga de “taser” porque se negó a entregar su licencia hace unos días.
El gurabeño Roberto Capella Casellas, de 63 años, fue arrestado por dos agentes
uniformados y uno civil en un incidente cuyas imágenes de violencia consternaron
al país.
El policía que iba de civil en ese vídeo resultó
ser el sargento Gabriel Acevedo Pérez, quien en noviembre pasado mató de un
disparo a Will Joel López Rodríguez, de 38 años, mientras se encontraba de
paseo con su esposa. El caso fue denunciado por la organización Kilómetro Cero
ayer.
Estos incidentes además coinciden con expresiones
hechas por el Secretario de Seguridad Pública, Alexis Torres, quien confirmó al
noticiero de TeleOro Canal 13 que la Policía reactivó su Unidad de Inteligencia
para perseguir a los manifestantes.
Alexis Torres, Secretario de Seguridad Pública |
TRASFONDO DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA
La Unidad de Inteligencia de la Policía tiene
un historial de perseguir personas desde hace más de 100 años. Desde la creación
de la Policía Insular la práctica de vigilar ciudadanos se convirtió en algo
rutinario hasta que en el 1933 comenzó el proceso de fichar y carpetear a
personas sospechosas de cometer algún delito surge de manera oficial, luego del
atentado para asesinar al gobernador Robert H. Gore en su residencia de verano
de Jájome Alto.
Según la investigación “Las carpetas:
Persecución política en Puerto Rico” se carpetearon personas en la Masacre de
Río Piedras del 1935, donde asesinaron a cuatro nacionalistas y aun policía. En
marzo de 1937 ocurrió la Masacre de Ponce donde acribillaron a 20 personas e
hirieron a 200 personas vinculadas al Partido Nacionalista. La represión
continuó y en el 1948 el gobierno impuso la Ley de la Mordaza que le aplicaron
a muchos manifestantes. Esa ley fue
derogada en el 1957 por recomendación del un Comité de Derechos Humanos que
había establecido el entonces gobernador Luis Muñoz Marín.
Treinta años más tarde, el 1987, la División de
Inteligencia tenía una oficina central que operaba desde el Cuartel General de
la Policía de Puerto Rico bajo la supervisión del Superintendente de la
Policía. Tenía seis oficinas o unidades
regionales en los pueblos de Arecibo, Mayagüez, Ponce, Caguas, Humacao y
Aguadilla. La información obtenida sobre los fichados ya fuesen individuos u
organizaciones era enviada a la oficina central de la División de Inteligencia.
Allí existían nueve secciones con tareas específicas asignadas a cada una de
ellas. Estas eran las secciones de investigación de Empleos, de Extranjeros, de
Servicios Especiales, de Clandestinos, la de Análisis, la Obrero-Patronal, una
denominada Frente y la Contraespionaje.
El exrepresentante del Partido Independentista
Puertorriqueño David Noriega Martínez le exigió a la Policía la lista de los ciudadanos
y organizaciones objeto de carpeteo. Esto culminó con un caso que llegó hasta
el Tribunal Supremo en el 1988 (Noriega Rodríguez v. Hernández Colón, 122
D.P.R. 650), que estableció que el carpeteo era inconstitucional y se ordenó la
entrega de los documentos a las personas perjudicadas. Miles de personas
acudieron a recuperar los expedientes o tarjetas en los que se reseñaban, de
forma ilegal, sus actividades políticas y personales.
En diciembre de 1999, el entonces gobernador Pedro
Rosselló González emitió una Orden Ejecutiva (OE-99-62), aceptando que
constituía un "bochornoso episodio en nuestra historia” la “práctica
corrupta de fichar ciudadanos por el sólo motivo de sus creencias ideológicas y
políticas".
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