Tres años después, el juicio a manifestantes en La Parguera

Cuatro de los arrestados al denunciar las construcciones ilegales en la casa de la suegra de la hoy gobernadora Jennifer González enfrentan largo y accidentado proceso judicial

Los arrestados en La Parguera, de estos 4 van a juicio

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A casi tres años de los arrestos y golpes, empieza el juicio contra los que protestaron por la destrucción ambiental y las construcciones que ilegales en La Parguera, incluyendo en la caseta que tienen los suegros de la hoy gobernadora Jennifer González.

Esa fue precisamente la misma caseta que intentó legalizar el secretario de Recursos Naturales, Waldemar Quiles, a minutos de haber sido confirmado en el puesto por la gobernadora. Pero en el juicio contra los manifestantes que iniciará en el 2026, desfilará prueba que demuestre la ilegalidad y lo accidentado de este caso.

 

La jueza superior del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez, Vilmary Ortiz Pardo, firmó la orden “de calendarización”, en la que pautan las fechas para las distintas vistas que tendrá este controversial juicio contra los manifestantes Iona Fournier Gómez, Francheska Vélez Ramírez, Juan Edil Rodríguez González, y Sheila Mejías Luciano, quien es la esposa del hoy senador independiente Eliezer Molina.

Las fechas fijadas para este juicio, que fueron coordinadas con todas las partes, son el en abril habrá vistas los días 20 al 23 y el 30; en mayo las vistas serán los días 4, 5, 6, 7, 11, 12,13,14, 18, 19, 20, 21, 26, 27 y 28. Todas en el tribunal en Mayagüez.

“Estos son procesos largos. Los hechos ocurrieron un día, en una protesta, pero el proceso judicial toma tiempo. Casi tres años”, dijo uno de los abogados de defensa, el reconocido criminalista mayagüezano Gabriel Olivieri Miranda.

PORMENORES DEL CASO

Todo comenzó una mañana del 9 de julio de 2023 cuando un grupo de manifestantes comenzaron a llegar hasta La Parguera para protestar por ampliaciones y construcciones ilegales en la zona marítimo terrestre, lo que es ilegal. Esto incluía cortar mangles, hacer descargas de cemento y sépticas al agua, y secar salitrales para convertirlos en estacionamientos, entre otras cosas. Todo esto es ilegal porque destruye la vida marina y los recursos en la zona de La Parguera, que es una reserva natural.

Durante las protestas, que este medio En Blanco y Negro con Sandra transmitió en vivo por redes sociales, radio y televisión, efectivos de la Policía rodearon, golpearon y luego arrestaron a manifestantes. Más de un centenar de oficiales de Operaciones Tácticas y otras unidades de la Policía rodearon y golpearon manifestantes.

Uno de los contigentes de la Policía en La Parguera

Este caso se cataloga como uno de los más peligrosos y absurdos casos de represión política que se hayan visto en Puerto Rico en décadas porque hasta el momento, el Estado no ha presentado videos que sustenten la presencia de los imputados en los delitos que se les imputa. Además, los fiscales ocultaron las pruebas exculpatorias a propósito, mientras siguen estirando un proceso altamente irregular.

Coincide además con que a lo largo del año 2023 la administración de Pedro Pierluisi realizó al menos 17 personas arrestadas en todo Puerto Rico, en distintas manifestaciones contra la destrucción ambiental y el desplazamiento. Fueron catalogados como arrestos políticos para criminalizar el derecho a la protesta, según denunciaron entonces portavoces de la ACLU.

HECHOS RAROS DEL CASO

En el caso de La Parguera la jueza María del Pilar Vázquez, encontró causa para arresto e impuso una fianza global de sobre medio millón de dólares a los ocho manifestantes el 9 de julio del 2023.

A los manifestantes Pedro Mangual e Imalay Arroyo les impusieron fianzas de $100,000, cada uno, y tenían grillete electrónico. En entrevistas con este medio, ambos imputados dijeron estar afectados emocionalmente por el grillete. Ambos calificaron su arresto como fabricaciones, pero al final, aceptaron culpabilidad para que les quitaran el grillete.

El resto de los acusados siguieron el proceso. Todos fueron acusados de agresión y destrucción.

A Iona Fournier Gómez le impusieron $200,000 de fianza. Ella es representada por el licenciado Carlos Padilla Montalvo. A Francheska Vélez Ramírez, quien recibió golpes fuertes de la policía, la fianza impuesta fue de $75,000. A ella la representa el licenciado Oscar Martínez Borrás. A Juan Edil Rodríguez González la fianza fue de $50,000 y es representado por el abogado José Silva Riollano. Y Sheila Mejías Luciano, esposa del senador Molina, le impusieron $50,000 de fianza. Ella es representada por Olivieri Miranda.

Entrada a la caseta ilegal en La Parguera de los suegros de la gobernadora

En este caso originalmente habían testificado tres policías mediante declaraciones juradas y eso bloqueó que se celebraran vistas. La jueza María del Pilar Vázquez, que fue la que tomó esa decisión, estaba buscando que la nominaran en ascenso de magistrada municipal a jueza de primera instancia.

Los casos estuvieron a cargo de la fiscal Vanessa Rivera Morales junto a los fiscales Andy Rodríguez y Rosa Acevedo, y la intención era meterlos presos como quiera.

En la misma zona de los arrestos se corroboró que removieron contador eléctrico lo cual es ilegal, pero la Policía no actuó. Se trató del nuevo modelo Focus XR SD con el número de medidor 95 505401 que fue colocado por Luma Energy a nombre de Carmen Collado Pacheco.

Otro cuestionamiento surgió en julio de 2024 cuando publicamos vídeos donde la jefa de fiscales del Mayagüez Blanca Portela y otros fiscales amedrentaron testigos de defensa en el caso de La Parguera, lo que viola cánones de ética.

ACCIÓN POSTERIOR DEL DRNA

En enero de 2025 el DRNA emitió una certificación que confirmaba que la casa y el muelle de la familia de la gobernadora Jennifer González en La Parguera, son ilegales. Pero ese mismo día el presidente de la Cámara de Representantes, Johny Méndez, presentó el proyecto 25 para ajustar la ley de Puertos y legalizar y redefinir qué constituye una Zona Marítimo Terrestre y cuál puede sur su uso. Esa medida legalizaría la caseta de los suegros de la gobernadora. La medida ha sido criticada por potencialmente violar leyes federales y por su impacto en la legalidad y conservación de los recursos naturales.

Cabe recordar que la Gobernadora designó como secretario del DRNA a Waldemar Quiles, hijo. A las dos horas del nombramiento, el nuevo secretario archivó los casos administrativos en beneficio directo a suegros de la gobernadora.

Waldemar Quiles, hijo, secretario del DACO

Concretamente Quiles dejó sin efecto 22 querellas que había ante la Oficina de Examinadores y Jueces Administrativos existentes sobre trabajos donde enclavan las casetas de La Parguera. Una de esas querellas corresponde a los suegros de la gobernadora.

Los suegros de la gobernadora, José del C. Vargas Cortés e Irma Llavona Rivera, enfrentaban cargos por construcción ilegal, relleno de mangle y daños ambientales en la Reserva Natural de La Parguera desde 2023. Con la acción del secretario Quiles, se integrarían esas estructuras "legalmente" mediante concesiones, permitiendo que otros propietarios en la zona también legalicen sus construcciones no autorizadas pagando un canon. Esa acción ha sido ampliamente critica por expertos que la catalogan de ilegal ya que el reglamento del DRNA prohíbe viviendas residenciales en la ZMT.

En una de sus primeras acciones como legislador, Eliezer Molina refirió a las autoridades federales una serie de crímenes ambientales en La Parguera.  Luego, en marzo de 2025 las autoridades federales actuaron:  El Cuerpo de Ingenieros de los EEUU emitió dos órdenes de cese y desista por construcciones ilegales.