El exmonitor federal sale en defensa del rol del jefe de la Policía, Joseph González, y el daño que alega, le hacen los líderes de gremios policíacos en Puerto Rico

El exmonitor Arnaldo Claudio y el Superintendente de la Policía Joseph González (A.I. Photo)
Cuando asumí el rol de Monitor Federal de la Policía
en el 2014 tenía grandes expectativas de que se lograra la difícil tarea de
reorganizar el cuerpo de la Policía de Puerto Rico. El documento del
Departamento de Justicia Federal era claro y preciso. (https://www.justice.gov/sites/default/files/crt/legacy/2013/07/17/prpd_agreement_7-17-13.pdf0)
Durante los primeros cuatro años; conocido como el período de “desarrollo de capacidades”, bajo el liderato del Superintendente, Coronel José Caldero y la Coronel Clementina Vega en la Oficina de Reforma de la Policía de Puerto Rico, se logró y se adelantó mucho. Otro factor fue la cooperación del Gobierno y del Gobernador de turno, Alejandro García Padilla. Se organizaron:
- Planes de Acciones para implementar las 11 áreas del Acuerdo,
- Creación de más de 150 políticas, protocolos, órdenes administrativas,
- Creación de un currículo de mejores prácticas policiacas en la Academia de la Policía en Gurabo bajo el liderato de la Coronel (ret) Michelle Fraley,
- Creación de los Consejos de Interacción Ciudadana,
- Nuevo equipo de capacitación, especialmente en el Uso de Fuerza,
- Entrenamiento especial a los “Task Force Federales”,
- Cambios a la estructura de la Policía bajo el párrafo 13 del Acuerdo, (https://cdn.prod.website-files.com/62164b8e37a6f81265fe4a6e/643da40507792ccc9c0cfedd_PRPB%20Req%2013-V2A%20Exec%20Summary%20ENG%20Version%2020180430.pdf
- Reorganización de la Junta de exámenes y convocatorias,
- Creación del concepto de Policía Comunitaria con el acercamiento crítico en aquel momento a la Comunidad de nuestros hermanos dominicanos.
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| Arnaldo Claudio, exmonitor federal de la Policía |
Se establecieron vistas públicas y se visitaban cuarteles para acercarse al policía y dialogar sobre sus necesidades. Las grandes expectativas, aunque no tenían nada que ver con la reforma, siempre fue el Retiro Digno, el pago de horas extras y el cuidado médico. Situación que tomé con toda seriedad al punto de presentar una opinión al Juez Federal Gustavo Gelpi, encargado del caso de Reforma al respecto en mi primer informe en Diciembre 2014.
“A pesar de este nivel general de compromiso, la TCA
ha identificado un área de preocupación importante que podría considerarse
particularmente local e independiente de la Reforma, y que podría desempeñar
un papel mucho más relevante en el proceso de reforma. La TCA se siente
obligada a abordar los asuntos relacionados con la remuneración de los agentes
de policía, incluidas las horas extras y las bajas por enfermedad, que han
estado plagados de retrasos y han generado un clima de cinismo entre los agentes,
cuya aceptación y cooperación efectiva con el Acuerdo son cruciales para el
éxito de la Reforma, aunque estos importantes asuntos no se abordan
expresamente en el Acuerdo. Esta situación está afectando negativamente la
moral, y la TCA ha observado en ocasiones ralentizaciones en el trabajo y un
aumento de las bajas por enfermedad como forma de protesta, posiblemente
inadmisible. El PRPD es consciente de estos desafíos y está trabajando con la
Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) para resolver dichos problemas. La TCA
opina que, si estos asuntos salariales no se resuelven en un futuro próximo, es
muy probable que la situación tenga un efecto adverso en la Reforma.”
En enero del 2017 hubo un cambio de administración que trajo a la Superintendencia de la Policía a la Coronel (ret) Michele Fraley, pero a la vez al Sr. Héctor Pesquera a dirigir en nuevo creado Departamento de Seguridad Publica. Desde el día primero, el reto de trabajar con la nueva administración se dejó sentir. Tanto el Sr. Gobernador de turno Ricardo Roselló y el Sr. Pesquera encontraron que mis reportes no les favorecían, y empezaron su campaña de difamación que incluyó traer ante el Juez sus reclamos.
Ya para finales de abril 2017, mi equipo de abogados constitucionalistas señaló de forma reiterada, y elaboraron memorandos, sobre las deficiencias operativas y constitucionales de la Ley 20 de 2017 y cómo esta afecta el proceso de reforma. Ese mismo mes compartí con las partes un memorando elaborado por los abogados constitucionalistas que señalaba las diversas secciones de la Ley 20 que afectan la reforma y separan el proceso de los mandatos del Acuerdo. Lamentablemente, estas recomendaciones no fueron atendidas.
Las observaciones realizadas fueron muy acertadas y las relativas a la cadena de mando y la Academia de Policía se habían convertido en problemas y situaciones complejas que representan grandes desafíos para la implementación del Acuerdo, incluso antes de que finalizara el período de desarrollo de capacidades. Siempre se mantuvo informado al Tribunal sobre problemas recurrentes de esta naturaleza.
Por consiguiente, el desafío más persistente para la Reforma en aquel momento y la implementación del Acuerdo era la crisis de liderazgo y gestión que afectó a la PRPB y la falta de rumbo en la implementación de la Ley 20 de 2017. Esta crisis generó una enorme incertidumbre en todos los rangos de la PRPB.
La cobertura mediática y los debates en las redes sociales documentaban las luchas internas de un Departamento de Policía en crisis y cómo este caos en la cúpula estaba afectando a los agentes y a la seguridad pública de Puerto Rico de maneras muy concretas, como, por ejemplo, la falta de agentes disponibles durante la temporada navideña.
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| Superintendente de la Policía Josephn González |
Los viejos problemas asociados con este liderazgo en crisis hoy siguen siendo recurrentes tras esta crisis nacional. Se continúa observando problemas relacionados con los ascensos, las transferencias de personal inexplicables, las prácticas cuestionables en materia de horas extras y la falta de medidas contra los agentes con historiales disciplinarios dudosos.
Hoy vemos más de lo mismo, pero en un formato
diferente, donde varios jefes gremiales, sin ninguna autoridad en la
administración de la Policía, interfieren con los esfuerzos del Superintendente
para mejorar el servicio. Están siempre tratando de crear un conflicto interno,
donde se socava la autoridad y se obstaculiza la reforma, lo que puede derivar
en medidas disciplinarias para los agentes que interfieren (como suspensiones,
despidos o cargos penales por obstrucción), además de generar caos operativo,
disminución de la moral y resistencia a los cambios necesarios, afectando la
confianza pública y la eficacia policial.
Liderados por personajes como el Inspector González Montañez de APO y Gabriel Hernández de APUL, hoy muchos agentes desafían las directivas del Superintendente y debilitan el liderazgo y crean una cultura de insubordinación. Las iniciativas para una mejor capacitación, cambios en las políticas o la policía comunitaria son bloqueadas o ralentizadas. Esto crea divisiones entre el personal de mando y los agentes de base, dañando la cohesión del departamento. Los buenos agentes se frustran, mientras que otros pueden sentirse envalentonados para resistirse al cambio.
Para mí, como exmonitor de la Policía de Puerto Rico, y para darle arreglo a este problema serio, propongo al Gobierno de Puerto Rico que apoye a su Superintendente y que incluya consecuencias para los jefes gremiales que interfieren, incluyendo medidas disciplinarias, desde amonestaciones por escrito, suspensión o despido de la Presidencia del Gremio, según la gravedad. Los organismos externos, como el Departamento de Justicia o las juntas de supervisión, pueden intervenir si surgen casos de mala conducta o problemas sistémicos.
¿Por qué es importante? Los superintendentes suelen implementar cambios para mejorar la rendición de cuentas, la equidad y la eficiencia (por ejemplo, políticas sobre el uso de la fuerza, capacitación en desescalada). La interferencia a menudo proviene de la resistencia a las nuevas normas, el miedo al cambio o las amenazas percibidas a las prácticas policiales tradicionales, pero obstaculiza directamente el progreso.
Estos jefes Gremiales lo único que
han hecho es lucrarse del estado emocional de los policías, en las redes
sociales se mofan, se burlan, difaman al Superintendente con la única razón de
subir sus cuotas y adquirir un sentido de grandeza que no tienen ni pueden. Basta
de esta situación; la Policía se merece un mejor cuido y no vendrá de estos dos
irresponsables.
SOBRE ARNALDO
CLAUDIO
Arnaldo Claudio es
un Coronel retirado del Ejército de los Estados Unidos y oriundo de Santurce,
Puerto Rico, con una distinguida trayectoria de más de 30 años de servicio
militar. Inició su carrera tras graduarse de la Universidad de Puerto Rico y
ascendió hasta ocupar posiciones de alta jerarquía, culminando como Jefe de
Estado Mayor y Jefe de Policía del Distrito Militar de Washington.
Su experiencia operativa y
estratégica es extensa, habiendo servido como Prebost Mariscal en Irak, Jefe de
Operaciones de Seguridad para el Papa Juan Pablo II, y Analista Sénior de
Control de Drogas en la Casa Blanca. En el ámbito civil, ha desempeñado roles
cruciales de supervisión, destacándose como Monitor Federal para la
Reforma de la Policía de Puerto Rico (2014) y miembro del Grupo de Trabajo
1-6 encargado de evaluar el ataque al Capitolio de los EE. UU. (2021).
El Sr. Claudio posee una Maestría
en Ciencias en Educación y es egresado del Colegio Interamericano de Defensa.
Es autor de múltiples publicaciones sobre narcotráfico, seguridad nacional y
comunicación interagencial. Actualmente, ejerce como Consultor de Seguridad
Sénior. Entre sus numerosos galardones se encuentran la Medalla por
Servicio Distinguido del Ejército, la Estrella de Bronce y la Legión
al Mérito.
Recientemente lideró esfuerzos del
Senado de Puerto Rico para reenfocar servicios a Veteranos y mantiene un perfil
activo en los medios de comunicación y entre periodistas en Puerto Rico.
Para
mas detalles de su perfil acceda a: https://www.linkedin.com/in/arnaldo-claudio-09987030/
y a https://lulac.org/convention24/speakers/claudio/
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