La noticia con la que inicia esta semana tiene que ver más con prácticas
ancestrales del Partido Popular Democrático que con la tecnología misma, porque
más allá de querer limitar lo que se dice por Internet, evoca los estilos de
carpeteo impuestos en antaño cuando se perseguía por ser independentista. En
esta ocasión, la Asamblea Municipal de Mayagüez aprobó una resolución para que
se regulen los mensajes que se envían a través de las redes sociales en contra
del Municipio y su alcalde, José Guillermo Rodríguez, y condenar a los
responsables.
En otras palabras, se trata de una nueva versión de mordaza impuesta
desde Mayagüez y que ha estado bajo fuego desde que la información trascendió.
Analistas de redes, analistas políticos, blogueros, cibernautas, periodistas,
gremios periodísticos, el Colegio de Abogados y hasta el propio presidente del
PPD, Alejandro García Padilla, se han expresado en contra de la misma.
La resolución #102 fue aprobada con 11 votos a favor y dos abstenciones
de los asambleístas municipales, y entró en vigor a partir del 16 de febrero,
inmediatamente recibió la firma del alcalde.
De acuerdo con la resolución, el municipio está facultado para contratar
los servicios de investigación, legales y otros que entiendan son necesarios,
especializados en el uso y regulación de las redes sociales para los mensajes
que a su juicio, son contraproducentes o se mal utilizan.
La resolución establece que se regularán las redes sociales cuando
“pudieran estar utilizando de manera maliciosa, publicando acusaciones falsas
que pueden lacerar el buen nombre y la imagen del Gobierno Municipal de
Mayagüez, sus gerentes funcionarios y empleados”.
Utiliza como argumento la responsabilidad que tiene el municipio de
velar y defender la imagen institucional de buen gobierno y a su vez provee,
aunque no de forma clara, para que se condene a aquellos que hacen uso de
manera “irresponsable e inapropiada de las redes”.
“No debemos permitir que inescrupulosos y cobardes que se esconden con
identificaciones y nombres falsos en estos medios, traten de mancillar y
afectar la imagen de la gente decente, honesta y comprometida con el servicio
público y con una sana administración, continúen utilizando estas redes
sociales”, lee el documento.
“Este cuerpo legislativo municipal entiende conveniente autorizar al
Ejecutivo Municipal a contratar los recursos que estime necesarios y a acudir a
los foros correspondientes para iniciar una profunda investigación que pueda
atender es asunto”, se reiteran los miembros de la Asamblea Municipal.
El alcalde Rodríguez no ha emitido declaraciones porque esta noticia
coincidió con el fallecimiento de su padre ayer domingo Habrá que ver si cambia
de parecer con la oposición pública. Pero cabe señalar una serie de cosas que son
incuestionables:
1. García Padilla reaccionó un poco lento, un día después que se suscitara
la controversia. Resulta irónico porque el PPD y él han iniciado una campaña
centrada en el uso de Internet y las redes, y poseen el equipo cibernético más
completo entre los partidos políticos. La tardanza puede atribuirse a que
esperó a delinear un mensaje adecuado para comunicar en el momento justo, lo
cual es entendible, pero como quiera, en el mundo cibernético todo se mueve más
rápido y el silencio o la lentitud en reaccionar pueden lucir cómplices.
2. El Gobernador Luis Fortuño no ha hecho declaraciones sobre el tema hasta
ahora. Hay que recordar que mañana tiene un mensaje ante la Legislatura.
3. La resolución aprobada por el Municipio de Mayagüez es una copia fiel de
un proyecto de ley que se intentó aprobar en el Senado pero que quedó
engavetado. Sería interesante ver cuántos otros municipios contemplan hacer
medidas similares.
4. Esta resolución trae a la luz pública una nueva necesidad en términos del
monitoreo de información. ¿Cuántos municipios y agencias de gobierno tienen
contratos a esos efectos?
5. ¿Cuánto invierte Mayagüez en hacer la tecnología accesible a los mayagüezanos?
¿Compara con el énfasis en monitorear a los opositores?
6. ¿Quiénes son esos opositores que critican al Municipio de Mayagüez? ¿Son
acaso las nuevas versiones cibernéticas de los antiguos bancos telefónicos en
los partidos políticos? Se deberían identificar a esos “opositores”.
Si bien es cierto que existen mecanismos y organizaciones que de dedican
a proteger la reputación institucional y de individuos que se ven atacados en
Internet, no es menos cierto que cuando se trata de una entidad gubernamental,
hay que coger las cosas con calma. El derecho del Municipio a saber quiénes
hablan mal de su alcalde no puede estar jamás por encima de la Constitución que
permite la libertad de expresión. De este tema, seguiremos hablando.
Copia de la resolución de Mayaguez, cortesía del Lic. John Mudd. http://www.scribd.com/doc/82096747/REsolucion-102-Mayaguez#source:facebook
No comments:
Post a Comment