La rotura del Superacueducto expone la incompetencia y la desinformación oficial; La crisis del agua no es un accidente: es el resultado de años de negligencia e impunidad gubernamental
Puerto Rico vuelve a enfrentar una crisis que desnuda la fragilidad del país y la incompetencia de quienes lo gobiernan: la rotura del Superacueducto amenaza con dejar a miles sin agua y la información oficial es confusa, insuficiente y tardía. No hay cronogramas claros, planes de contingencia serios ni transparencia. Solo excusas, improvisación y desprecio por la gente, especialmente por quienes dirigen la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.
Hoy, pueblos como Manatí, Vega Alta, Dorado, Barceloneta, Morovis, Vega Baja, Caguas, Gurabo, Juncos, San Juan, Trujillo Alto, Carolina, Loíza, Bayamón y Guaynabo enfrentan la incertidumbre. Se anuncian “oasis” con camiones bomba, pero sin detallar dónde ni cómo servirán. Mientras tanto, hogares, hospitales, escuelas y negocios dependen del agua para sobrevivir.
¿Y quién protege a los envejecientes, a las personas encamadas, a las madres que necesitan agua para alimentar y bañar a sus hijos, a los pacientes de hospitales, a las escuelas, a los pequeños negocios que dependen del agua para operar? Nadie. Porque este gobierno solo responde cuando es tema de campaña, pero desaparece cuando toca trabajar con responsabilidad y decir la verdad.
Recordemos que el Superacueducto se inauguró en el 2000 a un costo de $585 millones. Fue el proyecto emblemático del gobierno de Pedro Rosselló y tuvo mucha oposición en sus inicios. Sin embargo, hoy suple agua a 190,000 clientes de la AAA a través de 15 municipios. Discurre por 50 millas entre Arecibo y San Juan, y tiene la capacidad de producir hasta 100 millones de galones de agua diarios.
Han pasado 25 años desde que se inauguró el Superacueducto y ha faltado el mantenimiento de ese activo. La politiquería que nos arropa ha hecho que gobierno tras gobierno hayan colocado en los puestos a gente que son políticos, pero que no tenían ni tienen la capacidad profesional ni la pericia, y por eso no han administrado bien este activo.
Este verano vimos los efectos de esa incompetencia administrativa en interrupciones prolongadas en la montaña y la zona metropolitana por las averías. Las interrupciones y bajas presiones se extendieron por semanas, según algunos alcaldes.
Un poco politiqueando, y otro poco de realidad llevo al liderato del gobierno a atribuir las averías a la falta de mantenimiento y a los cambios gerenciales que se habían registrado en la corporación pública tras la salida, más temprano en el año, de Doriel Pagán Crespo y la entrada de Luis González Delgado a la presidencia de la corporación, además del resto de la cúpula ejecutiva de la AAA. Fue tanta la presión que legisladores de minoría y de mayoría, así como alcaldes y empresarios pidieron la destitución de González Delgado.
La gobernadora Jennifer González, en vez de parar la crisis, decidió pedirle al ingeniero Carlos Pesquera, que realizara un análisis de la crisis y que diera sus recomendaciones para enmendarlo. Ese informe reflejó una serie de cambios urgentes que hacen falta implementar en los protocolos operacionales de la AAA y brindó alternativas para adelantar partidas a proyectos críticos y fortalecer la inversión de fondos propios, entre otras recomendaciones.
Pero nada de esto cambia la realidad para quienes hoy carecen de agua. Los ciudadanos sufren mientras el gobierno central ignora responsabilidades, oculta la verdad y espera que la población aguante en silencio.
Mientras tanto, alcaldes y comunidades, con recursos limitados, arreglan lo que el gobierno destruye. El agua no es un lujo, es un derecho humano. La falta de transparencia, la negligencia y la improvisación son abuso, corrupción y desprecio al pueblo.
¿Hasta cuándo aceptaremos esto? Puerto Rico debe despertar, organizarse y exigir un gobierno que planifique, respete y rinda cuentas. Hoy es el momento de convertir la indignación en acción.
No podemos seguir callados. El agua no es un lujo, es un derecho humano. Y cuando el gobierno niega acceso a ese derecho por negligencia y luego intenta esconder la verdad, eso se llama abuso. Eso se llama corrupción del deber público. Eso se llama falta de respeto al país. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar esto?
Ya basta. Puerto Rico tiene que despertar, organizarse, protestar y exigir un gobierno que rinda cuentas. Un gobierno que planifique y respete. Un gobierno que no le mienta a su gente. El coraje que sentimos hoy tiene que convertirse en acción. Porque si hoy dejamos que nos quiten el agua en silencio, mañana nos quitarán hasta el derecho a vivir con dignidad.
Sin agua no hay vida. Sin verdad no hay democracia. Y sin lucha no habrá justicia.
Este país merece más. Y lo vamos a exigir.
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